Ultimátum a España: o mejora la protección de los denunciantes o irá al Tribunal de la UE
La nueva directiva debería haber sido trasladada a las legislaciones nacionales a más tardar en diciembre del pasado año
El Gobierno tiene 60 días para mejorar la forma en la que se protege a los conocidos como whistleblowers, las personas que delatan irregularidades en el mundo político o empresarial. La Comisión Europea ha enviado este jueves un ultimátum a España para que tome las medidas necesarias en el plazo de dos meses para cumplir con las normas comunitarias que protegen a los denunciantes de casos de corrupción y otros delitos que afecten a intereses de la UE o elevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La nueva directiva debería haber sido trasladada a las legislaciones nacionales a más tardar en diciembre del pasado año, pero la falta de resultados en un numeroso grupo de Estados miembro ha llevado al Ejecutivo comunitario a expedientar a 24 de ellos y ahora da el ultimátum a una quincena, entre ellos España.
El Gobierno ya adelantó cuando expiró el plazo para la aplicación de la norma que la transposición llegaría con retraso porque entonces quedaban «algunos flecos» que esperaban resolver al inicio de este año para iniciar tramitación, aunque esperaban dar tal paso antes de que el Ejecutivo comunitario abriera el expediente sancionador.
Sin embargo Bruselas optó por iniciar el procedimiento sancionador en febrero por la falta de avances y, a la luz de que las irregularidades persisten, da el segundo paso este julio con el envío de un dictamen motivado que da a las autoridades dos meses para resolver la situación.
Transcurrido ese tiempo, el Ejecutivo comunitario podrá denunciar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si constata que no se han resuelto los problemas notificados durante los contactos con España. Y es a partir de ahí cuando podrían empezar a llegar las multas.
