Los 'chalecos amarillos' convocan una manifestación contra Sánchez en Madrid
Chalecos Amarillos España convocan una manifestación el próximo 10 de septiembre que auguran como «masiva», pese a la falta de adhesiones relevantes
¿Recuerdan los chalecos amarillos? El movimiento social que surgió en Francia a finales de 2018 a través de redes sociales, donde los ciudadanos se organizaron para protestar contra el alza en el precio de los combustibles y la pérdida de poder adquisitivo. Un fenómeno espontáneo, transversal y sin portavoz oficial. Algo parecido se está fraguando de cara al próximo sábado 10 de septiembre, cuando agricultores, pescadores, ganaderos, transportistas y comerciantes marcharán en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez.
El paralelismo está servido, y no sólo por el nombre del grupo convocante: Chalecos Amarillos España. El modus operandi ha sido parecido al del fenómeno francés. Desde hace días sus impulsores han propagado la marcha en canales de TikTok, Telegram y Twitter, logrando una gran difusión que ha derivado en la suspensión de su cuenta en la red social del pájaro azul. Esta se iniciará a las cinco de la tarde en la Puerta del Sol, continuará en Plaza de Neptuno y concluirá ante el Congreso de los Diputados.
Uno de los responsables de la convocatoria, Edu Lera, se muestra muy optimista con el éxito del encuentro, por cuanto «son muchos los pequeños comerciantes y autónomos de todos los sectores afectados por la gestión del Gobierno». Lera está convencido de que el próximo 10S se congregarán en la capital personas «de toda clase e ideología política» bajo consignas como «el mundo rural se moviliza» o «defendemos el sector primario».
Existe un precedente para tal optimismo. El pasado 20 de marzo los sectores de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y otros muchos relacionados, en definitiva, con el mundo rural se movilizaron contra el Gobierno de España para decir «basta» y solicitar ayudas urgentes que garantizaran su viabilidad. También se les unieron otros afectados por las políticas de las distintas administraciones públicas para protestar en la capital del país. En total, unas 400.000 personas según las entidades convocantes, pero 100.000 según la Delegación del Gobierno.
Sin embargo, detrás de aquella multitudinaria manifestación -1.500 autobuses llegaron a la capital desde distintos puntos de España- estuvieron distintas organizaciones relacionadas con el mundo rural, tales como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Real Federación Española de Caza o la Unión de Criadores del Toro de Lidia. No es, por tanto, representativa de lo que puede suceder este próximo 10 de septiembre.
En este sentido, cabe recordar que Chalecos Amarillos España sí convocó el pasado 29 de junio una manifestación ante el recinto ferial de IFEMA, coincidiendo con la Cumbre de la OTAN de Madrid, para protestar contra la subida de carburantes y la «dictadura socialcomunista». Pero tuvo poco impacto y pasó desapercibida, a pesar de las desproporcionadas pretensiones de la entidad, que pretendía reunir a un millón de manifestantes. «Europa entera se va a enterar», vaticinaron sin éxito.
Falta de adhesiones
A través de las redes sociales, los organizadores han intentado recabar el apoyo de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso, Inés Arrimadas y Macarena Olona, entre otros destacados líderes políticos de nivel nacional. También el de sindicatos policiales (como Jusapol) y el de asociaciones de Guardia Civil. A una semana de la gran fecha, aún no han recibido respuesta.
Quien sí se ha adherido, por lo pronto, es Democracia y Libertad Popular (DLP), registrado ante el Ministerio de Interior en febrero de 2013. El partido está liderado por Sara González, hija de un policía nacional y activista contra la okupación y defensora de la equiparación salarial de policías y guardias civiles. A juzgar por su manifiesto fundacional, se encuentra a la derecha del que preside Santiago Abascal.
A las reivindicaciones clásicas de Vox, como la expulsión de los inmigrantes ilegales o la centralización del Estado, se le suman otras más maximalistas como la supresión del Senado y el Tribunal Constitucional (para aglutinarlo en el Supremo) o la reducción de la edad penal a los 14 años para que los adolescentes puedan ingresar en prisión en caso de cometer un delito penado con la cárcel. El carácter ultra de las adhesiones a la marcha podría terminar por espantar a partidos y asociaciones civiles.