Un abogado próximo a Bildu es el artífice de la vuelta a España de los líderes fugados del 1-O
La estrategia planteada por Íñigo Iruín, a quien ERC se ha encomendado, es opuesta a la que mantienen los líderes de Junts en el exterior
Íñigo Iruin junto a Arnaldo Otegi. | Europa Press
La entrega de Meritxell Serret primero, y de Anna Gabriel después, ante el Tribunal Supremo tras años fugadas de la justicia responde a la nueva estrategia planteada por Íñigo Iruin, el histórico abogado de la izquierda abertzale que ahora les representa. El regreso a España de las dos dirigentes independentistas ha coincidido con un cambio en sus equipos de defensa. Si la exconsejera de Agricultura prescindió de Gonzalo Boye unos meses antes de tomar rumbo a España desde Bruselas, la exdiputada de la CUP se presentó ante la justicia de la mano de Iruín y sin quien hasta la fecha había sido su abogado de cabecera y compañero de partido, Benet Salellas.
Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE afirman que Iruín es muy respetado en los círculos de magistrados y que se ciñe a «una defensa técnica» alejada de los postulados políticos. Algo que es apreciado en el alto tribunal porque no se interpreta como una estrategia frentista o de desacreditación de las instituciones. El hecho de que el juez Pablo Llarena, responsable de las órdenes internacionales de arresto, haya dejado en libertad a Serret y Gabriel representa, a juicio de estas fuentes, una prueba de cómo la estrategia de Iruín puede resultar más útil de cara a los intereses de sus clientes.
Iruín también asumió el pasado mes de abril la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para llevar su caso ante al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una vez agotada la vía jurisdiccional española tras el aval del Tribunal Constitucional a las condenas del Supremo. Y fuentes de ERC añaden que forma parte del «equipo de abogados» de Marta Rovira, secretaria general de ERC huida a Suiza y que, como avanzó este diario, estudia su vuelta a España en caso de que el Gobierno le garantice un indulto.
Exdiputado de Herri Batasuna
Iruín nació en San Sebastián en 1953. Fue diputado en el Parlamento vasco por la extinta Herri Batasuna de 1983 a 2001 y senador en las Cortes de 1989 a 1999. Su carrera como abogado, añaden las fuentes jurídicas consultadas, se ha caracterizado por intentar buscar acuerdos que beneficien a sus defendidos renunciando a las posiciones maximalistas.
El letrado fue también el autor de la redacción de los estatutos de Sortu, el partido político que integró a los miembros de Batasuna. Su fórmula a la hora de expresar el rechazo a la violencia fue decisiva para pasar el corte del Tribunal Constitucional y la Ley de Partidos, pactada entre PP y PSOE, tras una década de ilegalizaciones de las marcas de la izquierda abertzale. Posteriormente, Sortu se integró dentro de la coalición electoral EH Bildu.
Esta cercanía de Iruín al entorno de Esquerra se produce tras la alianza estratégica de ERC y Bildu en el Congreso, como principales socios parlamentarios, junto al PNV, del gobierno de coalición. Iruín también tomó las riendas del ‘caso Betaragune’ contra varios varios miembros de la izquierda abertzale por integración en organización terrorista. El actual líder de EH Bildu Arnaldo Otegi recurrió a sus servicios en este caso. En la misma línea, Iruín también ha llevado el caso contra el cierre del diario de propaganda filoetarra Egin.
Discrepancia de estrategia con Junts
La estrategia que plantea el letrado vasco para los dirigentes de ERC y la exdiputada de la CUP es diametralmente opuesta a la que plantean los políticos de Junts en su batalla legal europea. El pasado miércoles, durante la presentación de las demandas de los líderes de ERC ante el TEDH contra España por sus condenas en la causa del procés por sedición y malversación, los abogados Andreu Van den Eynde y Clara Serra reconocían que están en contacto con los abogados de Junts, pero que el caso de los dirigentes de ERC tiene atributos propios.
Por su lado, los de Junts están alargando la batalla judicial en distintos tribunales comunitarios para evitar la extradición de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Lluis Puig. No obstante, este mismo mes de julio han recibido un revés importante. El abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, al concluir que los tribunales belgas no debieron haber denegado la ejecución de las euroórdenes emitidas por el magistrado contra los encausados por el ‘procés’, tal y como hicieron en repetidas ocasiones. Una postura que, si bien no es vinculante, allana el camino para la extradición de Puigdemont, Ponsatí y Puig.
Llarena acudió a la Justicia europea para aclarar tanto el alcance de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra varios encausados por su papel en el ‘Procés’, entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como las razones para denegar la ejecución de tales euroórdenes.
El magistrado del Tribunal Supremo dirigió la cuestión prejudicial al TJUE en marzo de 2021 después de que la Justicia belga rechazara entregar a las autoridades españolas al exconseller Lluis Puig, al considerar que el tribunal competente para reclamar su extradición debería ser el catalán y que de ser entregado en España podrían ponerse en riesgo derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
