Malestar en ERC porque el TC abordará el decreto del catalán antes de su renovación
El Gobierno dio el 13 de septiembre como fecha límite para forzar un vuelco progresista en el Alto Tribunal, pero no se cumplirá
Pere Aragonès y Josep González-Cambray | Rubén Moreno
El pleno del Tribunal Constitucional decidirá el próximo 13 de septiembre si admite a trámite los recursos de PP y Ciudadanos contra el Decreto educativo 6/22 y la ‘Ley del catalán’ (8/22) que busca esquivar el 25% de horas lectivas en castellano fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Curiosamente, esta cita otoñal es también la fecha límite que el Gobierno de Pedro Sánchez dio al Consejo General del Poder Judicial para renovar a dos de los cuatro magistrados que tienen su mandato caducado desde el pasado 12 de junio.
A través de una iniciativa legislativa, el Ejecutivo bicolor trató de forzar un vuelco progresista en el Alto Tribunal tras el fracaso de las negociaciones con el PP para renovar la institución. La reforma legislativa impuso un plazo de tres meses desde el agotamiento del mandato para renovarse. Es decir, el Gobierno y sus socios de ERC contaban con que el 13 de septiembre el Constitucional ostentara una mayoría progresista. Ahora desde ERC ven con malestar que, en esta fecha, lo único que se abordará por parte del tribunal son sus leyes que buscan blindar el modelo de inmersión en las aulas de Cataluña.
La Constitución establece que los 12 magistrados del Tribunal Constitucional deben renovarse por grupos de cuatro cada tres años. El 12 de junio caducó el mandato del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano; del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres conservadores y uno progresista. Como sucede cada nueve años, dos de sus sustitutos deben ser nombrados por designación directa del Gobierno y los otros dos, a propuesta del CGPJ.
El CGPJ se planta
La llegada de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP ha hecho saltar por los aires el pacto para renovar el órgano de gobierno de los jueces al que, según el PSOE, se había llegado con el anterior líder de la oposición Pablo Casado. El CGJP reúne este jueves el pleno, pero todo apunta a que no van a elegir a los magistrados que les corresponde nombrar después de que los vocales del bloque conservador se mostraran en desacuerdo con la fecha del 13 de septiembre establecida por el Gobierno.
Fuentes parlamentarias consultadas por THE OBJECTIVE señalan que la irritación de ERC procede de que PP y Ciudadanos, con la interposición de sus recursos, han llegado a tiempo para que sea un TC de mayoría conservadora quien decida sobre su admisión a trámite. (Vox ha presentado su recurso este miércoles 7 de septiembre).
Otra fuente explica a instancias de este diario que la renovación del Tribunal Constitucional muy probablemente no hubiera variado la admisión a trámite de los recursos, pero subrayan el hecho de que la fecha de esta decisión sea la que previamente estableció el Gobierno para contar con una mayoría progresista. Es decir, «justo al límite de su renovación».
Pacto con ERC
El actual Tribunal Constitucional tumbó los decretos del estado de alarma del Gobierno tras la irrupción de la Covid-19 y varios temas de esta naturaleza han sido impugnados. Ante este escenario, el Gobierno presiona para dar un vuelco progresista en este Alto Tribunal que deberá resolver asuntos que ahora están en el Supremo y otras instancias.
En paralelo, PSOE y Podemos pactaron en la mesa de diálogo con ERC «desjudicializar» el conflicto político y «proteger el catalán». Fruto de este pacto, el Gobierno renunció recurrir ante el TC las leyes catalanas que buscan sortear el 25% de castellano. En su momento tampoco solicitó un incidente de ejecución de la sentencia para forzar al Ejecutivo catalán a aplicar la sentencia del TSJC.
Con la promulgación del decreto educativo y la ‘Ley del catalán’ el Govern ha logrado ganar tiempo hasta que el Alto Tribunal resuelva los recursos de PP, Cs y Vox. La primera consecuencia de estas nueves leyes es que el nuevo curso escolar se ha iniciado sin el 25% en las escuelas. Ahora, pese a no haber logrado que la admisión o no a trámite de dichos recursos se dirima con el Constitucional renovado, no renuncian a que sea un tribunal con mayoría progresista quien falle sobre el fondo de la cuestión.
