Las 27 escuelas catalanas que imparten el 25% de castellano desde 2015 dejarán de hacerlo
El colegio de Canet es uno de los que ya ha informado a las familias que suprimirán este porcentaje de castellano en el nuevo curso escolar
La situación del castellano en las escuelas públicas de Cataluña regresa a un punto anterior a 2015. Después de que el Gobierno de Pedro Sánchez agotara el plazo para impugnar ante el Tribunal Constitucional el nuevo decreto educativo del Govern, el conseller de Educació, Josep González-Cambray, ha informado a los centros a través de un carta de que «ningún aula de Cataluña ni ningún centro educativo aplicará el 25 % del castellano». Esto significa que a partir de este lunes, cuando empieza el curso 2022-2023, las 27 escuelas que ya impartían este porcentaje mínimo de horas lectivas en la lengua materna de más de la mitad de los catalanes deberán dejar de hacerlo.
Este nuevo escenario, propiciado por el pacto entre Moncloa y la Generalitat para «desjudicializar» el conflicto, ubica el sistema educativo autonómico en una situación anterior a 2015. El inicio del procés independentista también conllevó la reacción del constitucionalismo civil catalán que, tras décadas de inmersión lingüística, comenzó a presentar denuncias ante los tribunales para ver sus derechos lingüísticos garantizados.
Gota a gota, cada vez más familias denunciaban los centros donde se incumplía el artículo 3 de la Constitución, relativo a que el «castellano es la lengua española oficial del Estado» y que todos los españoles «tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». En 2013 hubo la primera sentencia del Tribunal Supremo que, aunque no tenía carácter general para toda la red de centros de la región, sí obligaba a aquellas escuelas denunciadas por familias concretas a adaptar sus proyectos educativos con el fin de impartir el 25% de castellano.
Canet suprime el castellano
En el marco de esa resolución del Alto Tribunal, se hacía hincapié en el hecho de que la Generalitat seguía sin ajustar de forma global el 25% de clases en castellano, pero desde una perspectiva jurídica formal, resolvían el caso de una persona o grupo de personas concretas. Por esta razón, unas 27 escuelas llegaron a cumplir con la legalidad desde 2015. No hubo ningún centro desde 2015 que desobedeciera la decisión de la justicia, ya que los propios directos de los centros se arriesgaban a ser inhabilitados de sus cargos.
Incluso la escuela Turó del Drac, en la localidad de Canet que se convirtió en el epicentro de la batalla nacionalista a favor de la inmersión, cumplió con la legalidad. La manifestación contra la familia que había pedido el 25% de castellano que congregó a las primeras espadas de Junts per Catalunya, ERC y la CUP no sirvió para frenar la actuación de la justicia. No obstante, ya han anunciado que en el curso 2022-2023 suprimirán el 25% de castellano que se impartía en el anterior curso. También la Escola de la Falguera, en Vilanova del Vallès, ha informado que «retiran» la asignatura que se hacía en castellano.
Estas nuevas instrucciones informando a las familias de los alumnos que se suprimía el castellano se han sucedido en varios de los centros que cumplían con la legalidad. La mayoría se encuentran en la provincia de Barcelona y Tarragona. La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, denunciaba a través de las redes sociales que en la escuela donde estudia su hija y que desde en 2015 se impartía la clase de Historia en castellano ha comunicado que va a dejar de hacerlo.
Cabe recordar que este 25% de clases en castellano significaba que, además de la asignatura de Lengua Castellana, se debía ofrecer otra materia en esta misma lengua con el fin de no tratar a este idioma como una lengua extranjera, como es el inglés o el francés.
5.500 escuelas públicas
De acuerdo con los datos ofrecidos por la Consejería de Educación, las resoluciones sobre el 25% de castellano afectaban a 48 clases de los 27 centros del total de 5.500 escuelas que hay en la región. De estos 27 centros, 10 de ellos tenían impuestas medidas cautelares dictadas por el Tribunal Superior de Justicia para cumplir con esta cuota mínima. Las 17 escuelas restantes tenían sentencia (8 habían recurrido en en el Supremo y 9 ya tenían sentencias firmes).
La secretaria general de Educación, Patricia Gomà, ha afirmado en rueda de prensa que no exigirá la aplicación del 25% en estos centros ya que el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la sentencia del 25% es «inaplicable» con la promulgación del nuevo decreto.
Como informó este diario, un recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional hubiera frenado de forma inmediata el nuevo decreto educativo catalán que esquiva el 25%. Pero el plazo para hacerlo, de tres meses, agotó el pasado 30 de agosto. La Justicia catalana ha declinado aplicar medidas cautelares y ha enviado el asunto al Constitucional para que analice si el decreto -así como la Ley del catalán 8/22- se atienen a la Constitución.
Este nuevo plazo da al Govern la posibilidad de ganar tiempo y garantizar el sistema de inmersión lingüística al menos durante el nuevo curso que empieza. Y con un escenario más favorable para sus intereses que el de los últimos seis años.
