Interior deja sin asistencia médica a 2.400 presos cada año por falta de personal
La escasez de guardias civiles y policías encargados del traslado y custodia de los reclusos en los hospitales provoca la cancelación de numerosas citas médicas
Un facultativo, en una imagen de archivo. | TO
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha dejado sin asistencia médica a 14.600 presos en los últimos seis años por la falta de medios de custodia. Estos son guardias civiles y policías, encargados del desplazamiento de los reclusos desde los centros penitenciarios a los centros de salud. Cifras que se traducen en que, entre 2016 y 2021, unos 2.400 internos al año no pudieron acudir a su cita médica debido a la escasez de medios humanos en las prisiones.
Estos datos se desgranan en una respuesta del Gobierno al senador Carles Mulet (Compromís), a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En el escrito, el Ejecutivo desglosa el número de consultas fallidas por año: 3,966, en 2016; 3.560, en 2017; 2.246, en 2018; 2.461, en 2019; 1.159, en 2020; y 1.290, en 2021. Pese a que se advierte un descenso en los dos últimos años, este se debe a la pandemia, periodo en el que las consultas se realizaban por videoconferencia y no había prácticamente desplazamientos a los hospitales, aseguran fuentes penitenciarias.
A juicio del senador de Compromís, estas estadísticas evidencian que la Administración «está fallando gravemente». «Las consultas en los recintos penitenciarios se han desmantelado y no se está garantizando el derecho a la asistencia sanitaria, lo que nos parece preocupante», alerta el político valenciano.
Una denuncia que también recogen las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Según datos del Instituto Armado, en los últimos seis años, se han llevado a cabo 162.075 conducciones a dependencias sanitarias de 266.728 internos de centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. Sin embargo, durante ese tiempo, se han cancelado 43.777 consultas, de las cuales 13.256, más de un 30%, se han perdido por carecer de agentes suficientes.
Un médico para 200 presos
«Nadie puede quedarse sin la atención médica, los presos también tienen ese derecho», critican la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que representa a 25.000 agentes. Desde esta organización insisten en que la dinámica de eliminar recursos humanos y medios necesarios para la atención médica a los presos en las prisiones provoca que cada vez tenga que haber más salidas a centros hospitalarios. Una solución que, sin embargo, tampoco tiene éxito siempre, habida cuenta del número de citas médicas que se cancelan a los internos.
La realidad del sistema sanitario penitenciario es mucho más grave de lo que deja entrever esta asociación profesional. En palabras del responsable de prisiones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Pedro Martínez, está, directamente, «en vías de desaparecer», según contaba hace unos meses a THE OBJECTIVE. Actualmente, falta un 56% de los médicos, lo que significa que hay 216 facultativos para los más de 46.000 reclusos que habitan las cárceles dependientes del Estado. Un médico para cada 220 presos.
Concurso de cuatro plazas
La situación se torna aún más preocupante teniendo en cuenta que, entre la población reclusa, existe más de un 70% de personas con antecedentes de toxicomanías, agotamiento pandémico y una escalada de pacientes con problemas de salud mental. Centros penitenciarios como el de Cuenca, Burgos o la de Cáceres han tenido que, bien contratar servicios externos de clínicas privadas, o a médicos privados que acuden por horas a las prisiones.
Otros centros, directamente, no tienen médicos y solo cuentan con el servicio de urgencias. Es lo que ocurre en la prisión de Valdemoro, una de las más grandes de España, con unos 1.000 presos fijos y otros 8.000 en prisión preventiva. En Aranjuez, por otro lado, se pasa consulta cada 15 días; y en las instalaciones de Ávila y Cáceres solo cuentan con centros de reconocimiento.
Ante esta panorama, la única solución que ha planteado el Ministerio del Interior es la de reforzar el Cuerpo de Facultativos de Sanidad Penitenciaria con solo cuatro plazas, cuando faltan 260 para cubrir la relación de puestos de trabajo (RPT) establecida por la Administración. En otras palabras, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska solo reforzará con un 1,5% el déficit de médicos de prisiones. Una convocatoria «ridícula», censuran los sindicatos.
