El Gobierno multará con hasta tres millones a quien difunda documentos bajo secreto
El Ejecutivo podrá castigar a aquellos medios o particulares que se hagan eco o compartan en redes sociales un texto de estas características
Felix Bolaños. | Jesús Hellín (Europa Press)
La nueva ley de Información Clasificada, cuyo anteproyecto en primera lectura aprobó este lunes el Gobierno, incluye un régimen sancionador «en caso de acceso o difusión indebida» de documentos secretos con multas que pueden oscilar entre los 50.000 euros y los tres millones de euros.
Todo ello «sin perjuicio de las responsabilidades penales que se deriven y de otras sanciones accesorias, como la prohibición de contratar con administraciones públicas o, en el caso de funcionarios y autoridades, la separación del cargo», según indicó el Ministerio de Presidencia en un comunicado tras la rueda de prensa de su titular, Félix Bolaños, en la que el ministro no mencionó en ningún momento este asunto.
Entre las infracciones muy graves que pueden dar lugar a la máxima sanción de tres millones de euros se encuentra, por ejemplo, «la difusión, por cualquier medio, de información clasificada en las categorías de alto secreto o secreto», por lo que el Ejecutivo abre la posibilidad de castigar a aquellos medios de comunicación o particulares que se hagan eco o compartan en redes sociales un documento de estas características.
También se establece dicha sanción si una persona tiene «acceso a información de dichas categorías sin tener la correspondiente habilitación» o si se produce «la entrega a potencias extranjeras de esta información cuando no exista un tratado internacional para el intercambio». Es decir, en un caso de espionaje.
La nueva ley de secretos oficiales, la primera elaborada plenamente en democracia, está un paso más cerca de hacerse realidad. Aunque su redacción parecía dividir a los miembros del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, finalmente se decidió dar ‘luz verde’ a un anteproyecto que parece no contar con el apoyo de socios habituales de la legislatura, como PNV y EH Bildu, aunque podría tener el apoyo «salvavidas» del Partido Popular.
Y lo hizo, según confirman fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, sin ninguna abstención del lado ‘morado’ del Ejecutivo, que a pesar de las críticas durante el día de personas fuertes del partido como Pablo Echenique, finalmente apoyaron en bloque el borrador del texto en la reunión del Consejo de Ministros.
La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro a los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá -15 años para alto secreto y 10 para secreto-, según fuentes de Moncloa. Para Unidas Podemos, este plazo es «demasiado largo», según detallaron fuentes del partido a EFE.
En el anteproyecto de ley se eleva al Ministerio de la Presidencia la tarea -y autoridad- para proponer la desclasificación de un documento, una potestad que hasta el momento tenía el Ministerio de Defensa. Por ello, el departamento de Bolaños recibirá recursos adicionales.
