15 regiones incumplen la ley: tardan más de seis meses en resolver las ayudas a la dependencia
Solo Castilla y León, País Vasco y Ceuta cumplen con lo establecido en la normativa estatal de dependencia
El Gobierno se propuso reducir la lista de espera a la dependencia hasta las 170.000 personas a finales de 2021. También resolver los expedientes de dependencia en un máximo de seis meses–algo que exige la ley–. Pues bien, ni una cosa ni otra han cumplido. A finales de junio de 2022 –últimos datos disponibles–, la cifra de personas a la espera de resolución ascendía a 195.209 (25.000 por encima del objetivo), y la mayoría de comunidades autónomas no cumple con lo establecido en la normativa estatal de dependencia.
La ley, aprobada hace 16 años, en diciembre de 2006, durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, recoge en su disposición final primera que «el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones».
Una quimera en la mayoría de las comunidades autónomas. Así se desprende del documento al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, facilitado por el Portal de Transparencia, que proporciona los datos desde el 30/09/2021 al 30/09/2022. En él se puede observar como 15 de las 17 regiones, más la ciudad autónoma de Melilla, incumplen sistemáticamente con ley al tardar más de seis meses en resolver una resolución de prestación. Solo cumplieron Castilla y León (125), País Vasco (133) y Ceuta (51). En el resto de las regiones, las diferencias son considerables. Llama la atención los más de mil días, esto es, más de tres años, que los canarios tienen que esperar para recibir una de estas prestaciones. Un dato que ha ido aumentando progresivamente en los últimos años: 2021 (943), 2020 (953), 2019 (828). En más de un año se encuentran Andalucía (580 días) y Murcia (500). De media, se tarda 12 meses a nivel nacional en resolver cada petición (360 días).
No obstante, en el documento facilitado a este diario se puede ver una disminución en el tiempo de espera en cuanto a años anteriores. En 2021 la media era de 421 días y en 2020 y 2019 de 403. En este sentido, todas las comunidades han bajado los tiempos excepto Islas Canarias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León y Ceuta y Melilla, que de un año a otro han aumentado ligeramente el tiempo medio de espera desde la solicitud de dependencia hasta la resolución de prestación.
Casi 200.000 personas en la lista de espera de ayudas a la dependencia
Uno de los objetivos de esta legislatura es reducir el número de personas dependientes en esta lista. Así lo ha anunciado en varias ocasiones la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ya anunció en 2021 su propuesta de disminuir en 60.000 personas –hasta las 170.000- las listas de espera para ese año, cuando 232.243 personas se encontraban en el denominado limbo de la dependencia. Es decir, personas a las que se le ha aprobado algún tipo de ayuda, pero no la han recibido. No obstante, este objetivo tampoco ha sido cumplido.
A 30 de junio de 2022, según el último informe semestral publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), 195.209 permanecían en estas listas, un cifra que supera en 25.000 solicitantes el límite planteado por el Ejecutivo. «A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención», señalaba a principios de año la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que ya por entonces anunciaba el «fracaso» de un plan de choque que se «ahoga» entre tanta burocracia y que ha sido reforzado con 600 millones suplementarios en los Presupuestos para 2023.
Y es que el proceso para solicitar las ayudas a la dependencia se realiza por fases. En primer lugar, se deberá solicitar el reconocimiento como dependientes a través de la página web del Imserso, quien, tras recibir la petición, realizará una valoración del solicitantes. Después, el Programa Individual de Atención (PIA) determinará «los servicios y prestaciones que corresponden al solicitante en atención a su grado de dependencia».
De igual forma, denuncia el Observatorio Estatal para la Dependencia, pasados casi dos años de la pandemia no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 423 €/mes (Grado II) y 531€/mes (Grado III). De esta forma, el sistema, señalan, «se reactiva» –ya que logró atender a 97.912 dependientes más y generó 27.453 nuevos empleos en 2021–, pero ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste «dirigidos a los dependientes con Grado I».
23.836 fallecidos en lista de espera en 2022
La interminable dilación de muchos procedimientos tiene como consecuencia el que muchas personas salen de la lista de espera por causa de fallecimiento sin haber recibido las prestaciones o servicios a los que tenían derecho. Es lo que ha pasado en los primeros seis meses de este año en España, cuando 23.836 personas han perdido la vida esperando a poder ser atendidos por el Sistema de Dependencia. En concreto, de esas casi 24.000 personas, 13.736 eran dependientes con derecho pendientes de prestación, y 10.101 estaban pendientes de resolución del grado de dependencia.
Igual pasó en 2021. En este año, 46.671 personas fallecieron esperando esta ayuda. Esto es, 127 muertes diarias, una persona cada 11 minutos. Así, según el Observatorio, del total de fallecidos, 28.192 eran dependientes con derecho pendientes de prestación y 18.479 pendientes de resolución de grado. Además, el 44% de todos aquellos que se encontraban en el limbo eran personas con grados II y III de dependencia. Es decir, aquellas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria o apoyo indispensable de otra persona de forma continua.