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El Gobierno forzará un vuelco progresista en el TC si naufraga la renovación del Poder Judicial

El Gobierno contempla introducir una excepción a la reforma que maniata al CGPJ, una opción que suscita malestar en el órgano de gobierno de los jueces

El Gobierno forzará un vuelco progresista en el TC si naufraga la renovación del Poder Judicial

Fachada del Tribunal Constitucional. | Europa Press

El Gobierno no dejará pasar la oportunidad de que se produzca un vuelco progresista en el Tribunal Constitucional (TC) en junio. Moncloa contempla una serie de controvertidos atajos legales para facilitarlo en caso de que fracasen las negociaciones con el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una maniobra que incluye la posibilidad de reemplazar solo a dos de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato caduca en cuatro meses, según indican fuentes del PSOE a THE OBJECTIVE. Una renovación parcial insólita y de dudoso encaje constitucional que podría desatar una nueva tormenta entre el Ejecutivo y el órgano de gobierno de los jueces.

La Constitución establece que los 12 magistrados del TC deben ser renovados por grupos de cuatro cada tres años. El 12 de junio caduca el mandato del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano; del vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Tres conservadores y uno progresista. Como sucede cada nueve años, dos de sus sustitutos deben ser nombrados por designación directa del Gobierno y los otros dos, a propuesta del CGPJ.

El problema es que a Moncloa se le puede volver en contra la reforma que desde hace casi un año impide al órgano de gobierno de los jueces hacer nombramientos con su mandato caducado. Con esta reforma en vigor, a día de hoy, el CGPJ no podría designar a los dos magistrados del TC que le corresponde nombrar. El Ejecutivo, según afirman fuentes socialistas a este diario, estaría dispuesto a renovar parcialmente el tribunal de garantías. Es decir, nombrar a los sustitutos de González-Trevijano y de Narváez -ambos designados en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy- y dejar pendiente la renovación de los dos magistrados cuyo nombramiento corresponde al CGPJ.

«El Gobierno tiene un interés desmedido en llevar a cabo esta renovación, aunque sea parcial. Sería la oportunidad de volver a tener una mayoría afín en el TC, que últimamente le ha propinado varios reveses. Por ejemplo, al declarar inconstitucionales los estados de alarma», señala un vocal del CGPJ en declaraciones a este diario. «Esta es una opción suicida. Si yo fuese del PP, estaría encantado de que lo hiciesen así porque es claramente inconstitucional y los nombramientos podrían ser impugnados», añade por su parte otro vocal del órgano de gobierno de los jueces. 

Modificar la reforma que maniata al CGPJ

La otra vía que contempla el Ejecutivo para poder asegurar un vuelco progresista en el TC, y la que más fuerza cobra en estos momentos, es hacer una reforma a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impide al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones. Un texto que daría al órgano de gobierno de los jueces una excepción para poder nombrar solamente a los magistrados del TC, pero cuyo encaje jurídico también es cuestionado por los expertos.

«El resultado sería más seguro para el Gobierno. Se produciría la renovación completa del TC y el CGPJ seguiría sin desbloquearse», afirma uno de los vocales del CGPJ consultados. «Esto demostraría que están dispuestos a perjudicar al Tribunal Supremo y abocarlo al colapso por un interés puramente político. Si hacen una reforma de la reforma, que incluyan también la posibilidad de que podamos renovar el Tribunal Supremo. Si no, quedarán retratados», añade. 

El malestar ante esta opción es compartido por vocales tanto conservadores como progresistas del CGPJ. No entienden por qué el Gobierno estaría dispuesto a desbloquear los nombramientos para el TC, que podría seguir trabajando con normalidad aunque se retrase unos meses su renovación, mientras la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se encuentra en una «situación límite» ante la inminente jubilación de dos de sus magistrados y por la imposibilidad de que el CGPJ nombre a sus reemplazos. En un informe, el Alto Tribunal alertaba en octubre de que, si se prolonga esta situación, se dictarán «aproximadamente 1.000 sentencias menos al año».

El propio TC puede tener la llave

La tercera opción que permitiría al Gobierno asegurar un vuelco progresista en el tribunal de garantías pasa por el propio TC. El PP y Vox presentaron sendos recursos de inconstitucionalidad contra la reforma que impide al CGPJ hacer nombramientos estando en funciones. Ambos se están tramitando y podrían llegar al pleno del TC antes de junio. Los magistrados Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer ya tienen borradores de sentencia avanzados, según afirman fuentes del tribunal de garantías a THE OBJECTIVE.

Si el TC declarase inconstitucional la reforma, el CGPJ podría volver a hacer nombramientos. Incluidos los de los que le corresponden en el TC. Así, el Gobierno tendría vía libre para renovar el tribunal de garantías sin controversia jurídica y se aseguraría una mayoría progresista. «El nudo gordiano es la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional en junio», advierte un vocal del CGPJ. «Próximamente tendrá que resolver asuntos de gran trascendencia constitucional como la ley del aborto o la ley de vivienda y el Gobierno hará todo lo necesario para que se produzca la renovación en el TC», añade. 

La cuarta opción pasa por alcanzar un acuerdo con el PP para renovar el CGPJ. Pasadas las elecciones en Castilla y León, y con el calendario electoral despejado hasta fin de año, los socialistas creen que de aquí a junio se abre «una ventana de oportunidad», según avanzó El Confidencial. Sin embargo, fuentes del PP consultadas por este diario insisten en que solo aceptarán la renovación si el PSOE se compromete a reformar la LOPJ de manera que, como exige Bruselas, 12 doce vocales jueces del CGPJ sean nombrados por los propios magistrados y no por el Congreso de los Diputados.

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