El Gobierno declara «secreto» el rescate de Vivanta y niega al Congreso su expediente
«Existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información», señala el Ejecutivo en respuesta a las preguntas formuladas por Cs y Vox en el Congreso
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez no rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados sobre los detalles del discutido rescate de 40 millones de euros a las clínicas dentales Vivanta. El Ejecutivo considera «secreto» y de «carácter reservado» el contenido de los informes por los que el Consejo de Ministros y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
En sus contestaciones a tres iniciativas parlamentarias registradas por Vox y Ciudadanos, el Gobierno se ampara en el Real Decreto 25/2020 para señalar que «toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado». «Existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada en las presentes iniciativas», añade el Ejecutivo en tres respuestas parlamentarias dirigidas a Cs y Vox, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Un argumento que ha utilizado para evitar responder con detalle a las numerosas preguntas parlamentarias de la oposición sobre el rescate a Vivanta. Entre ellas, las que cuestionaban por qué Moncloa consideró «empresa estratégica» a un grupo que cuenta solo con 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. Apelando al carácter secreto y reservado de la información, el Gobierno también ha eludido responder las preguntas referentes a la viabilidad económica de la compañía o las que cuestionaban si el Ejecutivo era conocedor de los procesos judiciales que ese grupo dental ha enfrentado por presuntos delitos de estafa y falsedad contable.
El Gobierno, «obligado a guardar secreto»
En su contestación a las dos baterías de preguntas de Vox, el Gobierno subraya que el real decreto por el que se puso en marcha el Fasee establece que el Consejo Rector del Ministerio de Hacienda y la SEPI quedan «obligadas a guardar secreto y a no utilizar la información recibida con finalidades distintas de aquella para la que les sea suministrada a los auditores de cuentas, asesores legales y demás expertos independientes» designados para estudiar las solicitudes de las empresas interesadas en acceder a las ayudas públicas del fondo puesto en marcha para ayudar a las empresas.
El mismo real decreto establece que ese carácter reservado solo cesará en el momento en que las empresas receptoras de los fondos del Fasee hagan públicos los hechos, datos, documentos e informaciones a los que se refiere la solicitud de ayudas públicas. «Se preserva, en definitiva, el carácter secreto que la información empresarial tiene para el normal desenvolvimiento de las reglas de mercado y que no deben verse afectadas por el ejercicio de las potestades administrativas», indica el Gobierno en su respuesta a una de las iniciativas parlamentarias de Vox.
Además, el Gobierno alude a dos fallos en los que el Tribunal Supremo desestimó dos recursos contenciosos administrativos formulados por diversos miembros del Congreso en los que se solicitaba una copia completa de los expedientes relativos a las ayudas del Fasee concedidas a Duro Felguera y Air Europa. «Las citadas desestimaciones son constitutivas de reiteración, por lo que constituyen jurisprudencia», indica el Gobierno en sus respuestas al partido de Santiago Abascal. Por todo esto, el Ejecutivo concluye que «existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada».
Los asesores que avalaron a Vivanta
Moncloa solo responde a una de las preguntas concretas que el partido de Santiago Abascal había hecho al Gobierno. Así, el Ejecutivo revela que los asesores económicos externos encargados de analizar el rescate a Vivanta fueron los de la U.T.E conformada por Lener-Asingo-Vaciero-Atisa, mientras que el análisis jurídico externo fue realizado por BDO. Sin embargo, amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno deja sin responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición.
La formación de Santiago Abascal había formulado una batería de preguntas para esclarecer si Moncloa tenía conocimiento de que la compañía se encontraba en dificultades financieras en el año 2019, antes del estallido del covid; también había preguntado por la situación financiera, los ingresos y el EBITDA registrados por Grupo Vivanta en los años 2019, 2020 y 2021; y solicitaba también información al Ejecutivo sobre cuántos franquiciados mantienen litigios con la compañía en los tribunales.
Como reveló este diario, Vivanta registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, las cuentas de la compañía analizadas por THE OBJECTIVE reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros. Una realidad que llevó a la oposición a poner en duda la idoneidad de la asignación a Vivanta de 40 millones de euros de dinero público del Fasee, que en teoría solo se podía conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.
La sociedad fue creada en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras. Esto supone que en sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI antes de la covid para conceder estas ayudas. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro.
«Cumple con los requisitos»
«La empresa a la que hace referencia cumple con los requisitos establecidos en dicha normativa», señala el Gobierno en su respuesta a las cuestiones planteadas por Ciudadanos. El partido naranja había preguntado, concretamente, cuáles habían sido los motivos del Gobierno para conceder la ayuda de 40 millones a Vivanta. La formación de Inés Arrimadas también cuestionaba «cuál ha sido el criterio para considerar a la empresa ‘estratégica’». Tampoco estas preguntas quedan aclaradas en las respuestas del Ejecutivo a ambas formaciones políticas.
Tanto a Ciudadanos como a Vox, el Gobierno se limita a contestarles asegurando que los expedientes de las empresas que solicitaron ayudas del Fasee han sido analizados en todos los casos con los mismos criterios objetivos. Primero por la propia SEPI y, en segundo lugar, por los asesores externos que participaron en el estudio de la concesión de las ayudas. «En el análisis de los expedientes prima el rigor para establecer de forma clara y objetiva el cumplimiento de los criterios y requisitos, la necesidad del apoyo público temporal, así como su viabilidad, extremando las garantías en el uso adecuado de los recursos públicos y en el reembolso de las ayudas», indica el Ejecutivo.
El Partido Popular y el diputado Pablo Cambronero, adscrito al Grupo Mixto, también formularon el pasado mes de julio una batería de preguntas y de solicitudes de información sobre el rescate a Vivanta, otorgado sólo tres días antes de que expirara el plazo del Fasee y en el último Consejo de Ministros en el que podía aprobarse. Igual que Ciudadanos y Vox, el PP y Cambronero quieren esclarecer por qué el Gobierno consideró a Vivanta como una empresa «estratégica» a pesar de que cuenta con menos de 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España. Por el momento, no han obtenido respuesta.
