El Govern reconoce que no puede impedir el 25% de castellano en 26 escuelas de Cataluña
El titular de Educación afirmó en septiembre que en el nuevo curso 2022-2023 «ningún aula de Cataluña aplicará el 25% de castellano»
El conseller de Educación, Josep González Cambray. | EFE
El consejero de Educación del Gobierno de la Generalitat, Josep González Cambray, ha reconocido que hay 26 escuelas en Cataluña que mantienen el 25% de horas lectivas en castellano en este curso 2022-2023 por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). De este modo, el dirigente nacionalista se ha visto obligado a rectificarse a si mismo, dado que, en septiembre, envío una circular a todas las escuelas catalanas -incluidos estos 26 centros-, ordenándoles impartir las clases en catalán. Como informó THE OBJECTIVE, hubo 27 escuelas que incorporaron este 25% desde 2015 y según Cambray iban a dejar de hacerlo en el nuevo curso escolar. Pero no ha sido así.
El titular de Educación sostuvo en su misiva que no se podía aplicar la sentencia de la Justicia catalana en la que se estipulaba este porcentaje mínimo de castellano porque el propio TSJC había presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para conocer la constitucionalidad del nuevo decreto del Govern que buscaba sortear el 25% de castellano. Y públicamente llegó a afirmar que «a partir de la próxima semana, ningún aula del país aplicará el 25% de castellano».
No obstante, este lunes, en la comisión parlamentaria de Educación, Cambray ha admitido tras una pregunta de Junts per Catalunya que la Justicia les obliga a mantener las medidas cautelares en los 26 centros con casos abiertos tras la denuncia de padres que exigen el cumplimiento de la sentencia. Y la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, también ha cerrado filas con el conseller y sin reabrir otro pulso con los tribunales.
Los centros se echan atrás
La Consejería de Educación presentó un recurso para anular las medidas cautelares en todos los casos particulares donde ya se garantizaba este porcentaje de educación bilingüe. El hecho de que el TSJC estimara que su propia sentencia no se podía aplicar hasta que el Constitucional resolviera sobre la constitucionalidad de las nueves leyes lingüísticas del Govern, motivó al departamento dirigido por Cambray para pensar que se podrían tumbar las medidas cautelares en base a un principio de «coherencia», para que todas las escuelas se encontraran en la misma situación y a la espera del fallo del tribunal de garantías.
En un primer momento, varios centros informaron a los padres que iban a retirar el 25% de castellano de sus planes educativos. No obstante, la mayoría de estos colegios dieron marcha atrás al ver que su decisión podría acarrear consecuencias judiciales sobre los equipos docentes.
Una de estas escuelas fue Turó del Drac, en Canet de Mar. Tras anunciar que «de acuerdo al nuevo marco normativo en materia lingüística» iban a suprimir el castellano como lengua vehicular, se echaron atrás tras la confirmación del TSJC de que debían mantener las medidas cautelares.
Las alegaciones del Parlament
Las alegaciones presentadas por el Parlamento catalán ante el Tribunal Constitucional también distan de las manifestaciones públicas del Govern. En el texto de 74 páginas firmado por el exletrado mayor de la Cámara Antoni Bayona se exhibe un discurso diametralmente opuesto a las instrucciones que Cambray envío a los centros para no incluir la lengua de más de la mitad de los catalanes en sus proyectos lingüísticos.
Incluso aseguran que, con su nueva legislación aprobada en esta legislatura, «reconocen a la lengua castellana la condición de lengua de enseñanza en Cataluña», algo que no «había sido reconocido expresamente hasta ahora».
En representación a los acuerdos aprobados por la Mesa de la Cámara, el Parlament razona que las leyes lingüísticas del Govern «contemplan que la lengua castellana también se incardine en el mismo como vehículo de comunicación en la educación y como lengua utilizada para impartir contenidos educativos». En referencia al Decreto ley 6/2022, por el que se fijan los criterios aplicables a la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos, ni la Ley 8/2022 sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
Con todo, cada vez son más voces dentro del espectro del independentismo -desde Junts a la CUP- que critican que el discurso público del Govern, y en particular del titular de Educación, no se corresponde con los hechos ni con la «defensa del catalán en las aulas».
