El sindicato de Vox impugna la ley que agiliza la incorporación de extranjeros al mercado laboral
La formación verde considera que la reforma de la Ley de Extranjería que entró en vigor en agosto supone «un nuevo efecto llamada a la inmigración ilegal»
Rodrigo Alonso, líder de Solidaridad y parlamentario de Vox. | Ricardo Rubio (Europa Press)
Solidaridad, el sindicato vinculado a Vox, ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo un recurso contra el Real Decreto que modificó la ley de Extranjería. Considera que supone «un nuevo efecto llamada a la inmigración ilegal». El cambio entró en vigor en agosto y permitirá a los trabajadores foráneos ingresar al mercado laboral de forma ágil, al disminuir trabas burocráticas. La reforma también servirá para que los extranjeros que residan dos años en nuestro país puedan regularizar su estatus siempre que estén formados.
El cambio normativo fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio. El Gobierno de Pedro Sánchez busca con la reforma cubrir necesidades sin empeorar las condiciones laborales de las personas. Una de las fórmulas es a través de la formación en sectores en los que existe baja oferta de empleados nacionales. Las organizaciones que trabajan con migrantes estiman que en España residen unas 500.000 personas en situación irregular.
La vicesecretaria nacional jurídica de Vox, Marta Castro, ha criticado que el Ejecutivo infrinja «aspectos formales» al tratar de «colar a través de una modificación reglamentaria lo que debía ser tramitado parlamentariamente como una ley orgánica por la reserva de materia que tiene». La dirigente del partido que preside Santiago Abascal espera que el Supremo enmiende esta modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
«Regularizar por la puerta de atrás»
«Consideramos que la técnica legislativa no es la adecuada. Solo por esto ya debería ser aceptado nuestro recurso», ha afirmado Castro a Europa Press. La dirigente de Vox sostiene que la reforma «supone en cuanto al fondo una modificación y flexibilización de medidas de trabajadores ilegales. La modificación de estas circunstancias de trabajo perjudica a los trabajadores que tras mucho esfuerzo han conseguido su permiso de residencia en España».
A su juicio, al acceder «de esta manera al mercado de trabajo se encuentran en condiciones de inferioridad porque tuvieron que encontrarse unos requisitos muchísimos mas rígidos» que los que existen en la actualidad. El líder del sindicato Solidaridad, Rodrigo Alonso, se ha mostrado «enormemente» preocupado porque el Gobierno vaya a «regularizar por la puerta de atrás a los inmigrantes ilegales» que accedieron a España «asaltando» las fronteras.
«Es un golpe muy grave al mercado de trabajo y supone un agravio a los trabajadores que legalmente entraron a nuestro país y que se encuentran plenamente integrados. Las mafias probablemente estén frotándose las manos porque con esto tienen herramientas para ese trafico de seres humanos que es a lo que se dedican algunas mafias y ONG».
Alonso también ha criticado el «silencio cómplice de UGT y CCOO después de esta modificación». A su juicio, «pretende legalizar a los que entran ilegalmente». «Esto también afecta a nuestro mercado de trabajo, a todos estos que no encuentran un puesto aun siendo españoles y a aquellos que se intentan esforzar cada día».
Solidaridad no es la única organización que ha criticado el cambio normativo. También lo ha hecho el sindicato vasco ELA, que lo ve «insuficiente» y pide «un cambio integral». En su opinión, el carácter «utilitarista» de la reforma de la ley de Extranjería deja «al margen» la realidad de la migración forzosa y «obvia» los derechos humanos o las injusticias que se cometen con las personas migrantes.
Un escenario que contrasta con la visión de Solidaridad, que plantea que con ese cambio legislativo se permitirá que los migrantes que lleven más de dos años en situación irregular en España puedan conseguir permiso de residencia por 12 meses con la condición de realizar unos cursos formativos, quedando también reducidos los requisitos para las personas que están formándose en España con permiso de estudios.
Solidaridad afirma que el Real Decreto «flexibiliza las figuras de arraigo, creando nuevas figuras de regularización, posibilitando la legalización de una migración a priori irregular con la contratación de origen, considerando vía de migración legal la contratación circular».
«La inmigración masiva y su posterior regularización provoca la sustitución de los trabajadores que no estén dispuestos a perder sus condiciones laborales por inmigrantes que ante una situación desesperada asuman cualquier trabajo como bueno. Esto destruirá la identidad y las conquistas sociales y laborales de Europa», añaden desde el sindicato.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en verano que la reforma serviría para establecer «un equilibrio» entre intentar que «una mano de obra necesaria en nuestro país pueda venir de forma ordenada, pero sin que eso implique que las condiciones de los trabajadores se ver afectadas».
