Las víctimas del franquismo reclaman expulsar a los benedictinos del Valle de los Caídos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) recuerda al ministro Félix Bolaños que el convenio que regula su estancia se extinguió en 2020
Imagen del Valle de los Caídos. | Rafael Bastante (Europa Press)
La imagen se repite. El 18 de julio los monjes benedictinos ofrecieron una misa en el Valle de los Caídos en recuerdo de la sublevación militar de 1936. Los oficios de este año han sido la gota que ha colmado el vaso de las víctimas del franquismo, que piden que sean expulsados de la abadía. Argumentan que el convenio que regula su estancia quedó extinguido el 2 de octubre de 2020. Así lo ha reclamado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) al ministro de Presidencia y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, consta de tres páginas y está firmada por Emilio Silva, presidente de la asociación. Ha sido registrada este viernes por vía telemática. El texto tiene el objetivo de recordar a Bolaños que el convenio que regula la permanencia de los monjes que gestionan las instalaciones del Valle de los Caídos desde 1958 se extinguió cuatro años después de la entrada en vigor de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público.
Extinción del convenio
«La Disposición Adicional Octava dicta que cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la ley quedará extinguido a los cuatro años, que se cumplieron el pasado 2 de octubre de 2020», insiste Silva en el documento. Su asociación ya registró el año pasado un escrito a la Fiscalía General del Estado para denunciar la permanencia «ilegal» de los monjes en Cuelgamuros. La decisión de la institución fue trasladar el texto a Patrimonio Nacional, que depende del ministerio que dirige Bolaños.
Silva subraya que la organización que preside no acudió a la fiscalía «para tener un servicio de mensajería, sino para que lo sancionara y restableciera la legalidad». En su opinión, el Gobierno tiene dos opciones: «O echa a los benedictinos inmediatamente y cumple con la legislación vigente o, si quiere la permanencia de los monjes, tendrá que renovar el convenio». El dictador Francisco Franco concibió el Valle de los Caídos, renombrado como Valle de Cuelgamuros, como «digno homenaje donde reposan los héroes y mártires de la Cruzada».
El propio Franco fue enterrado en el monumento, aunque sus restos fueron trasladados al cementerio de Mingorrubio en octubre de 2019, tras más de cuatro décadas en el mausoleo. Compartía lugar de descanso con el ideólogo de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, y con cientos de miles de víctimas, muchas de ellas republicanas. Los religiosos llegaron al Valle de los Caídos en julio de 1958, meses antes de que el dictador inaugurara, bajo palio, el mausoleo ubicado en plena sierra de Guadarrama.
Pertenecen al Monasterio de Santo Domingo de Silos y desde entonces tienen la misión de custodiar el complejo. Seis décadas más tarde, continúan allí a pesar de que, según avanzó Infolibre, llevan incumpliendo sus obligaciones desde 1983. Estas fueron fijadas por tres convenios a finales de los años cincuenta y, entre ellas, destaca el compromiso de dirigir un Centro de Estudios Sociales (CES) y la divulgación de sus trabajos, algo que lleva décadas en suspenso.
Resignificación del recinto
Silva va un paso más allá en su misiva al ministro. Tras la misa ofrecida por los monjes para conmemorar el aniversario de la sublevación militar el pasado lunes, el presidente de la ARMH pregunta por las sanciones que aplicará el Gobierno a los benedictinos por los oficios realizados, que en su opinión incumplen el artículo 16.2 de la ley de Memoria Histórica aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. El artículo en cuestión afirma que en ningún lugar del Valle de los Caídos «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo».
La ceremonia tuvo lugar apenas unos días después de que se aprobara en el Congreso la ley de Memoria Democrática, que tiene la intención de resignificar el recinto, señala Silva. La asociación que preside se creó en 2000 con el objetivo de localizar, excavar e identificar a las víctimas asesinadas por el franquismo. Los trabajos, realizados por voluntarios, comenzaron mucho antes de que se aprobara una ley de memoria. Durante dos décadas, la organización ha excavado más de un centenar de fosas, todas ellas sin ayudas públicas.
