Almeida confía a los abogados la decisión de recurrir la sentencia de Largo Caballero

Madrid deshoja la margarita. Las autoridades municipales no saben aún si el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia que le obliga a reponer los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en el callejero y restituir la placa del primero, que fue presidente del Consejo de Ministros durante la Segunda República. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, afirma que dejará que decidan los servicios jurídicos. La oposición pide que no recurra la resolución, como ya ocurrió el año pasado con una sentencia favorable a reponer la calle del general sublevado José Millán Astray.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 obliga al Consistorio a recuperar los nombres de los dirigentes socialistas que retiró a propuesta de Vox. La resolución también insta a restituir una placa con el rostro de Largo Caballero. El distintivo fue colocado en 1981 en la casa natal del político, en la plaza de Chamberí, a propuesta del concejal Carlos Alonso de Velasco, de UCD. La medida salió adelante por unanimidad del Pleno. Sin embargo, fue destrozada a martillazos por unos operarios a finales de 2020.

Almeida acata la sentencia

El fallo deja abierta la puerta al recurso en un plazo de 15 días a contar desde que el Ayuntamiento lo reciba. Fuentes municipales reconocen a THE OBJECTIVE que la decisión dependerá del criterio de los abogados y que el alcalde no se va a inmiscuir en la cuestión. En ese sentido se ha pronunciado este jueves la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. «El criterio va a ser el que establezcan los servicios jurídicos».

Sanz ha aprovechado para arremeter contra sus predecesores en el cargo. «Nos sorprende la demanda que hace la izquierda de que no se recurra cuando el Gobierno anterior recurrió toda y cada una de las cuestiones cuando no les favorecían. Nosotros vamos a acatar la sentencia. La decisión se tomará exclusivamente desde un punto de vista técnico».

La aplicación de la ley de Memoria Histórica durante el mandato de Manuela Carmena instó a retirar 868 vestigios de la dictadura en la capital. Los tribunales obligaron a restaurar siete nombres por «errores» en los argumentos del Comisionado de la Memoria Histórica, creado ex profeso. Entre ellos, la calle dedicada a Millán Astray, que la Corporación anterior bautizó con el nombre de Maestra Justa Freire. Martínez-Almeida decidió entonces no recurrir. La oposición critica que el regidor, entonces, no aludió a los servicios jurídicos para tomar la decisión.

El alcalde avanzó su estrategia el miércoles, horas después de conocerse la sentencia, en una entrevista en La Sexta. A preguntas de los periodistas, mostró su «respeto total y absoluto» a la resolución judicial y afirmó que, aunque pueda o no compartirla, la acataría, aunque dejaba abierta la posibilidad de que los abogados municipales presentaran el recurso. «Para mí, la decisión no es política, sino técnica, de los servicios jurídicos, de si entienden que la actuación administrativa es defendible o que no cabe recurso. No voy a tomar parte en esa decisión».

Los abogados como parapeto

La izquierda le afea que no lo haga y le acusa de parapetarse en los trabajadores municipales. Fuentes de la oposición consideran que el regidor evita tomar decisiones políticas y que ese hecho «tiene un enorme componente político». Otro responsable consultado por este diario sostiene que toda Administración tiene la obligación de defender sus posturas «hasta el final» y, si considera que está equivocada, las revisa de oficio. «Si Almeida no lo hace es que considera que no las tiene todas consigo», subraya.

La sentencia conocida este miércoles insta al Ayuntamiento de Madrid a restituir las calles de los dirigentes socialistas y a reponer la placa de Largo Caballero en su casa natal, lugar que hoy ocupa la Junta Municipal de Distrito de Chamberí. La magistrada argumenta que ni el antiguo responsable de UGT ni Prieto estuvieron relacionados con la sublevación militar ni los crímenes de la dictadura ya que ambos murieron en el exilio. Además, existe una resolución del Tribunal Supremo en 1935 que exonera a Largo Caballero del delito de revolución acontecido un año antes en Asturias.

El auto también condena al Ayuntamiento a pagar los costes procesales. La magistrada basa su decisión con el argumento de que «faltó en su tramitación un preceptivo dictamen de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Nacional». Luis Cueto, concejal del Grupo Mixto, autodenominado Recupera Madrid, calificó la sentencia como «extraordinaria noticia por lo simbólico que tiene». El socialista Ramón Silva también se felicitó. Insistió en que la placa estaba protegida, por lo que «nunca debió arrancarse a martillazos sin ningún procedimiento administrativo».

«El Lenin español»

El comienzo de esta historia se produjo el 29 septiembre de 2020, cuando Vox presentó una moción para retirar las calles de ambos dirigentes socialistas. La propuesta contó con el beneplácito de PP y Ciudadanos. Estos partidos fundamentaron su decisión en el artículo 15 de la ley de Memoria Histórica, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Una normativa que no se aplica, denuncian las organizaciones memorialísticas, para eliminar otras nomenclaturas del callejero, como la calle que homenajea al Crucero Baleares, que bombardeó a la población civil que huía por la carretera de Almería en plena Guerra Civil.

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, celebró en Twitter la retirada de la placa. El también portavoz de la formación verde en el Consistorio incluso compartió en sus redes un vídeo en el que aparecían varios operarios municipales golpeando la esfinge de Largo Caballero, al que tildó de «Lenin español». Días más tarde, la escultura del político situada en Nuevos Ministerios fue vandalizada. La Liga Española Pro Derechos Humanos denunció las descalificaciones de Ortega Smith al dirigente socialista durante un Pleno, pero la fiscalía no apreció delito.