La jueza mantiene el caso contra dos dirigentes de Ceuta por la entrega de menores a Rabat
Las dos investigadas «desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas», según argumenta la magistrada que instruye la causa
La Delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos. | Antonio Sempere (Europa Press)
La causa judicial contra la deportación de 55 menores a Marruecos continúa su curso. La jueza que instruye el caso ha dictaminado este viernes proseguir el procedimiento abierto contra la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y la consejera de Presidencia, Mabel Deu (PP), al entender que ambas habrían cometido un presunto delito continuado de prevaricación administrativa.
En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha informado de que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha dictado un auto en el que acuerda continuar los trámites del procedimiento abreviado de las dos investigadas por la devolución del mes de agosto de 2021.
La instructora acuerda dar traslado de las actuaciones a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares, a fin de que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa. En el auto, notificado este viernes, la juez considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de un presunto delito continuado de prevaricación administrativa, la exdelegada del Gobierno en concepto de autora directa y Mabel Deu como cooperadora necesaria.
«Una flagrante y grosera infracción»
La magistrada entiende que el procedimiento de repatriación no fue el correcto, entre ellos por prescindir de la «preceptiva resolución individualizada acorde con la legalidad nacional e internacional de protección de los derechos de los menores». La magistrada considera que, de la instrucción practicada, resulta que las dos investigadas «actuaron de común acuerdo con flagrante y grosera infracción» de la normativa al respecto.
De este modo, y según prosigue el auto, las dos investigadas «desoyeron la prohibición de repatriaciones colectivas, prescindieron en absoluto del procedimiento administrativo, en especial de la audiencia del menor». La juez ha añadido que «ni tan siquiera han acreditado que, ante la disponibilidad de Marruecos de recibir a los menores, se arbitraran mecanismos para acelerar los trámites legales».
