Montero destinará 100.000 euros a formar en «perspectiva de género» a futuros funcionarios
El Instituto de las Mujeres, dependiente de Igualdad, invierte 98.000 euros en la formación de siete graduados universitarios que se incorporarán a sus filas
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas (3d), y la ministra de Igualdad, Irene Montero (c), en un acto reciente. | Europa Press
El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero ha abierto este jueves una convocatoria para obtener becas de formación con «perspectiva de género». Estas irán destinadas a siete futuros funcionarios del Instituto de la Mujer. Un total de 98.000 euros que se repartirán en siete beneficiarios, que pasarán a incorporarse al servicio de estadística, al de actos institucionales y culturales, al de comunicación e imagen, al de unidad de apoyo, al servicio jurídico y al área de igualdad en empleo del organismo dependiente de Unidas Podemos.
Las becas de formación María Telo (en honor a la ínclita jurista y feminista española) tienen por objeto «convocar, en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de objetividad y publicidad, siete becas destinadas a personas con titulación superior universitaria» en las áreas antes enumeradas. Con este objetivo, se asignará a los premiados 1.100 euros brutos mensuales o una «cantidad proporcional al número de días que en el mes de inicio o finalización se haya disfrutado de cada beca». Esto es, un mínimo de 13.200 euros brutos anuales.
La perspectiva de género deberá ser aplicada por los becados a labores tan diversas como la «organización y gestión de eventos culturales» o «la tramitación de las solicitudes de acceso a información pública que entran en el Portal de Transparencia», aunque la convocatoria no especifica cómo. Sea como fuere, para el desempeño de estos trabajos se valora, además de las aptitudes específicas para cada área, el dominio del inglés y los «conocimientos y/o experiencia acreditada en materia de igualdad entre mujeres y hombres».
El importe destinado a estas becas se obtiene del presupuesto del Instituto de las Mujeres, que goza de 23,6 millones en 2022. Estos son parte de los 525 de los que disfruta el Ministerio de Igualdad, que dispondrá de 573 el próximo año, tal y como figura en los Presupuestos Generales del Estado 2023. Un 9% más de una cifra que, cuando fue aprobada, ya supuso un récord.
Tal y como desveló THE OBJECTIVE en exclusiva, 63 funcionarios trabajan ahora mismo en el Instituto de las Mujeres, nueve menos que en 2021. Además, desde que arrancó la legislatura, el pasado enero de 2020, 30 trabajadores han solicitado el traslado a otro organismo del Gobierno. Casi la mitad. Quizá eso explique la necesidad de invertir esa cuantía en formar y captar a futuros empleados.
Según ha podido saber este medio por fuentes del Ministerio de Igualdad, el éxodo de funcionarios en esta cartera tiene una doble causalidad. Por un lado, el difícil carácter de la ministra Irene Montero. Por otro, los postulados queer que preconiza, y que incomodan a los funcionarios más afines al feminismo clásico, que creen que la «autodeterminación de género» recogida en la ley trans borrará la categoría jurídica de mujer y convertirá en papel mojado toda la legislación de igualdad.
La «perspectiva de género»
La perspectiva de género, un concepto que preconiza el Ministerio de Igualdad, está en el punto de mira. Este pasado miércoles Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de igualdad de trato y no discriminación, también conocida como ley Zerolo, precisamente porque este concepto «es una imposición ideológica en toda la estructura estatal»: «Quieren impregnar de ese sesgo ideológico a todos y cada uno de los sectores, incluso más allá de la Administración. Incluso la esfera personal».
Los representantes de la formación que preside Santiago Abascal lo consideran uno de los cuatro fundamentos de dicha ley que vulneran varios principios y derechos fundamentales. En concreto, esta ley impone en su artículo 4.4 una obligación legal para todos los poderes públicos de implementar políticas que incorporen «la perspectiva de género» en el fenómeno de la discriminación. Una prescripción que desde el Ministerio de Igualdad siempre han seguido al pie de la letra.
