El Defensor del Pueblo pide restablecer la luz en La Cañada Real con «licencias especiales»
La propuesta se basa en unos títulos habilitantes que pueden otorgar los Ayuntamientos en contadas ocasiones y que están sujetos a limitaciones
Ángel Gabilondo durante una comparecencia en el Congreso. | Eduardo Parra (Europa Press)
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado este martes restablecer el suministro eléctrico en La Cañada Real. Para que se haga la luz en estos asentamientos ilegales a solo 13 kilómetros de la Puerta del Sol, el dirigente pide que se contemple la concesión de licencias urbanísticas especiales por parte de las administraciones locales. Se trataría de unos títulos habilitantes que pueden otorgar los Ayuntamientos en contadas ocasiones porque están sujetos a limitaciones. Más de 3.000 vecinos, la mitad niños, llevan dos años sin electricidad. La empresa alegó enganches ilegales para suspender el servicio.
Gabilondo señala que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid recoge que con esa licencia especial se podrían iniciar los trámites para solicitar a la compañía suministradora la prestación del servicio en La Cañada Real, y que esta tendría que presentar a los respectivos Ayuntamientos el correspondiente proyecto de despliegue de la red.
Los sectores afectados por la falta de suministro son el V y VI, ubicados en los términos municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid. El Defensor del Pueblo sostiene que los afectados por la falta de electricidad no pueden desarrollar «una vida digna», lo cual, en algunos casos, «pone en riesgo la salud de muchos de ellos, especialmente personas mayores, enfermos crónicos y niños».
Contratos para La Cañada Real
«Queremos luz inmediatamente porque no se puede consentir que más de 4.000 personas, 1.800 de ellas menores, pasen otro invierno sin calefacción», subraya hace unas semanas Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Cultural Tabadol del sector VI de La Cañada Real. Reclamó «contratos» como el que tiene cualquier ciudadano y tildó la situación que padecen desde octubre de 2020 como «un atropello de los derechos humanos» porque al no tener electricidad, sus viviendas no cumplen con las condiciones adecuadas para vivir.
El Defensor del Pueblo recogió el guante. Estima que las diferentes administraciones, coordinadas por el Comisionado de la Cañada Real, creado en 2015, deben adoptar un papel más proactivo para afrontar esta emergencia humanitaria. «La Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid son actores fundamentales para la resolución de este problema», insiste una nota a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La aplicación del artículo 10 de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencia Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, así como el artículo 173 del Plan Urbanístico General de Rivas-Vaciamadrid contemplan la regulación de licencias de las edificaciones fuera de ordenación. El Defensor del Pueblo sostiene que el rol del Gobierno también es relevante porque «las edificaciones de la Cañada Real se encuentran en suelo patrimonial de la Comunidad y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción».
Gabilondo reitera su llamamiento a todas las administraciones y a la compañía suministradora para que, con carácter de urgencia, colaboren para que se restablezca el suministro eléctrico en la zona. Pide que «se acorten los plazos y se agilicen los trámites para que la electricidad vuelva a a los sectores V y VI de La Cañada Real lo antes posible, y desde luego, antes de que comience el invierno».
El Defensor del Pueblo ha hecho llegar esta resolución con las apreciaciones apuntadas al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real; a los Ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada; y a las consejerías de Sanidad, y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
El exdirigente socialista recuerda a las administraciones implicadas que la energía eléctrica es esencial para la protección de la salud de las personas, derecho reconocido en el artículo 43 de la Constitución. También es necesaria para garantizar el derecho a la educación que consagra el artículo 27 de la Carta Magna, ya que la falta de energía eléctrica está incrementando el absentismo escolar.
Mientras tanto, la batalla judicial para conseguir revertir la situación continúa. Los afectados denunciaron por coacciones a la Comunidad de Madrid y Naturgy en diciembre de 2020. El pasado febrero, la Plataforma Cívica por la luz en La Cañada presentó ante el Consejo de Europa una reclamación colectiva por incumplimiento de la Carta Social Europea. Save The Children se sumó a la petición en octubre, tras entregar 47.000 firmas a la Delegación del Gobierno de Madrid.
