Se activan las expulsiones administrativas de radicales islámicos a Marruecos

El fin de las restricciones por la covid en el país vecino y la mejora de las relaciones entre Madrid y Rabat han permitido reactivar las devoluciones

En los últimos meses se han activado las expulsiones administrativas -sin juicio previo- de radicales islamistas a Marruecos en aplicación de la Ley de Extranjería, las últimas conocidas, las de los líderes islámicos radicados en Cataluña, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbi, y la de otro residente en Talayuela (Cáceres), Yahya Benaouda.

Fuentes jurídicas vinculadas a la lucha contra el terrorismo yihadista consultadas por EFE han indicado que, si bien no ha habido un aumento «significativo» de las expulsiones, sí puede dar la sensación de que se han reactivado debido a varios factores.

Fundamentalmente, por el fin de las restricciones por la covid en Marruecos, la mejora de las relaciones de España con el reino alauí, y el descenso en la imputación de delitos de integración en organización terrorista a raíz de la caída del Estado Islámico, ya que las expulsiones administrativas se aplican para delitos más leves y siempre penados con menos de 6 años de cárcel. Y es que, según destacan las diversas fuentes consultadas, «la expulsión, en ocasiones en que las conductas están al límite de lo punible, puede resultar más efectiva para el interés general».

Los tres últimos expulsados en otro momento probablemente habrían tenido que sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el terrorismo yihadista y haber sido expulsados una vez hubiesen cumplido condena. «Durante mucho tiempo por el tema covid no se estaban ejecutando expulsiones a Marruecos, y aunque la autoridad administrativa tenía acordada la expulsión, como no se ejecutaban las expulsiones, teníamos que sentar en el banquillo a esas personas» para que no quedaran impunes, ha explicado a EFE una de las fuentes consultadas.

Said Badaoui, presidente de la Asociación en Defensa de la Comunidad Musulmana de Reus y que vivía desde hace más de 30 años en Cataluña, fue trasladado a Marruecos por la Policía el 19 de noviembre junto a otro líder islamista residente también en este municipio tarraconense, Amarouch Azbi, por la «difusión de postulados radicales proyihadistas», sobre todo a menores.

De nada sirvió la declaración que aprobó la Junta de Portavoces del Parlamento catalán -con el apoyo de ERC, la CUP, JxCat y En Comú Podem- de solidaridad con Badaoui al considerarle una víctima de «represión política e islamofobia» por parte del Estado.

En virtud de la ley de Extranjería, cuando se detiene a un extranjero con residencia legal o irregular en España por delitos vinculados al yihadismo, antes de abrirle un procedimiento para decretar la expulsión, la autoridad administrativa tiene que revisar antes si tiene antecedentes y dirigirse a los órganos judiciales donde tiene esas responsabilidades penales pendientes.

Una vez que los jueces no ven inconveniente para la expulsión, el procedimiento se archiva de forma provisional por si en un momento dado el expulsado vuelve a España, bien de forma irregular o con sus papeles en regla, y, si la causa no ha prescrito, se reabre el procedimiento para poder enjuiciarle.

Ahora está pendiente de ejecución una expulsión concedida por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional a un investigado por enaltecimiento asentado en Toledo y que quedó en suspenso por el recurso que interpuso por una supuesta petición de asilo que habría formulado el investigado, informan las fuentes.

Fuente: EFE