Vox recurre al Constitucional la 'ley Zerolo' porque «vulnera el derecho de igualdad»

Vox insiste en dar la batalla política en los tribunales. Este miércoles ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la ley de igualdad de trato y no discriminación, también conocida como ley Zerolo. La formación verde considera que la norma, que entró en vigor a mediados de julio, «vulnera el derecho de igualdad, de la neutralidad de la Administración pública y el derecho a elegir la educación de los hijos por imponer un sesgo ideológico». Se trata del recurso número 41 que presentan los de Santiago Abascal en lo que va de legislatura, aunque el tribunal de garantías ha desestimado la mayoría.

La ley Zerolo incluye la aporofobia y el antigitanismo como delitos de odio. La norma prevé multas de hasta 500.000 euros. Además, modifica el Código Penal, por lo que los delitos pueden conllevar penas de entre uno a cuatro años de prisión. La legislación regula ámbitos como el laboral, el educativo, el sanitario y el de la vivienda y señala específicamente que nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen, sexo o religión, como ya recoge la Constitución.

Desde Vox trasladan que esta ley «no supondrá una mejora de la protección del ya existente derecho constitucional de los españoles a ser iguales ante la ley sino todo lo contrario». Por eso, este miércoles el vicepresidente de la formación, Javier Ortega Smith; su vicesecretaria Nacional Jurídica, Marta Castro; y el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo, han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Han estado acompañados por la diputada Lourdes Méndez y un nutrido grupo de simpatizantes.

Vox y la ideología

«Es una imposición ideológica en toda la estructura estatal. Quieren impregnar de ese sesgo ideológico a todos y cada uno de los sectores, incluso más allá de la Administración. Incluso la esfera personal», ha reconocido Castro a la salida del Constitucional. En su opinión, supone «un ataque frontal» contra el principio de neutralidad y el artículo 103, que establece cómo se deben regir las instituciones públicas. Castro cree que esta ley «ataca a libertad de todos los españoles», especialmente la de los padres para elegir la educación de sus hijos y la de empresas, a los que se intenta «imponer un sesgo ideológico».

El texto aprobado el 30 de junio por el Congreso a iniciativa del PSOE crea una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. El personal de este organismo debe ser funcionario de carrera o personal laboral procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones en materia de igualdad de trato y no discriminación. Su objetivo no es reconocer nuevos derechos, sino garantizar los que ya existen en el artículo 14 de la Constitución.

«Se ha obviado que ya está incorporada a nuestra normativa laboral y social los principios no discriminatorios», ha insistido la vicesecretaria Nacional Jurídica. Cree que la nueva norma no consigue mejorar «en absoluto» las condiciones de los españoles. La formación verde entiende que la entrada en vigor de la denominada ley Zerolo provocará un peor estatus regulatorio y «la conculcación de una serie de derechos que ni siquiera guardan relación con aquella, lo que producirá efectos absolutamente indeseables».

Los representantes de Vox han expuesto cuatro fundamentos que vulneran varios principios y derechos fundamentales. En primer lugar, tal y como explican, esta ley impone en su artículo 4.4 una obligación legal para todos los poderes públicos de implementar políticas que incorporen «la perspectiva de género» en el fenómeno de la discriminación. El segundo motivo al que apela la formación verde es que la ley vulnera el artículo 27.3 de la Constitución al atentar contra el derecho de los padres a elegir la educación «al discriminar por razones ideológicas».

«Solo los padres que tienen recursos pueden llevar a sus hijos a la educación privada. La inmensa mayoría lo tienen que hacer a la pública sometidos al adoctrinamiento ideológico y sectario de la izquierda», ha afirmado Ortega Smith. Su formación lamenta que, con esta normativa, todos los centros que hayan optado por la educación diferenciada estarán excluidos de la posibilidad de acceder a financiación pública. «Esta ley es un eufemismo, una hipocresía, una mentira», ha insistido el vicepresidente de Vox.

La inmigración ilegal

La formación insisten en que la conocida como la ley para la igualdad de trato «lesiona la libertad de empresa» porque distorsiona la relación laboral ya que en la normativa laboral va implícita que para cualquier contratación o despido se debe tener una justificación objetiva, legítima y proporcionada. «Imponen un elemento ideológico a una decisión que es organizativa». Además, creen que la norma se extiende a relaciones personales en ámbito público, lo que «supone un ataque frontal a la libertad al regular la actividad privada».

Ortega Smith ha sostenido que lo que ha hecho este Gobierno es «pisotear» la igualdad. Lo hace, dice, la ley contra la violencia de género, que en su opinión ha generado desigualdad entre hombres y mujeres al «imponer esa mentira de la ideología de género». En su opinión, esta ley también perjudica a los inmigrantes legales porque los que llegan de forma ilegal «tienen prioridad a la hora de recibir ayudas públicas». El sindicato Solidaridad, próximo a su partido, ya impugnó hace tres semanas la ley que agiliza la incorporación de extranjeros al mercado laboral ante el Tribunal Supremo.

En lo que va de legislatura, Vox ha presentado 41 recursos ante el Constitucional. Sus detractores lo califican como un lawfare «de manual». Ninguna otra fuerza política se acerca a esos registros. No obstante, la mayoría de las apelaciones presentadas han sido desestimadas (el Constitucional rechaza el 97% de los recursos). Puede presentarlas gracias a los resultados obtenidos tras la repetición electoral de 2019, que le permitió superar el listón de los 50 diputados necesarios, tal y establece el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Hace una semana, el Constitucional rechazó el recurso de Vox que quería acabar con la reforma laboral. La formación verde argumentó que el famoso fallo de Alberto Casero en la votación de la ley en el Congreso propició que la norma saliera adelante en febrero. Con su error, el diputado del PP ayudó a aprobar la reforma, ya que el cambio de parecer de los parlamentarios Sergio Sayas y Carlos García Adanero, a la postre expulsados de Unión del Pueblo Navarro (UPN), garantizaba su fracaso.

En su escrito, la formación verde pedía que se anulara la reforma laboral en su conjunto, a diferencia del PP, cuyo recurso aún espera el veredicto del tribunal de garantías. Los populares sostienen en su apelación que Casero sufrió «un fraude democrático» porque no se le permitió correr el error, aunque lo cierto es que el diputado se equivocó hasta tres veces en las votaciones de ese día.