Villarejo lanza un órdago y acusa al exdirector del CNI de querer eliminarle por ser un peligro
El comisario retirado mantiene la estrategia de su abogado, que señaló en su alegato un día antes que la investigación está plagada de irregularidades
Villarejo, tras hacerse un chequeo médico en la Audiencia Nacional. | Marta Fernández (Europa Press)
José Manuel Villarejo ha cruzado el Rubicón. El comisario jubilado ha denunciado este martes «una confabulación» de los poderes del Estado para acabar con él. Acusa al exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, de ordenar eliminarle por considerarle un peligro. «Aplicaron un código rojo, como en la película Algunos hombres buenos». El policía retirado ha mantenido la estrategia de su abogado, que un día antes señaló que la investigación está plagada de irregularidades y se gestó para «eliminar a un testigo incómodo que el propio sistema creó».
El primer gran juicio contra Villarejo arrancó hace un año. Quedara visto para sentencia esta semana, pese a los intentos de la defensa por dilatar el proceso. El comisario jubilado, de 71 años, llegó a utilizar su salud como excusa. Un informe pericial desmintió que hubiese sufrido un accidente cardiovascular y ordenó retomar el proceso. La fiscalía pide 83 años de cárcel, aunque en esta ocasión solo se enjuician tres de las 30 líneas de investigación que completan el caso Tándem.
Villarejo ha disertado durante dos horas en la Sala Segunda de la Audiencia Nacional, ubicada en San Fernando de Henares. El comisario jubilado ha intervenido como codefensor hablando de él en tercera persona. Durante su exposición ha negado que tuviese un pacto con el Ministerio Fiscal, al que ha acusado de estar detrás de un «montaje». En esa «confabulación» señala principalmente a Sanz Roldán, que fue director del CNI con gobiernos de distinto signo entre 2009 y 2019.
El código rojo de Villarejo
«La causa es un código rojo. Recuerden la película Algunos hombres buenos, en la que un alto mando militar ordena eliminar a un subordinado. Demasiadas coincidencias», ha sostenido Villarejo. En su opinión, el antiguo jefe de la Inteligencia española trató de eliminarle porque le consideraba un peligro. «Tenía el convencimiento de que así salvaría al Estado. Lo hizo porque ponía en peligro los pactos y componendas con los que se mantenía el equilibrio de las instituciones».
Villarejo, que ha permanecido más de tres años en prisión provisional, ha acusado al Estado de «cercenar» intencionadamente su libertad y su presunción de inocencia. «Entré en la sala como culpable y va a ser muy difícil desmontar el diseño que han construido». Culpa al CNI, la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) y Asuntos Internos de orquestar una campaña «brutal y despiadada» en los medios de comunicación para configurarle «un perfil de malechor».
El comisario jubilado, ataviado con toga y parche, ha afirmado que solo pudo preparar su defensa a raíz de su salida de prisión, en marzo de 2021. Desde entonces solo ha tenido un año para «recomponer mi maltrecha salud» y recabar la información necesaria para contrarrestar «el montaje» al que ha sido sometido. El acusado ha denunciado un complot contra su persona en el que ha sido necesaria la participación de «fiscales y policías afines».
Esa manifestación le ha servido para reprochar al tribunal, presidido por la magistrada Ángela Murillo, que acepte enjuiciar una investigación plagada de irregularidades. Ha calificado de «patraña» la denuncia anónima que originó el caso porque todos saben que quien la envió fue un agente del CNI, David Vidal «Se va a permitir que empujen a esta sala por la senda rupturista del Estado de Derecho porque, para Sanz Roldán, el fin justifica los medios», ha insistido Villarejo.
La estrategia utilizada no es nueva. El lunes, su abogado, Antonio García Cabrera, defendió durante su alegado que Villarejo era víctima del Estado. Lo tildó como una herramienta «necesaria» y aseguró que la policía «ha contado, cuenta y contará con otros Villarejos». El letrado llegó a calificar a su cliente como un vendehúmos con demasiada imaginación y creatividad. No obstante, antes cargó contra la investigación. Cree que se gestó con el único propósito de «eliminar a un testigo incómodo que el propio sistema creó».
«Una compleja estructura»
El acusado ha seguido esa línea defendiendo en todo momento su labor. Sostiene que si está en el candelero por sus trabajos como espía es porque ha sido «el único que se atrevió a denunciar» ciertas operaciones. Además, ha asegurado que tenía «la convicción de estar trabajando como servidor público» y que, de no ser así, no se hubiese atrevido a denunciar al director del CNI «ni a tantos poderosos de este país». Ha reconocido que desde 1995 disfrutaba de «un estatus especial» que le permitía «actuar sin que nadie lo supiera» para obtener información de interés para el Estado.
«Todos los gobiernos desde entonces emplearon mis servicios durante años y me ordenaron actuar en numerosas operaciones. ¿Abrimos ese melón?», ha retado Villarejo. Sin embargo, sus clientes han confesado durante el proceso que le contrataban para proyectos de espionaje. El inspector de policía que investigó el caso describió sus operaciones como «una compleja estructura societaria» diseñada para ocultar y mover dinero que obtenía de actividades ilícitas. Además, el agente confesó que el comisario jubilado «abusaba de su condición de policía» para vender información sensible y chantajear en beneficio de sus clientes.
Tampoco le ayuda la declaración de los técnicos de Hacienda ni los controvertidos audios, que se han convertido en una prueba irrefutable contra sus tejemanejes. Su abogado intentó sin éxito anular las grabaciones que realizó durante años para sus negocios privados. Incluso trató de recusar a los magistrados denunciando irregularidades en la instrucción.
Villarejo considera que «difícilmente podrá restituirse una reputación personal y profesional que era intachable hasta que Sanz Roldán decidió aplicarme el código rojo». Ha calificado la causa de «general y prospectiva» y lamentado que se realice bajo «el ficticio manto de la ley». A pesar de que tenía derecho a una última palabra, ha renunciado a ella. La magistrada Ángela Murillo se ha permitido una pequeña licencia al afirmar que en su larga intervención ya lo había dicho todo. «Pues todavía tenía cosas», ha respondido él.
