La ANC organiza una protesta contra el nuevo delito de desórdenes públicos agravados
La entidad independentista denuncia que, a partir de la reforma penal, las «propuestas, opiniones, reuniones o protestas pueden acabar en condenas»
Dolors Feliu, presidenta de la ANC. | ANC
La Asamblea Nacional Catalana (ANC) busca movilizar las calles contra la reforma del Código Penal. La entidad ha convocado una manifestación el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el Día de la Constitución, para protestar contra el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, ya que consideran que «criminaliza el derecho a protesta», además de laminar los «derechos civiles» de los activistas independentistas.
Como informó THE OBJECTIVE, la gran mayoría del movimiento independentista -a excepción de ERC- denuncia que la aceptación del nuevo marco penal es una «aceptación» implícita de que «se delinquió» durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Y afirman que atenta contra el relato que ha difundido el Govern, tanto dentro como fuera de los confines nacionales, de promover la causa independentista como una cuestión de «democracia» y «legítima reivindicación política».
Interpelación al Govern de Aragonès
La concentración empezará a a las 12 horas del mediodía en Pla de Palau y culminará ante el Palacio de la Generalitat, en la Plaza Sant Jaume. A la salida, se avanzará por el paseo de Isabel II en dirección Montjuïc hasta llegar a la Plaza de Sant Jaume.
La ANC colocará un escenario en la que los principales líderes de la entidad y otras figuras del movimiento independentista interpelarán directamente al Ejecutivo de Pere Aragonès para que recupere el plan independentista.
Uno de los objetivos de la ANC desde el inicio de esta legislatura, tras las elecciones del 14 de febrero de 2020, es el de hacer prevalecer el «52% de voto independentista». A su juicio, esta mayoría en votos y escaños en la Cámara catalana legitima volver a recuperar el plan rupturista para culminar la secesión.
«Nos vemos en las calles»
Aunque con el fin de las restricciones derivadas de la pandemia han intentado recuperar el pulso en las calles, la división entre los principales partidos nacionalistas y el desgaste que acusa el movimiento independentista hacen que la que fue entidad referente de este espacio político pase por sus momentos más bajos.
En el vídeo promocional de la manifestación aseguran que «el nuevo delito de desórdenes públicos agravados convierte en delito nuestra historia. Nos vemos en las calles». En el spot se puede ver las sucesivas manifestaciones y coreografías que el nacionalismo catalán ha ido haciendo año por año, desde 2012 a 2022. Y denuncian que, a partir de ahora, «propuestas, opiniones, reuniones o protestas pueden acabar en condenas. Ningún demócrata puede avalar ni pactar con España el encarcelamiento del activismo independentista».
Ocupación de colegios electorales
Desde la ANC y otras entidades como Òmnium Cultural han avisado de que la reforma del Código Penal ya no requerirá ni siquiera que exista esta violencia ni los «tumultos» del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía, episodio que fue clave para condenar a los políticos independentistas por sedición.
Uno de los artículos que genera desconfianza entre estos sectores del separatismo es el artículo 557 bis, que queda redactado como sigue: «Los que, sin hacer uso de violencia o intimidación y sin estar comprendidos en el artículo anterior, actuando en grupo invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código».
De acuerdo con las voces más críticas del independentismo, esta introducción en el Código Penal abre la puerta a que una ocupación de los colegios electorales (ya que son edificios) en los términos del 1-O podría ser considerada delito. En especial, si causan «una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal». Y a su juicio pone cualquier otro acto de «reivindicación pacífica» ante el riesgo de ser sancionado.
ERC ve con optimismo la reforma del Código Penal, dado que abre una vía para que vuelva Marta Rovira, fugada a Suiza. Y también negocia con el Gobierno central una modificación del delito de malversación, que ayudaría en los procedimientos judiciales de muchos altos cargos de ERC, que se enfrentan a penas por este delito debido a su papel en el 1-O. Mientras tanto, el independentismo que está fuera de las instituciones arremete contra estas reformas porque, dicen, les condena de cara a nuevas movilizaciones y protestas.
