El Parlamento Europeo abordará la lentitud de la Justicia española tras las quejas de un abogado
El letrado también presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse sobre los señalamientos tardíos
La presidenta del Parlamento Europeo durante un discurso. | Julien Warnand (EFE)
La lentitud de la Justicia española llega a Europa. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud sobre los señalamientos tardíos realizada por el abogado Daniel Sánchez Bernal. Este letrado ya presentó un recurso por el mismo motivo ante el Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse. La institución continental ofrece una alternativa extrajudicial para tratar las quejas de los residentes en la UE a través del Portal de Peticiones. No obstante, la Eurocámara recomienda al peticionario que se dirija al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), órgano competente.
Sánchez Bernal reconoce estar «muy satisfecho» con la resolución. El letrado ha recibido la notificación este miércoles. La misiva, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, está firmada el 27 de septiembre por la presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada española Dolors Montserrat, del PP. En la carta puede leerse que el órgano de la Eurocámara declara «admisible» la queja planteada por el abogado sevillano por estar «dentro de los ámbitos de actuación de la UE».
«A la tercera va la vencida», afirma Sánchez Bernal, que ya pidió sin éxito al Parlamento Europeo que actuara en dos ocasiones anteriores. La última, el pasado enero, cuando solicitó a la Comisión de Peticiones que garantizara los derechos de los justiciables a la tutela judicial y efectiva y a un proceso sin dilaciones. En ambas ocasiones se le negó el auxilio con el argumento de que no poseía competencias para dirimir la cuestión.
La alternativa del Parlamento Europeo
Esta vez aceptó la petición. Lo hizo el 18 de julio, aunque posteriormente la comisión dio por finalizado el trámite. Recomienda al letrado dirigirse al TEDH, ubicado en Estrasburgo, una vez que haya finalizado el procedimiento en España. El letrado relata que «planteo el problema que tenemos en España y pido que se adopten medidas». Estas pueden ir acompañadas de sanciones.
«Entiendo que los operadores judiciales se quejen de que no tienen recursos, pero esto no puede ser una excusa para demorar el funcionamiento de los tribunales. Si no hay recursos, o falta inversión, que se dé un toque al Gobierno de turno por no invertir», insiste Sánchez Bernal.
El Parlamento Europeo ofrece la posibilidad de hacer uso del derecho de petición, uno de los derechos fundamentales de cualquier residente en la UE. Así lo consagran tanto el Tratado de la UE como la Carta de los Derechos Fundamentales. Gracias a esta fórmula, la Eurocámara puede comprobar sobre el terreno la forma en que se aplica la legislación continental y cómo responden las instituciones europeas a las demandas que plantean los ciudadanos.
La petición se hace a través de una página web y luego se debate en la comisión delegada. Es un proceso abierto y transparente en el que participan los propios peticionarios. No obstante, y dado el carácter variopinto de las demandas y el gran número que se recibe, no todas se debaten. Los europarlamentarios pueden optar por decidir sobre las quejas mediante un sistema de examen político ordinario, aunque se mantiene informado al autor del texto.
No es el único frente abierto que tiene Sánchez Bernal. El abogado presentó en diciembre una recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que se había vulnerado el derecho a una tutela efectiva contra su cliente, un recién doctorado que reclama a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la formalización del contrato posdoctoral. El letrado sostiene que «una Justicia lenta no es Justicia».
La Fiscalía como aliado
El tribunal de garantías tenía previsto pronunciarse el lunes sobre los señalamientos tardíos. Sin embargo, su resolución tendrá que esperar. Los magistrados de la Sala Primera dejaron la tarea como «pendiente» por falta de tiempo para deliberar, según fuentes jurídicas. El asunto se abordará en la próxima reunión, que tendrá lugar a principios de octubre, en una fecha aún por determinar.
Sánchez Bernal cuenta con un aliado, la Fiscalía. El Ministerio Fiscal pide que se estime el caso por vulneración del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones que establece el artículo 24.2 de la Constitución. El letrado afirma que no tuvo más remedio que acudir al Constitucional, ya que los tribunales habían desestimado sistemáticamente todos recursos que interpuso por la tardanza del juicio de su cliente. El Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla demoró la vista más de tres años
El abogado confía en que los magistrados del tribunal de garantías declare que el señalamiento tardío vulnera los derechos de su cliente y exija al juzgado de origen que establezca una fecha más acorde para la vista. Además, espera que el pronunciamiento abra una vía para «pedir responsabilidades patrimoniales a la Administración de Justicia» e incluso disciplinarias y penales a los operadores judiciales, a los letrados y a los jueces que «insistan en hacer este tipo de señalamientos tardíos».
Pueda darse la situación de que Constitucional y Parlamento Europeo no coincidan en sus conclusiones. Habrá que esperar. En 2016, la Defensora del Pueblo Europeo, la irlandesa Emily O’Reilly, ya criticó la lentitud de la Justicia. En aquella ocasión, en medio de una crisis migratoria, incluyó al resto de países en sus quejas. «La historia juzgará con dureza la actitud de los europeos ante la crisis de refugiados».
