El Ministerio de Igualdad dice desconocer el número de madres que secuestran a sus hijos
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género responde a este medio que no posee el número de sustracciones parentales disgregadas por sexos
Los secuestros parentales son un problema creciente en España, donde ya se produce más de uno al día. Así lo reconoció el pasado mes de octubre el Ministerio del Interior, según datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: entre enero y agosto de 2022 se registraron 283 casos, pero la estadística oficial no aclara si la denuncia la realiza el padre o la madre. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska dejó de incluir este dato en los informes anuales que publica el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES).
Por eso THE OBJECTIVE se remitió al Ministerio de Igualdad, en virtud a la Ley de Transparencia, para saber si Irene Montero, que se ha volcado en la defensa de dos madres condenadas por sustracción de menores (María Sevilla y Juana Rivas), dispone de este dato. La respuesta de Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha sido clara: ni lo tienen ni saben dónde puede hallarse.
La respuesta a este medio llega en un momento polémico. Irene Montero tardó 48 horas en condenar el asesinato de Olivia, una menor de seis años, a manos de su madre. Lo hizo por la insistencia de un reportero. A posteriori, en el pleno del Congreso de los Diputados, recalcó su compromiso con las «madres protectoras», pese a la denuncia por intromisión ilegítima al derecho al honor interpuesta por Rafael Marcos, tildado de «maltratador» por la ministra de Unidas Podemos.
Y la respuesta también apuntala la opacidad del Gobierno en esta materia, denunciada por la Asociación de Niños sin Derechos (NISDE) y por el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC). Este último constató en 2018 que el sexo del secuestrador había desaparecido de los informes españoles desde 2009, cuando presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El organismo, a partir de datos aportados por otros país, asegura que 7 de cada diez secuestros parentales son perpetrados por mujeres.
Más secuestros parentales
El año 2021 se cerró con 434 diligencias policiales abiertas por sustracción de menores. En 2019, antes de la pandemia del coronavirus, se abrieron 369, mientras que hace seis años, en 2016, el número era tan sólo de 262. De seguir la tónica actual, este año cerrará con alrededor de 424 sustracciones de menores, aunque no se podrá saber cuántas han sido obra de las madres y cuántas de los padres.
Los datos facilitados el pasado 23 de octubre por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sí están, no obstante, desglosados por Comunidades Autónomas. En este sentido, Cataluña se sitúa a la cabeza, con 53 casos registrados hasta agosto. Le siguen la Comunidad Valenciana (46), Andalucía (44) y la Comunidad de Madrid (40). Mientras tanto, en las Islas Baleares se habrían abierto 32 diligencias, 25 en Canarias, 19 en Galicia y 18 en el País Vasco.
La estadística incluye los hechos conocidos por los cuerpos policiales encuadrados en el artículo 225 bis del Código Penal, que castiga los casos en los que participa un progenitor que, «sin causa justificada para ello», sustrae a su hijo menor. Contempla pena de prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años.
THE OBJECTIVE publicó el pasado mes de julio que las madres matan más a los hijos que los padres: 26 filicidios maternos acreditados por sentencia firme en los últimos 15 años en España, frente a 24 paternos. Para obtener ese dato se hubo de consultar al Ministerio de Justicia, por cuanto el de Igualdad , a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, contabiliza con precisión los crímenes cometidos por los padres contra sus hijos, pero se desentiende de éstos cuando son cometidos por mujeres. Este medio seguirá intentando obtener la cifra de secuestros parentales disgregada por sexos, y ya ha enviado una solicitud a Interior y Justicia.