Sánchez descarta ahora indultar a Griñán tras enterrar también la reforma de la malversación
Fuentes socialistas revelan a THE OBJECTIVE que Juan Espadas ordenó a sus 61 parlamentarios no firmar el indulto porque «va contra el código ético del PSOE»
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparece ante la comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos del Senado. | Europa Press
No habrá indulto para José Antonio Griñán. Según adelantan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha tomado la decisión de no conceder la medida de gracia al expresidente y consejero andaluz, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por delitos de malversación y prevaricación en la trama de los ERE. Se trata de «una decisión tomada», según fuentes de Moncloa, ante la que no habrá marcha atrás, lo cual aboca al también expresidente del PSOE a ingresar en prisión para la ejecución de la pena, pese a la solicitud de indulto parcial por parte del condenado de 76 años por razones de «humanidad y equidad».
Esta es una decisión que explica los movimientos que se han producido desde el verano en los grupos parlamentarios del Congreso y Senado. Fuentes socialistas revelan a THE OBJECTIVE que el líder del PSOE andaluz y senador Juan Espadas envió una directriz interna a sus 61 parlamentarios para impedirles firmar el indulto a Griñán. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, los encargados de trasladar la orden de la dirección regional en el Senado fueron los coordinadores de los diputados andaluces en el Congreso, Nacho López, y en el Senado, Micaela Navarro, quienes llamaron a sus señorías para comunicarles que «ningún cargo público puede firmar el indulto» porque incumpliría el código ético del PSOE.
Fue el argumento que esgrimió públicamente el pasado verano el mismo Juan Espadas, alegando que los estatutos del partido impiden apoyar el perdón del Gobierno a los cargos públicos condenados por corrupción. La única parlamentaria que se atrevió a saltarse la directriz del partido fue la expresidenta andaluza, Susana Díaz, quien firmó la petición de apoyo a la concesión del indulto al igual que los expresidentes del Gobierno, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La sucesora de Griñán en la Junta de Andalucía alegó que «malversación como tal no significa corrupción política» porque «Griñán no se ha llevado un duro».
Por este motivo, fuentes socialistas andaluzas consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que la denegación del indulto por parte del presidente Sánchez «no se va a entender en Andalucía». Y añadió: «Vamos a demostrar que le dejamos solo, nosotros, que somos su gente. Nuestro electorado ha firmado a favor del indulto, nuestra gente está con él y se le va a dar la espalda por motivos electorales».
Interferencia en la campaña electoral
El calendario no puede ser menos favorable para el expresidente de la Junta de Andalucía. El momento en que el Gobierno se pronunciará de forma desfavorable a la solicitud de indulto solicitado por Griñán será clave para desestimar la petición del expresidente andaluz. Fuentes gubernamentales explican que el procedimiento de concesión del indulto puede durar aproximadamente seis meses, durante los cuales han de solicitarse los informes preceptivos del tribunal sentenciador, el Tribunal Supremo y la Fiscalía. Algo que podría llegar en torno al mes de mayo de 2023, durante la campaña de las elecciones municipales y autonómicas, lo cual supondrá el retraso en la decisión gubernamental para no interferir en la contienda electoral.
Los socialistas son conscientes de que la concesión del indulto a Griñán en vísperas de una campaña electoral podría tener efectos indeseables para la proyección de voto del PSOE en un momento especialmente delicado, por la merma de su intención de voto y el previsible castigo del electorado progresista en sus feudos tradicionales, como Extremadura y Castilla La Mancha, por la derogación del delito de sedición. Este es uno de los motivos por los que se descartó la reforma del delito de malversación que se negoció hasta el último momento con ERC y que hizo saltar las alarmas entre los barones del PSOE. Una reforma que habría beneficiado a Griñán, pero que se daba de bruces con la lucha contra la corrupción que abanderaron el propio Pedro Sánchez y los secretarios generales territoriales por los escándalos que salpicaron al PP en Madrid, Valencia o Extremadura.
Uno de los argumentos a los que podría acogerse el Ejecutivo para denegar la concesión del indulto a Griñán es el eventual dictamen desfavorable del Tribunal Supremo. Una excusa paradójica dado que los indultos concedidos por la administración de Pedro Sánchez han contado con la oposición del Alto Tribunal, como ocurrió recientemente con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas o los indultos totales a los 12 condenados del 1-O. En ambos casos, el Supremo apreció que no concurrían las razones de justicia, equidad y utilidad pública que justifican la concesión de la medida de gracia en la Ley de Indultos de 1981.
