La Audiencia libera a siete narcos holandeses por cumplir cuatro años en prisión preventiva

Siete presuntos miembros de una mafia holandesa dejarán la cárcel. Al menos, de momento. A la espera de que se celebre el juicio contra ellos, por un caso que ha sufrido varios traspiés en los últimos meses, la Audiencia Nacional ha acordado excarcelarlos tras vencerse el plazo máximo de cuatro años de prisión preventiva, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. No obstante, el órgano judicial ha fijado una batería de medidas cautelares, entre ellas comparecer cuantas veces sean reclamados y la prohibición de abandonar el país.

Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal han considerado pertinente decretar la libertad provisional de siete de los acusados, entre ellos los dos principales cabecillas de una supuesta organización criminal que operaba en la Costa del Sol y que fue desarticulada en el año 2018 en Málaga tras la incautación de un camión que iba cargado con, al menos, 4.800 kilos de cocaína, además de fusiles de asalto y otras armas y drogas.

La decisión está acompañada de una batería de medidas cautelares. Se ha ordenado a los acusados acreditar en sede judicial un domicilio y un número de teléfono. Además, les ha obligado a comparecer cuantas veces sean reclamados y les ha prohibido salir de España sin una autorización expresa. «El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones podrá dar a lugar su ingreso en prisión», señala el auto. Los siete acusados se encontraban en prisión a petición de la Fiscalía Antidroga, que les atribuye delitos contra la salud pública, de depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas y falsedad en documento oficial.

Freno al caso

La investigación se desarrolla en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Este diario ya adelantó este verano, cuando faltaban pocos meses para cumplirse el máximo de prisión preventiva, que varios errores podrían poner en riesgo el caso. La Sala de lo Penal rechazó en julio prorrogar otros seis meses una pieza separada en la que se investigaba a los presuntos cabecillas de la organización al considerar que el fiscal a cargo del caso no indicó «las causas por las que transcurridos 18 meses desde su incoación no se han practicado las diligencias de investigación necesarias y tampoco se indican qué diligencias han de practicarse».

En su escrito de acusación, de mayo de 2021, el fiscal Ignacio de Lucas explica que el origen de la causa se remonta a 2018, cuando agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Guardia Civil empezaron a investigar a un entramado criminal «constituido casi en exclusiva por ciudadanos holandeses y radicado principalmente en la provincia de Málaga».

La Fiscalía sostiene que esta presunta organización «pretendía introducir sustancias estupefacientes en España, aunque disponía de vínculos en otros países de la UE como Portugal, Países Bajos o Rumanía». Las pesquisas hacen pensar que la red trataba de introducir cocaína en nuestro país «bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica».

En su escrito de acusaciones, el Ministerio Público reclama para ellos una pena de cárcel de 40 y 37 años, respectivamente, además de una multa de 934 millones de euros para cada uno de estos dos ciudadanos holandeses. Se les considera los líderes de este «entramado criminal que perseguía la introducción de cocaína en España bajo la apariencia de importaciones de fruta, a través de contenedores procedentes de Costa Rica que recalaban primero en el puerto de Setúbal (Portugal), para posteriormente ser transportados a Málaga».

Un entramado societario

El Ministerio Público les acusa de haber constituido, siempre a nombre de presuntos testaferros, un entramado societario capaz de generar la «apariencia» de importación de mercancía lícita y su ulterior transporte. Al mismo tiempo, dispondrían de una infraestructura con «numerosos inmuebles, naves en polígonos industriales, viviendas, garajes y vehículos que posibilitaban su actividad». La cocaína no era su único negocio.

Bajo apariencia de legalidad, sus empresas también se dedicaban a traer desde China precursores químicos para la fabricación en España de drogas sintéticas como MDMA y metanfetaminas. «Una vez efectuada la importación, los acusados transportaban dichas sustancias a distintos emplazamientos de los que disponían en España para su almacenamiento y posterior fabricación de la droga (MDMA y MDA) con el fin último de proceder a su distribución y venta a terceros», señala el escrito del fiscal.

La Fiscalía insiste en la infraestructura de la organización holandesa «era mucho más amplia que el mercado de la cocaína». Señala que «disponía también de la capacidad para operar en todo el ciclo criminal del tráfico de drogas que comprendía la fabricación, distribución y venta de drogas sintéticas». El Ministerio Público asegura que la presunta red habría «hecho acopio de numerosas armas de fuego y de guerra que ocultaban» en caso de «un eventual episodio de violencia». De esa manera protegían su mercado y accedían al de sus competidores.

Antidroga sitúa a Hans V. y Marco H. como «líderes» de la supuesto organización criminal. Considera que ambos habrían «compartimentado y fragmentado las distintas actividades necesarias para el funcionamiento de la organización». El fiscal subraya en su escrito de acusación que ambos, para dificultar su identificación y el papel preponderante que desempeñaban, «impartían sus instrucciones a través de terceros y solo participaban en encuentros personales con su círculo de confianza en locales de hostelería de los alrededores de Puerto Marina (Benalmádena) en momentos trascendentes y determinantes».

El error que pone en riesgo la causa

No es el único revés que ha sufrido esta causa, en la que ya se ha dado por concluida la instrucción de la pieza central del caso, referente a los delitos de organización criminal y narcotráfico. Como adelantó este diario, fuentes cercanas a los 18 acusados pedirán la nulidad completa de las actuaciones por vulneración al derecho a un juez imparcial y a la igualdad de armas entre las partes. Esto, después de conocerse el contenido de un e-mail que, según fuentes judiciales, «se coló por error» en la segunda página de una providencia firmada por el titular de ese juzgado, Santiago Pedraz, el pasado 2 de marzo.

El mensaje, según las mismas fuentes, fue escrito por la letrada de la administración de Justicia del juzgado y no por el magistrado. En el texto se daban instrucciones precisas a la funcionaria encargada de redactar esa providencia, dirigida a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, presidida por el juez Alfonso Guevara, para pedir a Países Bajos información sobre la extradición de dos de los encausados que actualmente se encuentran detenidos en ese país, Mohamed Lazaar y Patrick Sarantellis, ante el temor a que su entrega dilatase la celebración del juicio.

Según fuentes cercanas a los acusados, de ese escrito se podría desprender que, para lograr su objetivo, el fiscal De Lucas habría «hablado» con algún juez a espaldas de los abogados de los 18 procesados. «He vuelto a hablar con el fiscal, me dice que cree que podemos intentar la elevación de Lazaar… (y ha hablado con Guevara y explicado la situación de Sarantellis y de este, cree que lo aceptarán)», empezaba el mensaje. «Poner esto más o menos y elevar la pieza… Si nos la devuelven, bueno, pero De Lucas cree que se la quedarán. Lo intentamos», añadía el e-mail que se habría colado por error en la segunda página de la providencia firmada por Pedraz.