Los inspectores cargan contra Montero por los cambios en la promoción interna: «Un destrozo»
«Bajo el paraguas de la democratización, se atisba un ansia desmedida desde hace años por colonizar la Administración», denuncia la principal asociación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | Eduardo Parra (EP)
Los cambios para facilitar el sistema de selección por promoción interna tienen en pie de guerra a parte de los funcionarios, especialmente los de la alta administración. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha cargado duramente este martes contra el plan acordado entre el ministerio que dirige María Jesús Montero y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, con el que se prevé flexibilizar las pruebas que permiten ascender internamente. En concreto, consideran que esta simplificación de los exámenes «supondrá el destrozo de la Administración Pública y la muerte de una Función Pública altamente cualificada, independiente y profesional».
En declaraciones a THE OBJECTIVE, el presidente de la asociación, Julio Ransés Pérez Boga, que fue además ‘número tres’ en la lista a la alcaldía de Madrid con el PSOE de Antonio Miguel Carmona, ha sido aún más claro, calificando el proyecto de «atroz». «La reforma va directamente a la yugular de los pilares de la Función Pública, tanto a la preparación como a los méritos y capacidades. Si queremos fomentar la promoción interna no se debe hacer es base de rebajar la calidad, sino ayudando a los funcionarios a que pasen el listón formándoles mejor», explica.
«Lo que se pretende es simplificar los requisitos para que personas sin demasiada preparación lleguen a la alta administración, lo que me parece un despropósito», abunda, asegurando que otros altos cuerpos también han manifestado su indignación con una reforma en la que «no solo no se les ha escuchado sino que se les ha negado la capacidad de hablar». Julio Ransés confirma que desde su asociación han remitido varias cartas a responsables del Ministerio advirtiéndoles del «disparate e incoherencia» que suponen los cambios y solicitando una reunión urgente. De no atender sus peticiones, la IHE ha advertido de que tomará todas las medidas oportunas y a su alcance «para evitar la muerte» de la Función Pública.
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos revisa y actualiza los criterios en los procesos de promoción interna a los que se presentan los empleados públicos para mejorar su carrera profesional, facilitando con diferentes medidas ese ascenso con el objetivo de evitar que se queden plazas sin cubrir. Por un lado, los exámenes para la promoción interna serán a partir de ahora de tipo test, se acumularán los ejercicios en una única prueba y habrá menos temario. Además, los funcionarios estarán exentos de realizar ejercicios que hayan superado en convocatorias anteriores y análogas.
En su misiva hecha pública este martes, los inspectores incluso denuncian posibles intenciones ocultas del Ejecutivo. En concreto, denuncian que, en el ámbito de la AEAT, «bajo el paraguas de la modernización, de la democratización y de la agilidad de las pruebas, se atisba un ansia desmedida manifestada hace años por colonizar la Administración —la parte política— y sumar afiliados en puestos relevantes, con el sólo objetivo de recuperar un peso sindical que veían peligrar en los últimos años».
En este sentido, Julio Ransés Pérez Boga señala que, con la reforma, «se introduce un grado de subjetividad elevadísimo» que podría servir «para que el Gobierno de turno tenga la tentación de seleccionar a las personas para la alta administración con un interés clientelar«. «Relajar los criterios objetivos e introducir el concepto de actividad previa lo único que va a generar es que, al realizar la selección, cualquier Ejecutivo tendrá muy fácil caer en tentaciones y permitir la proliferación de los famosos ‘enchufados’ en niveles que actualmente son imposibles», sentencia.
Funcionarios peor preparados
En el comunicado, la asociación de inspectores enumera la lista de agravios que, a su juicio, supone la reforma del Gobierno. Lo primero que critican es «la falta de diálogo y a la unilateralidad que han presidido este acuerdo», que solo ha tenido en cuenta a una parte de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE). En este sentido, se quejan también de que no se han atendido las peticiones de participación de los cuerpos superiores en el proceso de modernización de la Función Pública y de que el acuerdo «conculca» los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
«A pesar de mencionarse hasta la saciedad, no se respetan en un proceso que esconde una evidente discriminación y un absoluto desprecio por el esfuerzo del candidato, llegando a degradar hasta puntos insospechados la exigencia en la preparación técnica del futuro funcionario», denuncian los inspectores de Hacienda del Estado. Al mismo tiempo, critican «la falta de transparencia» de los futuros criterios de selección contenidos en el acuerdo, en el que priman «elementos subjetivos y de antigüedad, frente al prestigio y la objetividad de que gozan los actuales sistemas de selección».
«La modernización no puede derivarse de un proceso que tendrá en cuenta unas pruebas como las propuestas, básicamente de tipo test y de evaluación de competencias no especificadas, y basado en una gestión ineficiente del gasto público sin precedentes, por cuanto parte de los candidatos formados con dinero público por la AGE, en la segunda fase nunca serán seleccionados», alegan. A su juicio, el acuerdo alcanzado rebajará el nivel de preparación técnica, lo que deja entrever «una obsesión desaforada por cubrir el número de vacantes, aunque los candidatos no obtengan el nivel suficiente».
«Primar la cantidad frente a la calidad redundará en un peor servicio público que, en el ámbito de la Agencia Tributaria, se traducirá, sin duda, en una minoración de los ingresos públicos tan necesarios en el proceso de recuperación de la situación económica derivada de la Covid-19 y de la crisis energética y económica actual», advierte la asociación, que considera además que el acuerdo no soluciona el doble problema de reducir la edad media del funcionario y aumentar la plantilla de la AGE.
