El PSOE accede por primera vez a verse con las prostitutas tras su rechazo a la abolición
Las trabajadoras sexuales pedirán a los socialistas que apoyen la iniciativa del PNV para crear una subcomisión de investigación en el Congreso
Susana Ros, diputada del PSOE; la secretaria de Igualdad, Andrea Fernández; y la portavoz de Igualdad en el Congreso, Laura Berja. | E.P.
El PSOE de Pedro Sánchez se ha abierto por primera vez a dialogar con las prostitutas. Esta semana, según ha podido saber THE OBJECTIVE, representantes socialistas se reunirán en Valencia con mujeres dedicadas a la prostitución para abordar la ley que penaliza su actividad. Las trabajadoras sexuales les pedirán que apoyen la creación de una subcomisión de investigación -tal y como ha propuesto el PNV- con el fin de elaborar «un diagnóstico veraz» del tema y así «legislar en consecuencia». Quieren seguir trabajando en «libertad».
La reunión llega tras meses de presión asfixiante por parte del sector afectado por la abolición. Todo un verano caliente con manifestaciones en Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona… que culminó a principios de septiembre en una gran concentración frente al Congreso de los Diputados. Esta última reunió a miles de personas, aglutinadas en la Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución.
La condición que las prostitutas pondrán encima de la mesa, según ha adelantado a este medio Susana Pastor, líder de ASTRAS (Asociación Trabajo Sexual) es que el PSOE acepte la petición del PNV para crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados que investigue la situación de la prostitución en España, con el fin de confeccionar «un diagnóstico veraz y consecuente» y después «legislar en consecuencia». ERC, la CUP, Junts, PDeCAT, y Ciudadanos apoyan esta medida.
En palabras del portavoz jeltzale, Josepa Agirretxea, la ley para la abolición de la prostitución que impulsan PSOE y Unidas Podemos -con la salvedad de En Comú Podem- incurre en la «criminalización» de las prostitutas y «no es la vía» porque «aumenta la vulnerabilidad, la clandestinidad y el acceso a los derechos por medio del trabajo». Un análisis que comparten las propias trabajadoras sexuales, que solicitan «libertad» para dedicarse a un oficio que ejercen, la mayoría, «por voluntad propia».
Susana Pastor invita a los impulsores de la norma a que elaboren «una investigación seria y así vean que estas mujeres tienen que seguir trabajando y descriminalicen el sector»: «Si se aprueba esta ley se disparará el proxenetismo. Ahora una chica paga el alquiler de la habitación y trabaja en condiciones muy dignas, pero de la otra forma estará expuesta a que una persona la capte y permanezca escondida. En Francia ha aumentado un 20% la delincuencia contra las trabajadoras sexuales».
Pastor, una de las encargadas de reunirse con los socialistas, les anima a que «escuchen y vean las inquietudes de las chicas, que sepan qué va a pasar si esto sale hacia adelante»: «No quiero llamar a la puerta cuando salga la ley para decir que os avisé, con informes en la mano, y que ahora las trabajadoras sexuales están siendo agredidas».
No hay datos fiables
La insistencia de quienes se oponen a la norma en que se elabore una investigación se debe a que no hay datos fiables sobre la prostitución en España. El argumentario monclovita repite que un 90-95% el número de mujeres prostituidas son víctimas de trata o de explotación sexual, pero el Plan integral contra la trata de 2015-2018 reconoce que existen muchas dificultades para la «obtención de datos fiables» porque son delitos con «estructuras delictivas complejas», las víctimas desconfían habitualmente de las autoridades y tienen «gran reticencia a denunciar o colaborar».
Además, los datos que ofrecen PSOE y Unidas Podemos no casan con los de Médicos del Mundo, que cifran en un 15% la cantidad de prostitutas que son víctimas de trata en todo el mundo. Es por eso que el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero acaba de destinar 101.887,96 euros en la realización de un estudio para la «estimación del número de mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, de explotación sexual y en situación de prostitución» en nuestro país.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género justifica este gasto porque «los datos y estudios sobre prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual a nivel nacional e internacional son escasos, y los que hay presentan numerosas limitaciones (generalmente son de tipo cualitativo y/o usan muestras no representativas y sesgadas), lo que se traduce en que coexisten una gran variedad de cifras y datos».
La parte morada del Ejecutivo admite así su ignorancia en esta materia, a pesar de que lleva tiempo deslizando distintas cifras para justificar la necesidad de combatir lo que, en su opinión, supone una «lacra». Pero lo cierto es que desconocen la realidad de esta «lacra», y seguirán haciéndolo: Unidas Podemos ha sido el único partido que, hasta el momento, se ha negado a dialogar con las prostitutas.
