El caos se apodera de las prisiones vascas desde que las gestiona el gobierno de Vitoria

Lo admitió, hace unos días, hasta la propia responsable de Prisiones en el País Vasco, Beatriz Artolazabal: «Carecíamos de la experiencia de lo que había que hacer, pero lo teníamos que hacer». Con estas palabras, la consejera de Justicia vasca se refería a la gestión que desde octubre está llevando a cabo en los tres centros penitenciarios vascos después de que el Gobierno de Pedro Sánchez transfiriese la competencia al Ejecutivo autonómico. A juicio de los principales sindicatos penitenciarios en la región, claro está, la cuestión no queda solo en esa «falta de experiencia», sino en todo lo que ha devenido: «La gestión vasca es un caos, las prisiones ofrecen un servicio mucho peor del que había antes». 

Esa afirmación se sujeta en toda una retahíla de hechos que han venido sucediéndose en los últimos meses: la dimisión de cinco responsables en las prisiones, la falta de personal «agravada por el gran número de jubilaciones», peleas multitudinarias entre presos, falta de suministros en las cárceles y servicios de los que, ante la falta de estructura en el sistema vasco, se encarga el Ministerio del Interior. Es el caso, señalan fuentes penitenciarias a THE OBJECTIVE, del control de las pulseras telemáticas o de los equipos informáticos, que todavía supervisa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

El primer ‘golpe’ al que desde el Gobierno autonómico vendieron como el «modelo penitenciario vasco»  fue la dimisión en cascada de cinco responsables penitenciarias. El pasado 17 de mayo, presentaron su renuncia la directora de la cárcel de Martutene, en San Sebastián, Marian Moreno; la encargada de la gestión de personal en las tres prisiones, Arantza Collado, y otras tres responsables de servicios. Su razón, el caos organizativo que padecía el sistema penitenciario desde la cesión del Ejecutivo central y, sobre todo, la falta de personal. 

Si bien existía una carencia de funcionarios antes de que el País Vasco asumiese la gestión penitenciaria, ahora se ha visto agravada: hay 140 plazas vacantes. «Aunque había previamente una falta de personal, ahora se ha visto empeorada por las jubilaciones, así como por el absentismo, que también ha aumentado», señala Juan Carlos Díaz, del sindicato Acaip-UGT. Razón por la que pactaron con la responsable de Prisiones, explica a este periódico, la creación de una bolsa de empleo para paliar «temporalmente» la escasez de personal. Según señala Díaz, «les dijeron que lo harían antes de verano, ahora al parecer será a primeros de septiembre cuando salga el proceso». «Esperemos que sea así, pero hasta que no lo veamos…», advierte el portavoz del sindicato mayoritario de funcionarios.  

Pelea entre 30 presos

La pelea que se produjo entre 25 presos en la cárcel de Basauri el pasado 21 de julio dejó en evidencia el problema de personal en las prisiones vascas, según denunciaron los sindicatos, que iniciarán movilizaciones en las próximas semanas por «absoluto fracaso» de la gestión vasca. Tres funcionarios resultaron heridos después de intervenir en la riña multitudinaria. «Cuando tú tienes los centros con una tasa de internos elevada —1.300 presos— y pretendes tener un modelo novedoso, garantista de los derechos de los internos, tienes que asegurar un buen funcionamiento del centro; poner medios para ello y, en el caso de que se produzca una pelea, garantizar una evacuación correcta. Basauri es la que más internos e ingresos tiene, es insostenible», critican desde Acaip-UGT. 

La solución pasa, indican desde este sindicato, por que los presos se deriven a otros centros penitenciarios del país. «Del mismo modo que se pueden derivar presos etarras a prisiones vascas, el acuerdo entre los dos gobiernos también contempla lo contrario», explica Juan Carlos Díez. 

Discriminación

En paralelo, a la falta de personal se ha sumado la queja de 70 funcionarios de prisiones que, tras acceder al sistema vasco procedentes de prisiones del Estado a través de un concurso de traslados, han visto mermadas sus condiciones laborales. «Cobramos 500 euros menos que otros compañeros pese a que realizamos las mismas funciones, y tenemos menos vacaciones y libranzas», denunciaron a este periódico. 

Así las cosas, este grupo de trabajadores ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra Dirección de Justicia, encargada de la administración penitenciaria, por haber vulnerado sus derechos fundamentales en el desempeño de su empleo. Representados por la letrada Raquel Sánchez Navarro, solicitan que el Ejecutivo vasco «cese en su actividad» y reconozca los derechos básicos de los «servidores públicos que se encuentren en la misma situación» para no ser tratados de «manera discriminatoria». 

Desde el otro lado, Acaip-UGT, que negoció las condiciones de los 70 funcionarios que llegaron en febrero de otras prisiones dependientes del Ministerio del Interior, admite que si bien es cierto que cobran menos, según el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno vasco «las condiciones económicas y laborales de todos los empleados se homogeneizarán una vez que termine este plazo de tránsito». Y es más, señalan, tendrá efecto retroactivo, por lo que estos trabajadores penitenciarios percibirán todo el montante que han dejado de cobrar durante estos meses. 

Desabastecimiento

Entre tanto, los funcionarios también denuncian el desabastecimiento que ha habido en algunas prisiones vascas a causa de la gestión de las contracciones de los servicios externos por parte del Ejecutivo de Iñigo Urkullu. «Cuando se transfirieron las competencias, el Gobierno vasco subrogó los contratos que tenía con las empresas para abastecer economatos, pero solo eran temporales. Cuando ha sacado concursos para estos servicios, han quedado desiertos. Lo que ha implicado que haya habido desabastecimientos puntuales, y los presos se han quedado sin suministros». 

Un escenario que, de perpetuarse, advierten fuentes sindicales, puede causar problemas a los trabajadores penitenciarios. «Si les quitas a los presos la vidilla que tienen de comprar tabaco o cualquier otra cosa, eso puede generar una situación compleja para nosotros, se puede alterar el sistema regimental», denuncian. 

«Todos sabemos que la transferencia ha sido política y que el Gobierno vasco no contaba con los medios para gestionarlo, y todavía no hay una estructura para ello. No hay grupos técnicos que se repartan el trabajo de las áreas. Trabajamos por inercia y eso es lo que está haciendo que esto siga funcionando. Hay muchas carencias, esto no puede seguir así», concluyen los sindicatos.