Feijóo multiplica los gestos con Sánchez para allanar un acuerdo sobre el Poder Judicial
La primera reunión con el Gobierno sobre ahorro energético y el voto en contra de un nuevo 155 en Cataluña pueden favorecer la renovación del Poder Judicial
Alberto Núñez Feijóo interviene ante Pedro Sánchez en el Senado. | EP
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, está multiplicando los gestos en los últimos días con el Gobierno de Pedro Sánchez, en lo que varios parlamentarios ‘populares’ consultados por THE OBJECTIVE interpretan como un intento por allanar el acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La muestra más evidente del acercamiento entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición ha sido la reunión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, para negociar las medidas de ahorro energético que Feijóo ha puesto sobre la mesa.
El equipo de Ribera valoró dicha reunión, la primera a ese nivel desde que la nueva dirección del PP asumió el mando del partido en abril, como «muy cordial y constructiva» tras más de dos horas y media de duración. «Se ha puesto de manifiesto la voluntad de ambos de trabajar en una respuesta conjunta, también con el resto de fuerzas políticas en pos de alcanzar el máximo consenso posible», indicaron las fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Ribera se comprometió a mantener «nuevos contactos» con Bravo cuando se presente el plan de contingencia que el Gobierno negocia con las CCAA que hay que enviar a Bruselas «para poder analizar el documento y valorarlo». Dicho documento, subrayaron las citadas fuentes, «es la base para seguir trabajando en medidas destinadas a proteger a ciudadanos y empresas del alza de las facturas energéticas».
El lenguaje conciliador de Feijóo
Desde Génova también se utilizó un lenguaje conciliador. «El vicesecretario de Economía ha calificado la reunión con la vicepresidenta Ribera como ‘positiva’, donde se han encontrado puntos en común, como el tema de las energías renovables o el biogás, pero que ‘hay que hacer realidad’», señalaron desde el PP. «Bravo ha señalado que hay aspectos en los que el PP no coincide con el Gobierno y ha reclamado a Ribera que se ciñan al plan de la UE. También ha manifestado que ‘estamos en un momento difícil’, en el que todos los partidos, las CCAA y las entidades locales tienen que implicarse», concluyó el equipo de Feijóo.
Tras ello, hubo dos instantes en el Congreso de los Diputados que sustentan el nuevo enfoque de Feijóo con Sánchez. Por un lado, el PP votó en contra de la iniciativa de Vox para pedir que se active el artículo 155 de la Constitución para garantizar el uso del castellano en la educación en las clases de Cataluña. Lo hizo después de que el jefe de la oposición no asistiese a la concentración de fuerzas constitucionalistas del domingo en Barcelona, un hecho que afearon los otros dirigentes del centroderecha que sí estuvieron en la manifestación -Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Ciudadanos)-.
La votación del jueves sobre la activación del 155 contó con el respaldo de Ciudadanos y una diputada ‘popular’, Cayetana Álvarez de Toledo, en lo que fue el segundo acto de indisciplina de esta última en lo que va de legislatura. Los ‘populares’ se olvidaron de la abstención para irse al ‘no’ junto al Gobierno y sus socios de investidura.
Un día antes, el miércoles, se produjeron unas polémicas declaraciones las palabras sobre la sexualidad de los menores de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en sede parlamentaria. Ciudadanos las tachó de «inadmisibles» y exigió a esta última que dimitiese o fuese destituida por Sánchez. El partido naranja se unió así a Vox, ya que un poco antes Abascal reclamó la dimisión «urgente» o cese de la ministra por los mismos motivos. No obstante, a diferencia de Vox, la formación de Inés Arrimadas no pidió cerrar el Ministerio de Igualdad.
Las críticas del PP no llegaron por boca de Feijóo, sino de la mano de su vicesecretaria de políticas sociales del PP, Carmen Navarro, quien tachó de «espectáculo bochornoso» lo escuchado en la Cámara baja, aunque consideró que la ministra no fue consciente de la «barbaridad» que dijo ante sus señorías. «Es una ministra acabada; tiene ahí la puerta del ministerio y debe cogerla antes de que cometa una tropelía mayor. No tiene derecho a decidir sobre la educación de nuestros hijos», manifestó.
Las citadas fuentes consideran que Génova ha decidido bajar el tono de las críticas ante una semana, la próxima, que será determinante para saber si el Gobierno y el principal partido de la oposición avanzan en la renovación del TC y el CGPJ. La visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a Madrid para mediar en el conflicto puede suponer un punto de inflexión. Pero, sobre todo, la posibilidad de que el presidente de los jueces, Carlos Lesmes, dimita en los primeros días de octubre pesa en el ánimo de Feijóo.
El también presidente del Tribunal Supremo explicará la próxima semana la hoja de ruta a seguir si finalmente dimite. Ya amenazó con hacerlo durante la apertura del año judicial si no había acuerdo para renovar el Constitucional. Antes de consumar su advertencia hará un último intento. Convocará un nuevo pleno del Consejo a principios de octubre. Si no hay fumata blanca, pondrá punto y final a su mandato. Un informe de sus servicios jurídicos señala que, en ese caso, deberá sustituirle Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Civil y el más antiguo del Supremo.
El relevo está especificado en un documento que el propio Lesmes ha encargado al gabinete técnico del Consejo. En el texto emerge la figura de Marín Castán, actual vicepresidente del Tribunal Supremo. Quien antes ocupaba ese puesto, Ángel de Juanes, se jubiló hace tres años y no ha podido ser sustituto porque el CGPJ sigue en funciones. Se trata de un documento interno que corrobora las intenciones de Lesmes, que preside el Poder Judicial desde 2013.
Una eventual dimisión de Lesmes provocaría una situación inédita en el GCPJ y en una situación muy delicada a Feijóo. El máximo órgano de los jueces se vería abocado a una rápida renovación sin los vetos del sistema actual y con la posición del PP aún más debilitada. De ahí que Génova se empiece a abrir al pacto, según las citadas fuentes.
