Las víctimas del Alvia en Angrois: «El Estado usó todas las herramientas para protegerse»
Este miércoles comienza el juicio por el accidente de tren en Santiago que segó la vida de 80 personas. Han pasado nueve años del siniestro
Manifestación en el noveno aniversario del accidente en Compostela. | César Arxina (Europa Press)
La vida de Javier García dio un vuelco aquel 24 de julio de 2013. Un accidente de tren segó la vida de 80 personas, entre ellas la su hijo Curro, que volvía a Santiago para pasar unos días. Nunca llegó porque el Alvia en el que viajaba descarriló en la curva de Angrois por exceso de velocidad. Cuando el maquinista se percató, accionó el freno de emergencia, pero ya era tarde. Todos le señalaron como responsable hasta que comenzaron a aflorar informes que demostraban la omisión de las autoridades. «A mi hijo lo mataron», suele repetir García. Las víctimas denuncian que el Estado ha usado todas las herramientas a su alcance para protegerse. El juicio comienza este miércoles, nueve años después.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela debe dirimir la responsabilidad del maquinista y del director de seguridad en la circulación de Adif en el accidente. Les imputan 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia grave profesional. La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. La defensa pide la libre absolución. Por la vista, que se prolongará hasta febrero, pasarán 522 testigos y 126 peritos.
«Cuando acabe el juicio habrán pasado 10 años. Desgraciadamente, algunas de las víctimas y familiares han fallecido en ese tiempo. Una Justicia lenta no es Justicia», lamenta Jesús Domínguez, presidente de Plataforma Víctimas de Alvia. En su opinión, esa demora no es casual. Señala a las instituciones del Estado como responsables.
La curva de Angrois
Domínguez, que sufre graves secuelas desde el accidente, explica que padecieron el cambio del juez y la inacción del primer fiscal, que fue sustituido. También critica «la ocultación y la demora» en la entrega de documentos por parte del Ministerio de Fomento, Renfe y Adif y que los peritos impuestos por la Xunta de Galicia «no tenían experiencia y plagiaban otros informes». Las víctimas exigen que se depuren todas las responsabilidades.
«Estamos satisfechos con que se celebre el juicio y se siente en el banquillo el exdirector de seguridad de Adif, pero es insuficiente. Existen claras responsabilidades por parte de Renfe, que tuvo constancia por escrito sobre la peligrosidad de la curva de Angrois y no actuó en consecuencia», insiste Domínguez. El exdirectivo de la empresa que administra las infraestructuras ferroviarias fue imputado porque, según el auto de la Audiencia Nacional, no realizó los pertinentes análisis de riesgos a los que le obligaba la normativa.
El presidente de la plataforma de afectados sostiene que el accidente pudo evitarse. Cuando el tren se aproximaba a la curva de Angrois duplicaba la velocidad máxima permitida de 80 kilómetros por hora. El sistema de frenado automático no saltó porque había sido desactivado para evitar retrasos. «Hubo modificaciones importantes en el trayecto original cuando era ministro de Fomento José Blanco», reconoce Domínguez.
La desconexión del sistema de seguridad se realizó en la etapa de Ana Pastor porque generaba retrasos «sin previamente realizar una evaluación del riesgo que tal desconexión pudiera comportar para la seguridad en la circulación», indica el auto. Domínguez insiste en que la Justicia desmonta la verdad oficial que tanto PSOE como PP quisieron imponer. Y continúa: «Se realizó una investigación que señalaba al maquinista como único responsable».
El conductor de la locomotora se acaba de prejubilar, tras reincorporarse a Renfe en tareas de gestión de talleres. Diego Martín, portavoz del Sindicato de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), considera que el accidente fue fruto de un fallo sistémico. «Como siempre, se busca a un culpable y el último eslabón es el maquinista. El servicio tenía carencias. Si hubiese circulado con un sistema de seguridad como estaba previsto nunca hubiese sucedido», reconoce el sindicalista.
«Hubo una condena mediática al principio dirigida por Pastor, que comenzó a filtrar parte de la conversación en la cabina. Ese material solo lo tenía Adif. Con el transcurso del tiempo eso ha cambiado: se ha demostrado que el maquinista no es responsable, o al menos, no es el máximo responsable», sostiene Manuel Prieto, abogado del maquinista y del exdirector de seguridad acusado. En su opinión, se omitieron los avisos sobre las medidas de seguridad.
«Faltaban señales y balizas»
Prieto mantiene que lo que ocurrió era la crónica de un accidente anunciado, ya que 18 meses antes un jefe de maquinistas avisó a Renfe de los peligros que entrañaba la curva de Angrois. «Si hoy un maquinista supera la velocidad máxima permitida, no hay accidente. Eso prueba que faltaban señales y balizas», afirma el letrado. Una línea que también defiende el fiscal, para quien el siniestro pudo haberse evitado si se hubiese gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo.
«Durante nueve años hemos ido conociendo hechos muy graves que jamás se juzgarán en los tribunales, pero que tienen una clara responsabilidad política. El poder legislativo mete mano en la Justicia y, en esta ocasión, el Estado usó todas las herramientas para protegerse», denuncia Jesús Domínguez. Pide una investigación técnica independiente para que se esclarezca toda la verdad y que se incorpore al proceso judicial.
La UE ya determinó que la ausencia de gestión fue la que provocó que la línea no fuese segura. En mayo de 2016, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, tuvo conocimiento de que la Comisión Europea iba a publicar un informe que cuestionaba la investigación del Gobierno y alertaba del incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria.
La dirigente del PP escribió una carta a la entonces comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para advertirle de la «especial gravedad» que tenía publicar el informe, según reveló este viernes el diario gallego Praza. «El Reino de España se reserva el derecho de adoptar medidas ante la indefensión que esta actuación pudiera ocasionar», continúa la misiva. La plataforma de víctimas de Angrois sostiene que el contenido demuestra que «Pastor se implicó directamente en ocultar todo lo que tenía que ver con la terrible tragedia del Alvia».
La plataforma se queja de que la exministra decía una cosa en privado y otra en público. Recuerda que en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en agosto de 2013 afirmó que iba a «actuar con toda transparencia para decir todo lo que tenga que ver con este terrible accidente que nos ha desolado a todos (…). Tienen mi compromiso de que no descansaré hasta saber la verdad». Las víctimas han convocado este lunes una concentración ante la Cámara Baja para exigir su dimisión.
Reparaciones económicas
Domínguez lamenta que PSOE y PP hayan tratado de ocultar las verdaderas causas de la tragedia con «el pacto de la curva», que en su opinión sigue vigente. «En Europa nos han tratado como auténticos ciudadanos. Aquí, el Gobierno nos ha ninguneado». El de Angrois es el segundo accidente ferroviario más grave de España, solo superado por el de Torre del Bierzo (León), que costó la vida a un centenar de personas en 1944.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil supera los 57 millones de euros. La demanda civil se dirige contra el maquinista del tren, el exdirector de seguridad de Adif y las aseguradoras de Renfe y del administrador de infraestructuras ferroviarias. «El dinero no repara. Buscamos verdad y justicia», subraya Domínguez, portavoz de las víctimas.
