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El PSOE apoya a ERC y Bildu para que la despenalización del delito de injurias a la Corona siga adelante en el Congreso

La iniciativa propone suprimir del Código Penal artículos como el que impone penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes usen la imagen de los miembros de la Familia Real y dañen su prestigio

El PSOE apoya a ERC y Bildu para que la despenalización del delito de injurias a la Corona siga adelante en el Congreso

La iniciativa propone suprimir del Código Penal artículos como el que impone penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes usen la imagen de los miembros de la Familia Real y dañen su prestigio

La despenalización del delito de injurias a la Corona continúa su tramitación en el Congreso después de que PP, Vox y Cs no hayan conseguido este jueves apoyos a sus enmiendas a la totalidad a la proposición de ley de ERC y EH Bildu, que ha contado con el apoyo del PSOE, que ya permitió su tramitación en el Senado.

La iniciativa propone suprimir del Código Penal artículos referidos a los delitos contra la Corona, entre ellos el 491, que impone penas de cárcel de seis meses a dos años para quienes usen la imagen del rey, la reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes y dañen el prestigio de la Corona.

Al igual que hiciera el pasado mes de mayo en la Cámara Alta, el PSOE ha inclinado la balanza para que siga adelante la iniciativa, al rechazar esta tarde en el pleno del Congreso las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Cs, que han reprochado el «giro» del partido socialista y «de venderse a sus socios» de investidura.

Sin embargo, la diputada del PSOE Andrea Fernández ha asegurado que su grupo ha apoyado «otras veces» propuestas para reformar esos tipos penales porque, ha dicho, adaptar nuestro código penal en materia de injurias a lo que lleva pidiendo Europa desde hace tiempo «no tiene por qué generar indefensión ni desprotección».

«Parece que vuelve el trío de Colón para oponerse con muchas estridencias a todo aquello que tenga que ver con garantizar y proteger derechos», ha considerado Fernández, que ha advertido no obstante de que su grupo parlamentario no permitirá «que el subtexto de esta reforma se convierta en una afrenta al orden constitucional».

Al PP le ha pedido «menos juramentos vacuos y más hechos»: le ha retado a que «prescinda» del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), «si tanto creen» en las instituciones democráticas, y que «permita ya que el CGPJ esté representado por quien legítimamente corresponda».

Desde el PP, Eloy Suárez ha abogado por mantener el «statu quo actual» recordando que hay doctrina consolidada del Constitucional que establece límites necesarios e imprescindibles a la libertad de expresión que deben ser respetados por todos y que si se traspasan merecen reproche penal.

«Su iniciativa lo que destila es mucho odio a España (…) y está destinada a sacar una de las instituciones del Estado que molesta mucho a independentistas catalanes y vascos«, ha opinado el diputado popular, para quien «lo peor» es el giro del PSOE.

Y ha instado a los socialistas a ser «más valientes» y plantear el «auténtico debate» de si quieren o no mantener el régimen constitucional de 1978: «Han cedido, es lo que tiene querer quedarse en Moncloa a cualquier precio».

Desde Vox, el diputado José María Sánchez ha reprochado los «propósitos recalcitrantes» de ERC y EH Bildu para revertir el orden constitucional y el «festival de bobadas» que proponen, y ha afirmado que su objetivo es «injuriar y calumniar libremente» al rey.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha defendido que se critique a la Corona porque forma parte de la libertad ce expresión, pero ha incidido en que la crítica no puede afectar a la reputación del rey como persona, y ha acusado a los independentistas de «querer quedar impunes en su campaña de acoso y derribo contra los símbolos de «España».

Tanto ERC como EH Bildu han mostrado su rechazo frontal a las enmiendas y el portavoz de esta última formación ha asegurado que la legislación actual es «anacrónica y desproporcionada» y su iniciativa sólo quiere que «una institución superprotegida deje de estarlo».

Fuente: EFE

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