El coste de bloquear el CGPJ: 69 vacantes en la cúpula judicial y un Supremo cerca del colapso
Un informe del alto tribunal alerta de que este escenario implica que se dicten mil sentencias menos al año y se retrasen los tiempos de respuesta
Fachada del Tribunal Supremo. | Jesús Hellín (Europa Press)
Un horizonte de tinieblas se cierne sobre la Justicia. La ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es mucho más que un desencuentro político. Afecta al funcionamiento de la judicatura. El órgano de gobierno de los jueces lleva cuatro años con el mandato caducado y casi 20 meses sin realizar nombramientos. Se lo impide una reforma legislativa que aprobó el Ejecutivo para evitar que designara nuevos altos cargos mientras siguiera en funciones. Como consecuencia, existen 69 vacantes en la cúpula judicial y un Tribunal Supremo al borde del colapso que dicta hasta mil sentencias menos al año.
«La situación en el Supremo es insostenible», reconocen los vocales del CGPJ consultados por THE OBJECTIVE. El alto tribunal cuenta en este momento con 17 plazas sin cubrir de las 79 que lo conforman, según establece la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Los magistrados ya vislumbran el abismo. En los próximos meses podrían sumarse tres nuevas bajas, lo que supondría que el alto tribunal tendría sin cubrir el 25% de sus puestos.
Las dos últimas salidas se han producido este mismo mes de octubre con las jubilaciones de María Luisa Segoviano y de Ricardo Bodas, ambos de la Sala de lo Social, donde se dirimen cuestiones tan relevantes como las reclamaciones relacionadas con la pandemia. El panorama es crítico. La Sala debe estar constituida por 12 magistrados y el presidente, pero solo cuenta con ocho miembros, cinco por debajo de lo que marca la norma.
La alternativa del CGPJ
El escenario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo también preocupa. La ley señala que debe estar compuesta por 33 magistrados, presidente incluido, pero en estos momentos apenas cuenta con 24 miembros, nueve menos de lo establecido. A finales de año se producirá una nueva baja, ya que está prevista la jubilación de Octavio Herrero.
La Sala de lo Militar conserva seis de los ocho magistrados que deben componerla. Dentro de un año serán cinco, ya que Fernando Pignatelli debe jubilarse. La situación es más holgada en las dos salas restantes. La de lo Civil cuenta con nueve miembros, por lo que solo tiene una vacante, mientras que la de lo Penal conserva a sus 15 magistrados. Sufrirá la primera salida en abril con la jubilación de Miguel Colmenero.
La decisión del PP de suspender las negociaciones para renovar a los vocales que conforman el CGPJ dificulta el funcionamiento de la Justicia. Los 18 miembros que componen actualmente el órgano de gobierno de los jueces (hay dos bajas, una por jubilación y otra por fallecimiento) tienen previsto reunirse en los próximos días para estudiar las alternativas con las que cuentan para aliviar el funesto panorama. Lo harán bajo las directrices de un presidente interino, Rafael Mozo.
El Consejo sopesa rescatar un plan ideado en los tiempos de Carlos Lesmes, que dimitió como presidente el 9 de octubre. La tarea que más urge paliar es la situación del Tribunal Supremo, donde no pueden cubrir las vacantes que se registran desde marzo del año pasado, cuando entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que les prohíbe realizar nombramientos de altos cargos de la judicatura mientras el CGPJ se encuentra en funciones.
La alternativa consiste en enviar efectivos al alto tribunal mediante planes de refuerzo, comisiones de servicios temporales o sustituciones externas a través de catedráticos y altos funcionarios. Unos parches que ya se han aplicado en tribunales menores. El CGPJ optó por no implementarlos en el Supremo, donde los magistrados se van turnando para cubrir huecos, por las dudas legales que existen en torno a esta fórmula. Se trataría de un alivio temporal, nunca de una solución definitiva.
Tribunales territoriales
A las 17 vacantes que lastran el Supremo hay que sumar las plazas sin cubrir en la cúpula judicial territorial: tribunales superiores, audiencias provinciales y hasta una en la Audiencia Nacional. Un total de 52 de puestos que no cuentan con un titular, según los datos aportados por el CGPJ. La mayoría de las plazas desiertas, nueve, están en Andalucía. Entre ellas, la presidencia de su Tribunal Superior de Justicia y los presidentes de la Sala Social del citado tribunal tanto en la sede de Sevilla como en la de Granada.
En Castilla y León existen seis vacantes, entre ellas la del presidente del Tribunal Superior de Justicia regional. Lo mismo que en La Rioja, donde las bajas llegan a cinco. En Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha están sin cubrir cuatro altos cargos de la Justicia. Valencia, País Vasco, Murcia y Cataluña tienen tres vacantes, mientras qu Madrid y Extremadura solo dos. En el resto de autonomías falta uno.
Los altos cargos de la judicatura no son el único escollo a salvar. La falta de cobertura implica que se dicten mil sentencias menos al año entre las cinco salas del Supremo y se alarguen los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo. Se retrasan también las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas, y que según fuentes judiciales, «se cuentan por varias decenas de miles al año». La situación tiene «una enorme repercusión» en todos los niveles de los escalones jurisdiccionales.
Un informe del Gabinete Técnico del Supremo elaborado en octubre del año pasado ya alertaba de las consecuencias de no renovar el CGPJ. La Sala de Gobierno del alto tribunal se llegó a dirigir al Consejo para mostrarle su preocupación «por las perniciosas consecuencias, ya graves (…), que previsiblemente irán acrecentándose (…) en el funcionamiento del tribunal». Ya entonces, cuando faltaban 11 de los 79 magistrados que conforman el órgano, los profesionales observaban «una perturbación en el funcionamiento» de las salas.
