Demandan al 'dos' de Bolaños por comparar el Valle de los Caídos con los crematorios nazis
El secretario de Estado de Memoria Democrática dijo en una entrevista que «eliminar la Cruz del Valle es como si te vas a Auschwitz y eliminas un crematorio»
Vista frontal de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y su basílica.
«Eliminar la Cruz del Valle de los Caídos Caídos es como si te vas Auschwitz y lo primero que eliminas es un crematorio, o un horno donde fueron gaseados los que pasaron por el campo de concentración alemán; esa es la expresión del nacionalcatolicismo y eso hay que explicarlo en el marco de la simbiosis religión-política». Son declaraciones del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una entrevista concedida esta semana a RTVE.
Unas palabras que, según ha podido saber THE OBJECTIVE, serán llevadas ante la Fiscalía de Madrid por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. La entidad memorialista demandará por la vía penal a Martínez por presunto delito de odio (artículo 510 del Código Penal) o por delito contra los sentimientos religiosos (artículo 525). También trasladará dichas declaraciones a la Conferencia Episcopal Española, al Vaticano y al Papa Francisco para que «adopten las medidas necesarias».
Fuentes de la asociación aseguran a este medio que las afirmaciones del mayor portavoz en materia de Memoria Democrática del Gobierno de Pedro Sánchez son «la más dura señal de sus verdaderas intenciones con respecto al destino que le darán al Valle de los Caídos, que va en la línea de hacer de él torticeramente lo más parecido a un Campo de Concentración Nazi, para que sea objeto de visitas de millones de españoles y extranjeros, y que así vean en esa Cruz un gigantesco horno crematorio donde falsamente fueron quemados y gaseados miles de víctimas españolas».
Desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica manifiestan que, con independencia de que los máximos responsables católicos españoles y mundiales adopten posturas al respecto, lucharán para que la Cruz del Valle de los Caídos «siga siendo lo que es hoy ahora mismo, y siempre será: un símbolo de verdad, paz, reconciliación, amor, perdón y redención para toda la humanidad, y de eterno descanso para todos aquellos que bajo su manto reposan».
Las palabras de Fernando Martínez son una muestra del espíritu que impregna la Ley de Memoria Democrática, que equipara la Dictadura o la figura del dictador Franco con el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas. Una equiparación criticada en su día en conversación con este mismo periodista por Michael Berenbaum, comisario de la exposición Auschwitz y director del Instituto Sigi Ziering, porque «banaliza el nazismo, concretamente sus esfuerzos en la conquista global y la solución final al problema judío».
La norma, pergeñada por el Ejecutivo de coalición que componen PSOE y Unidas Podemos, no prevé que se derruya la cruz, como se tanteó inicialmente, pero sí que se exhume a José Antonio Primo de Rivera de la basílica del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros en lo sucesivo, y a Gonzalo Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena.
La Fiscalía y el delito de odio
La presentación de esta demanda ante la Fiscalía de Madrid tiene una obvia motivación: conocer cuál es el criterio del Ministerio Público sobre los (mal) llamados delitos de odio. No olvidemos que éste anunció que va a incoar diligencias de investigación por los gritos proferidos por los estudiantes del Colegio Mayor Elías Ahuja, por si acaso fueran considerados constitutivos de delito.
Algunos expertos consideran que la investigación relativa al colegio mayor madrileño nace muerta, por cuanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) prescribe que para que exista delito de incitación al odio la acción debe dirigirse a un colectivo vulnerable. Esto es, a «una minoría discriminada por motivos raciales, religiosos, de orientación sexual, etc», según señala el penalista José María de Pablo.
«Odiar está feo, pero no es delito» sino que el delito es «la incitación» al odio de acuerdo con el artículo 510 del Código Penal, explicó De Pablo en su cuenta de Twitter. Es decir, «en síntesis, se castiga a quien incite al odio, discriminación, violencia, etc. contra un grupo por su pertenencia a una ideología, raza, religión, sexo, orientación sexual,…» añadía el abogado madrileño. Un artículo al que se aferra la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para denunciar a Fernando Martínez.
