Los agujeros negros de la ley de secretos: el 23-F podría desclasificarse un siglo después
El anteproyecto aprobado por el Gobierno permitiría que información que lleva décadas clasificada no vea la luz hasta que se cumpla un plazo de otros 65 años
El teniente coronel Tejero irrumpe, pistola en mano, en el Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, el 23 de febrero de 1981. | EFE/Manuel P. Barriopedro
El anteproyecto de la futura ley de secretos oficiales terminó este pasado viernes. En pleno mes de agosto, y tras sola una semana de plazo para formular alegaciones, el procedimiento y el contenido de la nueva norma que el Gobierno quiere impulsar ha sido objeto de múltiples críticas. Asociaciones profesionales de periodistas y expertos en transparencia ponen en cuestión los ‘agujeros negros’ de esta ley, cuya aprobación definitiva permitiría que información clasificada como la del 23-F saliera a la luz más de un siglo después de que se produjeran los hechos.
«Este contenido es inasumible… El Gobierno alega que se trata de un procedimiento de emergencia, cuando se trata de reformar una ley franquista de 1968, en el mes de agosto y con solo siete días de alegaciones, pese a que el plazo habitual es de 15 días», lamenta el experto en transparencia, Miguel Ángel Blanes Climent, en declaraciones a THE OBJECTIVE: «Lo hacen para que la ciudadanía se entere de lo menos posible. Aprueban mil leyes de transparencia y participación ciudadana, y ahora lo hacen así, es un atropello».
Las críticas se han sucedido también desde distintas organizaciones profesionales de periodistas, como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Junto a la Asociación de la Prensa de Madrid, la FAPE ha formulado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que prepara el Gobierno por «limitar los derechos de libertad de expresión y de información».
Las asociaciones de periodistas hablan de «censura»
La FAPE sostiene abiertamente que el Gobierno incurrirá en prácticas censoras si, tal y como establece la redacción del anteproyecto de ley, se considera infracción grave o leve «la difusión por los medios de información de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión».
La FAPE, que ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de secretos oficiales, cree el contenido de la futura norma «hasta ahora se denominaba censura»
Para la federación de periodistas se va a establecer la posibilidad de delegar la facultad de clasificación, «creando así una cohorte de funcionarios, ya sean nombrados directamente por el Ejecutivo o en los que éstos deleguen, que decidirán, en prácticamente todas las actividades de la vida pública, qué es lo que pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España o pueda ser contrario a los intereses de España». «Hasta ahora dicho concepto se denominaba censura», sostiene la FAPE.
Sin registro de informaciones clasificadas
Lo cierto es que, en este momento, los periodistas no tienen por qué saber si la información que están publicando se encuentra clasificada, pues no existe un registro que, al menos recoja, cuáles asuntos son considerados secretos. «¿Quién sabe todo lo que se ha declarado secreto en este país? Pues nadie», recuerda Miguel Ángel Blanes, que también ha formulado alegaciones al anteproyecto, incluyendo una petición para que se establezca una suerte de índice que aclare también qué clase de documentos se encuentran protegidos.
En sus alegaciones, Blanes también solicita que la ley impida que se clasifique como secreta -en cualquiera de sus categorías- una información «de la que se pueda desprender la existencia de comportamientos de responsabilidad penal». «De lo contrario, los secretos oficiales se convertirán en una especie de inviolabilidad a la carta», explica el experto: «Así, se evitaría que el aparato del Estado haga cosas inconfesables y luego lo oculte».
Los «largos plazos» para desclasificar secretos
Otra de las cuestiones que este experto en transparencia reclama modificar tiene que ver con los «largos plazos» de desclasificación que se establecen -50 años más una posible prórroga de 15 en el caso de la categoría más elevada- y su efecto retroactivo para los asuntos que se encuentran en este momento clasificados ‘sine die’.
Asuntos que actualmente son considerados secreto desde hace décadas, como el golpe de estado del 23-F, podrían llegar a desclasificarse más de un siglo después de que se produjeran los hechos
«Los secretos actuales pasarían a ser declarados alto secreto y muchas historias, como el 23-F, no saldrían a la luz» hasta un siglo después de haber sido clasificadas, pues han transcurrido más de 40 años desde que esta información se encuentra clasificada y podrían pasar otros 65 (50+15) a partir de la recalificación con la entrada en vigoe de la nueva ley. «Entiendo que esa retroactividad no es legal… Esta norma no puede permitir prorrogar un secreto sin tener en cuenta los años que ya ha sido secreto», recalca Miguel Ángel Blanes.
«Lo que debería ser es que, si ya lleva 40 años en secreto, o bien se desclasifica automáticamente o bien se computa ese tiempo para no superar el máximo, es decir, solo podría mantenerse en secreto 10 años más, salvo que, por acuerdo motivado, se quisiera prorrogar otros 15 años», sostiene Blanes.
