El Tribunal Constitucional aplaza su decisión sobre la lentitud de los tribunales
El tribunal de garantías debía pronunciarse este lunes sobre los señalamientos tardíos, como solicitó un abogado. La Fiscalía pide que se estime el caso
Fachada del Tribunal Constitucional. | Europa Press
La decisión sobre la lentitud de los tribunales tendrá que esperar. El Tribunal Constitucional ha aplazado el pronunciamiento sobre los señalamientos tardíos que iba a realizar este lunes. El recurso presentado por el abogado Daniel Sánchez Bernal ha quedado «pendiente» hasta la próxima reunión de la Sala Primera, que tendrá lugar a principios de octubre, en una fecha aún por determinar. La Fiscalía pide que se estime el caso por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones que establece el artículo 24.2 de la Constitución.
Sánchez Bernal solicitó en diciembre el amparo del Tribunal Constitucional al considerar que se había vulnerado el derecho a una tutela efectiva contra su cliente, un recién doctorado que reclama a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la formalización del contrato posdoctoral. El letrado sostiene que «una Justicia lenta no es Justicia».
El Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla admitió la demanda en junio del año pasado. Les anunció que el acto de conciliación y el juicio, en caso de que las partes no llegasen a acuerdo alguno, se celebrarían el 7 de noviembre de 2024, a tres años y medio vista. Sánchez Bernal pidió apoyo institucional al Colegio de Abogados de Sevilla, que hizo oídos sordos. El letrado recurrió entonces al Defensor del Pueblo.
Los recursos del Constitucional
El Constitucional tomó la palabra en mayo, cuando decidió admitir a trámite la petición. El nuevo escenario suponía todo un triunfo, ya que este órgano suele rechazar el 97% de los recursos que recibe. Sánchez Bernal confiaba en que este lunes fuese «un gran día para los justiciables». Sin embargo, el brindis tendrá que esperar.
Los magistrados de la Sala Primera del tribunal de garantías dejan la tarea como «pendiente» por falta de tiempo para deliberar, según fuentes jurídicas. Retomarán el procedimiento en una o dos semanas, en la próxima reunión. Será el primer asunto a tratar en el orden del día y el turno para la magistrada Inmaculada Montalbán, ponente del recurso de amparo.
«Me lo tomo con resignación, pero lo entiendo. No es la primera vez que sucede. Siempre es mejor que lo aplacen y lo tengan pendiente a que cierren el caso», admite Sánchez Bernal por teléfono a THE OBJECTIVE. El abogado sevillano acaba de regresar de Perú, donde se encontraba de vacaciones, ante la inminencia de la resolución.
Otras fuentes consultadas sostienen que el aplazamiento era de esperar y recuerdan la larga ristra de casos que mantiene el Constitucional en la nevera. Debe pronunciarse, entre otros, con la ley Celaá, la ley de eutanasia y la ley de plazos del aborto, esta desde hace una década. El tribunal de garantías ya estimó en 2008 que esperar dos años a que se dicte una sentencia no era un retraso indebido. Sin embargo, en esta ocasión, Sánchez Bernal cuenta con un aliado, el Ministerio Público.
El fiscal Fernando Cabedo ha emitido un informe de 11 páginas que apoya la demanda de amparo. Considera que se ha vulnerado el derecho del demandante a «un proceso sin dilaciones indebidas». Las posibilidades del tribunal de garantías son limitadas, pero Sánchez Bernal confía en que declare que el señalamiento tardío que recibió vulnera los derechos de su cliente y exija al juzgado de origen que establezca una fecha más acorde para la vista.
El letrado va más lejos y espera que el pronunciamiento abra una vía para «pedir responsabilidades patrimoniales a la Administración de Justicia». Incluso que permita solicitar responsabilidades disciplinarias y penales a los operadores judiciales, a los letrados y a los jueces que «insistan en hacer este tipo de señalamientos tardíos».
Señalamientos para 2026
En la legislación española no existe ninguna referencia a un plazo de tiempo máximo para celebrar un juicio. «En Sevilla se están enviando señalamientos para mediados de 2026, cuatro años de demora. Hay retraso en muchos sitios, pero depende del ámbito territorial y del tipo de juicio», recalca Sánchez Bernal. Los similares al suyo, por la vía social, son los que padecen mayor dilación.
La misma suerte ha corrido Roberto Mangas Moreno. Una madre soltera contactó con él para demandar a la Seguridad Social, que le había negado una prestación para cuidar a su hijo durante el primer año de vida. El abogado presentó la denuncia en el juzgado Social de Cádiz y recibió en junio el señalamiento. Se llevó una sorpresa cuando descubrió que habían fijado el juicio para dentro de tres años. «La demanda entonces ya no le servirá de nada», reconoce a THE OBJECTIVE.
La Constitución establece en su artículo 24 el derecho de los ciudadanos a recibir una tutela efectiva y un proceso sin dilaciones. Algo que los letrados consultados por THE OBJECTIVE ponen en tela de juicio. Entre ellos, Sánchez Bernal, que asegura que no tuvo más remedio que presentar una demanda de amparo en diciembre ante el Constitucional por vulneración de derechos. Los tribunales habían desestimado sistemáticamente todos recursos que interpuso por la tardanza.
Sánchez Bernal relata que existe un precedente, aunque el caso tuvo lugar hace muchos años. «Fue un asunto de extranjería en el que el Constitucional amparó al recurrente porque se vulneró su derecho a un proceso sin dilaciones. Esta es una demanda completamente diferente, pionera, porque trata de combatir expresamente los señalamientos tardíos».
