Los ganaderos reprochan a Garzón que ceda a las presiones de los animalistas para grabarlos

España será el primer país de Europa que obligará a los mataderos a implementar videovigilancia para luchar contra el maltrato animal. La norma, impulsada por el Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón, ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado este miércoles y convertirá en obligatorio lo que hasta ahora era voluntario: los ganaderos tienen hasta 2025 para instalar las cámaras de vigilancia. Esto es, según los afectados, debido a las presiones ejercidas por los lobbies animalistas.

Estos grupos, según explican desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), estarían detrás de un Real Decreto de Videovigilancia que obligará a los mataderos a grabar la actividad de estas instalaciones mediante un circuito cerrado de televisión. El sistema debe estar instalado tanto en las zonas en las que haya animales vivos como en los muelles de descarga y en las salas de despiece, aturdimiento y ejecución del animal.

«Ha habido presiones de grupos que no están satisfechos con lo que se ha estado haciendo hasta el momento», explica Jaume Bernis, responsable del sector porcino de COAG, que reivindica que ganaderos y mataderos están «cumpliendo con las normativas más exigentes a nivel mundial», ya que «en cada matadero ya hay un veterinario oficial que certifica que el trabajo se ajusta a las normativas tanto sanitarias y medioambientales como de bienestar animal».

«Como en todo, siempre hay gente que lo hace muy bien, gente que lo hace normal y gente que lo hace mal», abunda Bernis, que asegura que en España «se trabaja correctamente y cumpliendo con los sellos de calidad». Por algo, recuerda, «somos el primer país exportador en el sector porcino». Pese a todo, hay lobbies ecologistas a los que «no les gusta nuestra actividad» y a los que recomienda «dirigirse a Europa, que es donde se marcan las normativas, que ya tienen en cuenta a los grupos de presión».

El Real Decreto estima que en España hay unos 700 mataderos que necesitarán de este sistema de videovigilancia, que tiene un coste medio de 4.500 euros y obliga a contratar un servicio de mantenimiento de los equipos. Desde COAG consideran que «habrá algún matadero pequeño al que esta cantidad le puede suponer una inversión importante que no puede asumir», pero destacan en positivo que «va a ser bueno que todos -mataderos grandes y pequeños- se sometan a las mismas medidas».

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valoran positivamente la norma, por cuanto garantiza que el último ciclo de vida del animal transcurra en las mejores condiciones, «por el animal y para que la sociedad esté tranquila viendo que el proceso transcurre por lo general conforme a la normativa».

También pide, eso así, «ayudas económicas de las administraciones estatal y autonómicas» para los mataderos pequeños, por cuanto es un proceso de innovación que «mejora la vida de los animales y la reputación del sector». Así lo asegura a THE OBJECTIVE Román Santalla, secretario de ganadería de UPA.

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha justificado la instalación de cámaras de vídeo en los mataderos por la «creciente alarma social» generada en España tras la publicación en los «últimos años» de «imágenes terribles» contra el bienestar animal grabadas en algunas de estas instalaciones, y difundidas posteriormente por grupos animalistas, que han sido los que más fuertemente han pujado por la norma. Pero también, según Garzón, por aquellos mataderos que desarrollan «bien su actividad y para los que estas imágenes «tenían un coste reputacional».

Garzón y la ganadería

Parece claro, por lo expuesto, que los ganaderos no se rebelarán ante la nueva norma, aunque admiten que su aprobación está motivada por las presiones de los grupos animalistas. La implantación obligatoria de cámaras de videovigilancia no supondrá, por tanto, un nuevo conflicto entre el sector y el titular de Consumo, en el punto de mira desde que se hizo con la cartera ministerial.

Las tensiones entre Garzón y ganaderos llegaron a su punto álgido el pasado mes de enero, como consecuencia de una entrevista concedida por el ministro al diario británico The Guardian en donde aseguraba que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados: «[Las macrogranjas] encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4.000 o 5.000, 10.000 cabezas de ganado. Contaminan el suelo, el agua, y luego exportan esta carne de mala calidad de animales maltratados».

Estas críticas al sector proferidas en un medio de referencia internacional provocaron que tanto desde Asaja como UPA,  las principales organizaciones agrarias, exigieran o bien una rectificación inmediata por parte del ministro o bien su destitución, así como que dejara de atacar «nuevamente» a los ganaderos, ya que, «en el caso de nuestra provincia, las comarcas del Guadiato, Pedroches y la Sierra se pueden ver gravemente perjudicadas con este tipo de declaraciones».