El 'sms' que dinamitó la elección de Marchena para presidir el CGPJ y alejó su renovación
PP y PSOE estuvieron a punto de cerrar un acuerdo para renovar el Consejo en 2018. Un mensaje del portavoz ‘popular’ en el Senado abortó la operación
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la reunión de este lunes. | David Mudarra
El acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba a punto de caramelo en 2018. Hasta que trascendieron los mensajes del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en un grupo de WhatsApp. El exdirector de la Policía Nacional dinamitó la negociación al asegurar a sus compañeros que habían llegado a un acuerdo con el PSOE para repartirse el Consejo. Su partido ostentaría la presidencia y los socialistas la mayoría de vocales. Lo relevante del texto es que reconocía que los populares controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la única competente para enjuiciar a los aforados.
La dimisión de Carlos Lesmes como presidente del CGPJ ha obligado a los partidos políticos a viajar en el tiempo. La reunión de este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado que las posiciones para renovar el órgano de gobierno de los jueces siguen alejadas, aunque existe un avance significativo. El acuerdo de 2018 podría ser un buen punto de partida, según fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE.
«Creo que este paso se podía haber dado mucho antes, y confío en que también será posible una reforma legal como pide la UE y lleva pidiendo meses el PP», ha escrito Feijóo en Twitter. Un escenario que exigen los populares desde los tiempos de Pablo Casado, cuando impusieron como línea roja que ninguno de los nuevos vocales tuviese pasado en la política. De esa forma se evitaban nombramientos como el del exministro de Justicia Juan Carlos Campo o la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada Victoria Rosell.
El nuevo CGPJ
Sánchez y Feijóo han acordado que la negociación del Constitucional y del CGPJ irán de la mano, se incluirán criterios de «idoneidad» y se analizará un cambio de modelo en la elección con un informe de los propios vocales. Ambos han decidido llevar la negociación en sigilo y discreción. Entre otras cosas, para evitar filtraciones que puedan dinamitar el acuerdo, como ocurrió hace cuatro años.
Cuando se produjeron los contactos el mandato del CGPJ estaba a punto de agotarse. El pacto que abortó el mensaje de Cosidó otorgaba la presidencia al juez Manuel Marchena sin que se hubiesen elegido los vocales. El asunto generó un fuerte malestar en la carrera judicial. Como contrapartida, el PP permitía que el Consejo estuviese integrado por una mayoría de vocales progresistas, 11 de los 20 que lo conforman.
La primera consecuencia del mensaje del exdirector de la Policía fue que Marchena se bajó del tren para salvaguardar su independencia. «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal», sostuvo el juez en una nota.
El presidente de la Sala de lo Penal del Supremo siguió sus atribuciones y acabó juzgando a los miembros del Govern durante el procés. En su comunicado, Marchena se refirió de forma indirecta a los WhatsApps de Cosidó al señalar que sus resoluciones durante años eran «la mejor muestra» de que nunca había actuado condicionado por opciones políticas.
Gobierno y PP habían pactado la elección de Marchena para presidir el CGPJ. PSOE y Podemos elegirían a 11 vocales y los populares a los nueve restante. La fórmula para seleccionarlos data de 1985. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) determina que 12 de los 20 miembros del Consejo son jueces elegidos por las Cortes generales a propuesta de las asociaciones judiciales. Los otros ocho son juristas de reconocido prestigio que escoge directamente el poder legislativo.
La propuesta llegó a filtrarse. Las fuentes consultadas aseguran que la futura relación será muy similar a la de entonces. La lista del Ejecutivo estaba formada por los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego; el juez que llevó a Europa la Ley Hipotecaria, José María Fernández-Seijo; la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice; y la magistrada del Juzgado de lo Social 23 de Barcelona y exconsejera de Trabajo de la Generalitat de Cataluña Mar Serna.
Sin pasado en la política
Entre los seleccionados también se encontraba la magistrada del Constitucional Inmaculada Montalbán, entonces destinada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada, y el magistrado José Ricardo de Prada, clave en el caso que condenó al PP por las actividades ilícitas de la trama Gürtel y que abrió las puertas de La Moncloa al PSOE tras una moción de censura. La primera no puede repetir en la lista por cuestiones legales mientras que el segundo ha sido vetado por los populares.
Los cuatro jueces que completaban la selección eran el letrado Luis Martín Contreras, la catedrática de Derecho del Trabajo Carmen Sáez Lara, la fiscal especialista en violencia de género Pilar Fernández y el exvicepresidente de Asturias Bernardo Fernández Pérez. Uno extremo al que, según las fuentes consultadas, se negará el PP, que en diversas ocasiones ha manifestado que no permitirá en el nuevo Consejo personas con un pasado en la política.
No obstante, los populares pensaron en 2018 en incluir en el CGPJ a su exportavoz de Justicia en el Congreso, José Miguel Castillo, y al exsenador Manuel Altava. Sus intenciones también pasaban por otorgar una plaza en el Consejo a la fiscal Rosa Rubio, al juez de la Sala de lo Contencioso del Supremo José Antonio Moreno y la exdirectora de la Escuela Judicial Española Gema Espinosa, esposa del juez Pablo Llarena, instructor en el juicio del procés.
PP y PSOE retomaron las negociaciones el año pasado. Que el Gobierno quisiera rebajar la mayoría parlamentaria para renovar el CGPJ y aprobara una ley para impedir que el Consejo realizara nombramientos mientras estuviese en funciones dieron al traste con los avances.
Tampoco ayudó la caída de Casado meses más tarde. El interlocutor del Ejecutivo entonces era Teodoro García Egea, que validó los candidatos a presidir el Consejo, entre los que se encontraran los progresistas Pilar Teso, Pablo Lucas, Ana Ferrer y Clara Martínez de Careaga, esposa del exfiscal general Cándido Conde-Pumpido.
