Encuesta | ¿Está de acuerdo con la reforma del delito de sedición planteada por el Gobierno?
La propuesta de PSOE y Unidas Podemos elimina las penas máximas y rebaja la condena de 15 a cinco años, lo que beneficia a los políticos del ‘procés’
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Gobierno ha propuesto derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro desórdenes públicos agravados que contempla penas de 3 a 5 años de prisión –frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente- e inhabilitación de 6 a 8 años –frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual-, según recoge la proposición de ley orgánica realizada por PSOE y Unidas Podemos.
El texto plantea esta rebaja tras derogar el artículo 544 del Código Penal -que define el delito de sedición- y modificar el artículo 557 para crear lo que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, denominó «desórdenes públicos agravados».
Así, la proposición señala que «serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación: sobre las personas o las cosas; u obstaculizando las vías públicas ocasionando un peligro para la vida o salud de las personas; o invadiendo instalaciones o edificios».
Y añade que «los hechos descritos en el apartado anterior serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por el mismo tiempo cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público».
«En caso de hallarse los autores constituidos en autoridad, la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años», precisa la propuesta.
La medida beneficiaría a los líderes del ‘procés’ fugados. Tanto Carles Puigdemont como Marta Rovira serían juzgados de forma más beneficiosa que sus compañeros de política, con los que llevaron a cabo el referéndum ilegal de 2017, tras el cual abandonaron el país. Ambos verían reducidas sus penas en caso de retornar para ser juzgados, todo ello aplicando la nueva normativa.
Con respecto a los ya condenados, como Oriol Junqueras, vería reducido el tiempo de inhabilitación para cargos públicos que pesa sobre él, por lo que podría volver a presentarse a unas elecciones antes de 2026.
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