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Pulso al Govern

El sindicato mayoritario de los Mossos ficha a uno de los abogados purgados por el Govern

Sap-Fepol integra a sus servicios jurídicos a Josep Lluís Florensa, exresponsable de Asuntos Penales de la Consejería de Interior

El sindicato mayoritario de los Mossos ficha a uno de los abogados purgados por el Govern

Sap-Fepol, el sindicato mayoritario dentro del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, ha anunciado la incorporación en sus servicios jurídicos del exresponsable de Asuntos Penales de la Consejería de Interior, Josep Lluís Florensa. En el comunicado hecho público este martes, califican al abogado como «máximo referente en la defensa penal de las personas miembros del cuerpo de los Mossos d’Equadra».

Florensa fue uno de los sacrificados en la Consejería de Interior como parte del compromiso adquirido con CUP por su apoyo a la investidura de Pere Aragonès. La formación anticapitalista presionó para que la Generalitat, como institución, no ejerciera de acusación particular contra activistas independentistas pese a que en varias manifestaciones resultaran heridos agentes de los Mossos.

Pulso al Govern

Fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE ven en su fichaje un pulso del sindicato al Govern motivado por dejarles a la intemperie, sin representación legal, pese a su condición de funcionarios públicos y cuando las agresiones sufridas se produjeron en pleno ejercicio de sus funciones.

El sindicato también apunta en su comunicado que el Ejecutivo catalán «realizó cambios organizativos dentro del gabinete jurídico» que, a su entender, «debilitaban de forma clara la defensa jurídica» de los policías.

Florensa no ha sido el único letrado purgado por el Govern. Como informó este diario, el Govern destituyó en mayo al abogado responsable de la defensa de los Mossos contra los CDR, Xavier Uriós. El letrado era director general de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Generalitat y el arquitecto legal de las acusaciones particulares de la Generalitat contra activistas y manifestantes que habían incurrido en actos de desórdenes públicos o ataques contra los Mossos d’Esquadra.

Su labor era planificar la cobertura legal a los agentes que, en el ejercicio de sus responsabilidades, hubieran sufrido daños o lesiones derivadas de su actuación como policías antidisturbios.

Cambio en el modelo policial

El Gobierno de coalición de ERC y Junts también arrebató a Interior la defensa de los Mossos y pasó a recaer en la Consejería de Presidencia. En la misma línea, se creó una comisión sobre el modelo policial en el Parlament -presidida por la líder de la CUP, Dolors Sabater- con el objetivo de avanzar hacia «la democratización» del cuerpo policial. En palabras de Sabater, iba a ser «una comisión contra la impunidad» y en favor de fiscalizar las actuaciones policiales en protestas sociales.

El momento más álgido de la reestructuración fue cuando se dio a conocer el cese de Josep Lluís Trapero como major de los Mossos. Como informaron fuentes policiales a THE OBJECTIVE, la «autonomía» que había adquirido la unidad de anticorrupción incomodaba al poder político y situaron su destitución como un intento de tener conocimiento por avanzado de las investigaciones sobre corrupción que afectaban a dirigentes de Junts o ERC.

El caso del CDR Marcel Vivet

La CUP hace tiempo que tenía en el punto de mira al penalista Florensa por su papel en la estrategia de defensa de los agentes de los Mossos d’Esquadra en casos mediáticos como el del CDR Marcel Vivet. El joven independentista fue condenado a cinco años de cárcel por desórdenes y atentado a un mosso en la protesta ‘Holi’ contra Jusapol en 2018.

Marcel Vivet, CDR acusado por los Mossos

La Generalitat fue acusación particular en el juicio donde la Audiencia de Barcelona le condenó por lesionar a un policía en la muñeca con el palo de una bandera, y la sentencia también le impuso una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.511 euros para el mosso. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Generalitat acabaron presentando un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, pese a haber iniciado la denuncia.

Florensa es magistrado en excedencia en la Audiencia Provincial de Barcelona y lleva 30 años ejerciendo la abogacía. El Govern revocó su habilitación, junto a la de su números dos Lluís Conesa, que hasta la fecha habían asistido jurídicamente a miembros del colectivo Sap-Fepol y de otros sindicatos.

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