El juez deja en manos de la Audiencia de Madrid la fecha del juicio contra Rato por su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando que se fije la vista por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares
Rodrigo Rato durante una comisión en el Congreso. | Eduardo Parra (Europa Press)
El viacrucis de Rodrigo Rato está a punto de terminar. El exvicepresidente del Gobierno lleva siete años esperando a que fijen la fecha del juicio, algo que está a punto de ocurrir. El juzgado que ha investigado durante este tiempo el origen de su fortuna ha acordado remitir a la Audiencia Provincial de Madrid las actuaciones del caso, según ha podido conocer THE OBJECTIVE de fuentes judiciales. Durante la instrucción se han acumulado más de 70.000 documentos. Se sentará en el banquillo junto a otras 16 personas acusadas de 11 delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
Rato, de 73 años, se enfrenta a 70 años de prisión. La Fiscalía reclamaba otros siete por los delitos de insolvencia punible y de falsedad, que finalmente fueron desestimados. No obstante, el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid sigue investigando varias piezas separadas relacionadas con la responsabilidad civil del expresidente de Bankia y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI). El objectivo es averiguar todos los bienes que posee para hacer frente a las fianzas reclamadas por los jueces.
El patrimonio de Rato
La Fiscalía Anticorrupción le acusa de tener «un patrimonio oculto» a través de sociedades irlandesas, panameñas y británicas, con las que canalizaba inversiones con cuentas bancarias en paraísos fiscales. El Ministerio Público sostiene que estas actividades se realizaron a espaldas de Hacienda al menos desde 1999, por lo que Rato habría gestionado su fortuna en el extranjero sin responder ante el Estado español. La acusación estima que sus delitos fiscales se extienden desde 2005 hasta 2015. El 16 de abril de ese año fue detenido tras el registro de su vivienda, situada en el barrio madrileño de Salamanca, y de su despacho.
En ese momento se iniciaba la investigación de las finanzas de quien fue considerado como el superministro de Economía durante los gobiernos de José María Aznar. Su periplo judicial, en cambio, no comenzó con esta detención: ya se encontraba bajo el foco de la Audiencia Nacional, que unos años más tarde le juzgó por el uso fraudulento de las tarjetas black de Caja Madrid, un caso que le llevó a prisión, y por la salida a bolsa de Bankia, la entidad resultante durante el proceso de reestructuración del sistema financiero en España.
El conocido como caso Rato tuvo su origen en una alerta a la Fiscalía de un organismo de la Agencia Tributaria, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que le puso sobre la pista de una serie irregularidades en el patrimonio del exdirigente del PP. La denuncia de Antifraude se producía apenas 24 horas después de que trascendiera que Rato estaba siendo investigado por la unidad de inteligencia financiera, el Sepblac (dependiente del Ministerio de Economía), por un posible delito de blanqueo tras acogerse en 2012 a la amnistía fiscal.
La investigación judicial ha tenido desde entonces innumerables idas y venidas, al estar protagonizada por la ingente cantidad de recursos que han presentado los investigados, entre ellos el propio Rato. El 2 de junio del año pasado el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordó la apertura de juicio oral contra el exministro. La Fiscalía presentó un recurso de apelación para incluir falsedad e insolvencia punible, recurso que fue rechazado por la Audiencia Provincial al entender que dichos delitos habían quedado ya expulsados del procedimiento.
En marzo, el juez Antonio Serrano-Arnal decidió procesar a Rato y a otras 16 personas, físicas y jurídicas, por posibles delitos de elusión fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. El Ministerio Fiscal asegura haber identificado incrementos patrimoniales no justificados en las cuentas del exdirector del FMI por un importe de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, y 7,4 millones de euros defraudados a la Agencia Tributaria. A esa cifra habría que añadir la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades, con lo que las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros.
Rato no estará solo en el banquillo. Junto a él se sentarán como acusados por delito fiscal el abogado Domingo Plazas; el que fuera administrador de varias de sus sociedades, Miguel Ángel Montero, y el ex secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín. Acusados de delitos de blanqueo de capitales se encuentran el que entonces era su cuñado, Santiago Alarcó. En el de corrupción entre particulares aparecen Fernández Norniella, antiguo hombre de confianza del exministro; y su secretaria, Teresa Arellano.
