El Tribunal Supremo mueve ficha para evitar su «colapso» ante el bloqueo del Poder Judicial

El Tribunal Supremo mueve ficha «para evitar el colapso» de su Sala Tercera. La reforma del Gobierno que impide realizar nuevos nombramientos de jueces al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mientras esté con el mandato caducado, y la inminente jubilación de dos magistrados, ha llevado a una «situación límite» a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Un panorama al que se une la previsible «avalancha» de reclamaciones patrimoniales contra el Estado por las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.

El Alto Tribunal ha dado luz verde a una batería de medidas específicas y temporales propuestas por el presidente de la Sala Tercera, César Tolosa, para hacer frente a esta situación. A partir de abril, la Sala de lo Contencioso-Administrativo se quedará solo con 25 magistrados, el mínimo legal para poder constituir sus cinco secciones. Cada una de ellas debe tener al menos cinco jueces.

La jubilación de Rafael Fernández Valverde y Segundo Menéndez iba a dejar con cuatro magistrados a las secciones Segunda y Quinta de la Sala. Ante la imposibilidad de que el CGPJ nombre a sus reemplazos, ambas vacantes serán ocupadas por magistrados que forman parte de las secciones Tercera y Cuarta, que actualmente tienen seis miembros y a partir de abril se quedarán con cinco.

Para mitigar la «extraordinaria carga de trabajo que ha comenzado a detectarse», la Sala de Gobierno del Alto Tribunal también ha acordado proponer al Ministerio de Justicia una reforma legislativa del recurso de casación contencioso-administrativo. El objetivo es dar «una respuesta más rápida y eficaz» a la «litigiosidad masiva» que se espera como consecuencia de las reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de ciudadanos y profesionales que dicen haber sufrido daños indemnizables por las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.

Miles de reclamaciones por la pandemia

Según el Alto Tribunal, ya se han planteado «decenas» de estas reclamaciones en los últimos días y se prevé «que puedan alcanzar varios miles en las próximas fechas». En concreto se propone modificar el artículo 64 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que los juzgados o tribunales puedan suspender, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto, causas que presentan identidad jurídica sustancial con recursos pendientes de casación ante el Supremo.

La finalidad sería evitar que los juzgados y tribunales dicten sentencias que puedan resultar contrarias a la decisión que en el futuro pueda adoptar el Tribunal Supremo, en aras de una mayor seguridad jurídica. Para afrontar estos litigios por las medidas covid, el Alto Tribunal solicitará al Ministerio de Justicia que se cree una nueva Secretaría, con un letrado/a de la Administración de Justicia y el personal funcionario adecuado, así como la dotación de al menos tres plazas de letrados coordinadores en el Gabinete Técnico del tribunal que sean cubiertas por magistrados del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La Sala de Gobierno del Alto Tribunal también ha propuesto un plan específico para la Sección Cuarta. Al margen de las reclamaciones patrimoniales por las medidas covid, acumula 348 asuntos repetitivos en tres clases de recursos. En concreto, 211 reclamaciones de retribuciones por parte de funcionarios docentes de la Comunidad de Madrid, 72 reclamaciones de reconocimiento de condición de personal estatutario no fijo y otras 65 de reconocimiento de la carrera horizontal de interinos en el servicio de salud de Castilla-La Mancha.

Situación «insostenible» en el Supremo

No es la primera vez que el Tribunal Supremo lanza una voz de alarma sobre la situación «insostenible» a la que se enfrenta ante la imposibilidad de cubrir las plazas de magistrados que se encuentran vacantes (un 14% de su plantilla). Esto último como consecuencia de la reforma impulsada por el Gobierno en marzo de 2021 y que impide que el Poder Judicial pueda hacer nombramientos mientras su mandato esté caducado. Una reforma legislativa con la que el Ejecutivo intentaba presionar al PP para llegar a un acuerdo para renovar a los vocales del CGPJ cuyo mandato caducó hace tres años.

En un informe, el Supremo alertaba en octubre de que si se prolonga esta situación se dictarán «aproximadamente 1.000 sentencias menos al año». El gabinete técnico del Alto Tribunal señalaba como «imprescindible» la pronta cobertura de las vacantes de magistrados «si no se quiere acabar en el colapso del más alto órgano jurisdiccional de nuestro país». La situación es especialmente preocupante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, donde en estos momentos hay seis plazas vacantes (un 20% del total), que aumentarán a ocho en abril por la jubilación de los magistrados Segundo Menéndez y Rafael Fernández Valverde.