Sánchez incluyó en los programas del PSOE la prohibición de otorgar indultos por corrupción
Los socialistas lanzaron la propuesta en las elecciones generales de 2015 y 2016. Griñán abandonó la presidencia del partido un año antes
El posible indulto a José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, ha reavivado el debate de las medidas contra la corrupción. La familia ya tiene lista la petición, que debe presentarse una vez se conozca la sentencia completa. La pelota quedará entonces en el tejado del Gobierno, que no cierra la puerta. Contrasta con las intenciones iniciales de Pedro Sánchez, que propuso prohibir esta medida de gracia a condenados por corrupción en los programas electorales del PSOE en 2015 y 2016. Curiosamente, poco después de que Griñán abandonase la presidencia del partido.
Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE en julio de 2014 prometiendo una «política limpia». Se afanó para que ese discurso trascendiera en la opinión pública. En una entrevista con Risto Mejide en septiembre aseguró que iba a «proponer que aquel que roba no lo pague solo con la cárcel, sino con su patrimonio». El presentador de Cuatro prosiguió preguntando qué sentido tiene que un político indulte a otro. «Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza. Y cuando se ha indultado a banqueros me he indignado más».
La postura de Sánchez
El actual presidente del Gobierno se refería a la medida de gracia que concedió José Luis Rodríguez Zapatero en noviembre de 2011 a Alfredo Sáenz, vicepresidente del Banco Santander. El Tribunal Supremo tumbó la polémica medida en febrero de 2013. Mejide insistió en el asunto y Sánchez acabó pidiendo perdón a la ciudadanía: «Fue uno de los principales errores». El dirigente socialista explicó que entonces era diputado raso y que esa decisión depende del Ejecutivo. «Lo que digo es que hay que acabar con los indultos políticos».
Dicho y hecho. En las primeras generales a las que concurrió, en diciembre de 2015, el programa electoral del PSOE incluía un epígrafe dedicado a los indultos. Así lo recogía el capítulo de la reforma de la representación política. Entre las propuestas destacaba la prohibición de la medida de gracia «en cualquier delito vinculado a supuestos de corrupción y violencia de género, convirtiéndolo en un instrumento que solo se aplique de forma excepcional y atienda primordialmente a la reinserción en la sociedad». No quedaba ahí la cosa. Los socialistas también proponían explicar en las Cortes todos los indultos concedidos.
La declaración se introdujo en un momento en el que el PP estaba cercado por diversos casos de corrupción, como la Gürtel, la Púnica o la operación Kitchen. A pesar del contexto, los populares ganaron los comicios y el PSOE descendió hasta los 90 diputados. La marea de los indignados que había tomado las calles solo unos meses antes rompió con el bipartidismo. Al no alcanzarse una mayoría para gobernar, las elecciones tuvieron que repetirse en junio de 2016. Sánchez mantuvo en su programa la propuesta de prohibir la concesión de indultos, aunque a las puertas de la campaña mostró su confianza en Chaves y Griñán a través de Twitter.
La propuesta de prohibir los indultos le sirvió de poco. Los socialistas cayeron a los 85 escaños, su peor resultado desde la Transición. Un grupo de dirigentes se rebeló y precipitó la renuncia de Sánchez, que se negó votar a favor de la investidura de Mariano Rajoy. Aquel proceso abrió al partido en canal. Sánchez consiguió volver a la secretaría general en mayo de 2017. Sin embargo, los programas de los posteriores procesos electorales (los dos de 2019) dejaron de incluir cualquier declaración contra los indultos.
«Justos por pecadores»
La sentencia que condenaba a Chaves y Griñán llegó en noviembre de 2019, en plena campaña electoral. A pesar de ello, el PSOE se alzó con la victoria. El PP seguía tocado por la condena que le implicaba por lucrarse con la Gürtel. La sentencia dio paso a una moción de censura y abrió el camino de Sánchez a la Moncloa. Diferentes dirigentes socialistas consultados por THE OBJECTIVE reconocen que sería contraproducente conceder ahora la medida de gracia después de las declaraciones pasadas del presidente del Gobierno. «¿Qué credibilidad tendríamos? Nos acusarían de tener una doble moral», destaca un antiguo cargo público.
La sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñán a seis años de prisión por prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso ERE en noviembre de 2019. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia a finales de julio, aunque la resolución no se conocerá hasta septiembre. Sánchez ha evitado pronunciarse por el momento sobre un posible indulto, pero ha asegurado que tanto Griñán como Manuel Chaves «están pagando justos por pecadores». El presidente ha precisado que en ningún caso hubo enriquecimiento personal, aunque el Código Penal no lo exige para que se perpetre el delito de malversación.
El abogado de Griñán ha defendido que el fallo del Alto Tribunal plantea dudas, ya que hubo dos votos particulares que solicitaron la nulidad de la condena. Baraja varios escenarios para que su cliente no pise la cárcel, aunque en las últimas semanas ha tomado fuerza el del indulto. La familia del expresidente andaluz tiene lista la solicitud, aunque no podrá presentarla hasta que se conozca la sentencia completa. Los expresidentes Rodríguez Zapatero y Felipe González ya han anunciado que la firmarán.
Quienes no podrán hacerlo son los cargos públicos, ya que el artículo 8.1 del Código Ético del PSOE, que rige desde 2014, les prohíbe apoyar la medida para condenados por corrupción, violencia de género, acoso o discriminación. El Gobierno afirma que si llega la petición la estudiará «con detalle y equidad». Su portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó este lunes que «la familia está en su derecho» de presentar la solicitud. Unas horas más tarde, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reconoció que la sentencia es «injusta».
Críticas de la oposición
La oposición cree que Sánchez está abonando el terreno para conceder el indulto. El PP advierte de que sería «un escándalo», mientras que Vox propone prohibir todos los indultos. El PSOE confía en que Podemos no meta el dedo en la llaga. En ese caso le crearía un serio problema. Pocas personalidades de izquierdas han alzado la voz por el momento. Uno de los pocos que lo ha hecho es Ramón Espinar. El exsenador por la formación morada ha escrito en Twitter que ningún gran medio de comunicación progresista afeará la decisión del Gobierno, pero que «a la gente no se le va a olvidar».
Los dirigentes socialistas muestran en privado su preocupación porque la concesión del indulto puede desgastar al Ejecutivo. Otros temen que no otorgarlo divida al partido, ya que Griñán pertenece a la federación más numerosa, la de Andalucía, y mantiene un gran predicamento entre la parroquia socialista. Tanto partidarios como detractores están inquietos por la repercusión mediática de la medida de gracia, especialmente después de las palabras que dedicó Sánchez a los condenados por corrupción y los postulados con los que se presentó a varias campañas.