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Alertan de que la reforma de la sedición amplía la represión contra protestas ciudadanas: "Es más mordaza"

El nuevo texto legal permitirá imponer de seis meses a tres años de prisión a quienes ocupen una vía pública

Alertan de que la reforma de la sedición amplía la represión contra protestas ciudadanas: «Es más mordaza»

El nuevo texto legal permitirá imponer de seis meses a tres años de prisión a quienes ocupen una vía pública

El sindicato CGT alerta de que la sustitución del delito de sedición por el de «desórdenes públicos agravados» implica «más mordaza» contra cualquier movimiento social y considera que las protestas por desahucios, ante la sede de una empresa o fábrica, o las estudiantiles «están amenazadas de muerte con un texto de estas características».

En una nota de prensa, el sindicato advierte de que la reforma del Código Penal anunciada por los partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para eliminar el delito de sedición por el que fueron condenados los responsables del referéndum del 1-O, contiene una serie de modificaciones adicionales que amplían «la represión contra los métodos de protesta y de manifestación».

La reforma de los delitos de orden público «parecen haber sido creados a propósito para imponer delitos penales a las formas de protesta de numerosos colectivos, entre ellos las organizaciones sindicales», denuncia la Confederación General del Trabajo (CGT).

Y es que, explica, el nuevo texto legal permitirá imponer de seis meses a tres años de prisión a quienes ocupen una vía pública, como puede suceder en un recorrido alternativo en una manifestación, durante un desahucio o en aquellas otras situaciones que impliquen la ocupación (aunque sea temporal) de una entidad bancaria, un rectorado o una empresa con la que existe un conflicto sindical, lo que ahora se castiga con el delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal.

Además, si la manifestación es multitudinaria, añade, se prevén sanciones mayores, como la pena de prisión de tres a cinco años cuando se cometan por una multitud cuyo número, organización y propósito sean idóneos para afectar gravemente el orden público.

Por eso entiende el sindicato que la reforma «atenta directamente contra el derecho de protesta y manifestación», al establecer sanciones «abusivas», y le parece «inverosímil» que esta «involución» proceda de una coalición de formaciones políticas de izquierdas.

Fuente: EFE.

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