La Fiscalía reprocha al TC que haya «relajado» los filtros para admitir recursos del 'procés'
El Ministerio Público percibe cierta manga ancha con los recursos de amparo. Su admisión a trámite demora los plazos para ir a Estrasburgo
La Fiscalía General del Estado ha concluido las Memorias anuales de 2021 en las que recoge toda su actividad durante ese año. En el extenso documento, de más de 1.500 páginas, hacen hincapié en la «relajación» del Tribunal Constitucional «en la aplicación de los filtros ordinarios de admisión de los motivos de amparo», en referencia a los recursos presentados por los líderes independentistas condenados en 2019 por el Tribunal Supremo por su implicación en el procés independentista.
El Ministerio Público, que ya reprendió al Alto Tribunal por este motivo en las memorias del año anterior, señala «la abundancia de tales recursos» contra diversas resoluciones interlocutorias y definitivas, así como la de «un número no escaso» de otros «recursos directa o indirectamente vinculados con aquellos hechos». También considera que la jurisdicción contencioso-administrativa ha sido «pródiga en la generación de supuestos motivos de amparo, cuya fundamentación ha venido siendo en su práctica totalidad refutada por la Fiscalía».
De este reproche se infiere, explican fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, que en el pasado -o en otras causas que no afectan al procés– los filtros para la admisión a trámite de este tipo de recursos resultaban más exigentes.
Demora ante la Justicia europea
En la práctica, esta generosidad del Tribunal Constitucional en la admisión a trámite de todos los recursos de amparo de Oriol Junqueras y demás líderes separatistas demora que la causa especial 20907/2017 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -como oficialmente se conoce la causa del procés– llegue ante la Justicia europea. Dado que si denegara su admisión a trámite, los presos ya tendrían vía libre para ir a los tribunales comunitarios.
Cabe recordar que la estrategia de los líderes independentistas ha sido librar la batalla contra el Estado ante las instancias europeas, tanto políticas como judiciales. Su objetivo es agotar cuanto antes la vía judicial española con el fin de poder recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la condena por sedición y su consecuente privación de libertad, ambas dictaminadas por el Tribunal Supremo.
De hecho, las defensas de los líderes condenados han exhibido en reiteradas ocasiones su sorpresa por la diligencia del Tribunal Constitucional en todos los asuntos relacionados con el procés, como es la admisión a trámite de la batería de recursos presentados.
El Gobierno ante el fallo de Estrasburgo
Las expectativas de los nacionalistas están puestas en una eventual condena al Estado por parte del Tribunal de Estrasburgo. Para el independentismo, esta posibilidad representaría una victoria moral, y un varapalo para España, que vería afectada su imagen internacional.
El Gobierno de España hace tiempo que también contempla una posible condena por parte de la Justicia europea. En este sentido, aspiran a que la concesión de los indultos a los presos del procés pudiera quedar justificada si se produce este fallo condenatorio. No obstante, la «relajación» del Tribunal Constitucional señalada por la Fiscalía con los asuntos del procés alarga los plazos para llegar a Estrasburgo.
Memorias de la Fiscalía
El Ministerio Fiscal, ahora en manos de Álvaro García Ortiz, también destaca «la sistemática avocación de este grupo de procedimientos al Pleno del Tribunal». Si bien son conscientes de que se trata de un asunto de «extraordinaria trascendencia política y constitucional» que el Alto Tribunal debe analizar con detalle, no renuncian a criticar esta suerte de manga ancha a la hora de proceder.
La Memoria se ha librado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al jefe del Estado, Felipe VI, en plena pugna entre el Ejecutivo bicolor y las instituciones judiciales por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) así como de los magistrados del Tribunal Constitucional. Este tribunal debe resolver cuestiones claves como la reforma educativa del Gobierno, conocida como ‘Ley Celaá’, las leyes del Govern sobre el catalán en las escuelas, o asuntos derivados por los decretos del estado de alarma durante la pandemia.
