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Un juez investiga por prevaricación a la delegada del Gobierno en Madrid

Una asociación memorialista se querella contra Mercedes González por su falta de neutralidad a la hora de autorizar manifestaciones frente al Congreso

Un juez investiga por prevaricación a la delegada del Gobierno en Madrid

La delegada del Gobierno, Mercedes González, interviene en el acto homenaje a la Constitución Española en su 44 aniversario en la Real Casa de Correos. | Europa Press

El Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha admitido a trámite una querella de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica contra la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática, y le ha llamado a declarar como querellada el próximo 13 de enero de 2023, a las 11.30 horas de la mañana. Así consta en un auto al que ha tenido THE OBJECTIVE.

En el escrito, el juez señala que los hechos investigados «hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según los artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

El motivo de la querella es que la asociación memorialista no pudo manifestarse ante el Congreso de los Diputados el día que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, el pasado 13 de julio. La delegada del Gobierno no autorizó la ubicación y trasladó la protesta a la Plaza de las Cortes, unos metros más abajo del lugar solicitado. Cuando los manifestantes llegaron al enclave, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron de que debían hacerlo aún «más abajo», lo que supuso, en opinión de los querellantes, una limitación ilegítima de su derecho de reunión.

En un escrito remitido a este medio, la asociación carga contra «el trato privilegiado dado a las asociaciones memorialistas izquierdistas por parte de la delegada del Gobierno socialista, que les permitió manifestarse el día de la aprobación de la Ley de la Memoria Democrática justo frente al Congreso de los Diputados», mientras que a ellos los desplazó «más abajo del Hotel Palace, muy alejados del Congreso, sin apenas visibilidad, y además sometidos a un sol abrasador de más de 40º de temperatura».

Por lo expuesto, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica considera «evidente» que Mercedes González actuó «para beneficiar a las asociaciones memorialistas que gravitan en torno a las subvenciones públicas del PSOE y con abierta hostilidad hacia la querellante, prueba de que por encima de la neutralidad política que se exige en su cargo ha actuado desde el sectarismo del partido político al que pertenece, el PSOE, como promotor de la Ley de la Memoria Democrática».

Piden que la delegada dimita

Por lo expuesto, solicitan la dimisión de la querellada: «Una persona que está ahora mismo al borde de su condena no puede seguir ejerciendo el cargo, porque su neutralidad está en entredicho y porque sus decisiones están presuntamente dirigidas a contentar a los movimientos asociativos próximos a su partido político, mientras que aquellos que deseamos ejercer nuestro derecho fundamental a manifestarnos contra la Ley de Memoria Democrática fuimos discriminados, apartados y desplazados a una zona alejada de la inicialmente solicitada (en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso) y que era además un horno de calor insoportable que supuso un serie trastorno para los manifestantes que allí acudieron».

«Esperamos que de ahora en adelante todo delegado del Gobierno y alto funcionario socialista en España tome nota de que, según la Constitución en vigor, se ha de tratar a todos por igual, y que en aquellos casos en que esta asociación participe y sea tratada de igual manera que como hizo la delegada en Madrid, se interpondrá la oportuna querella criminal, pues es la única manera que vemos hoy en día de defender el Estado de Derecho ante la deriva totalitaria del actual Gobierno y la flojera de una parte sustancial de la oposición», zanja la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

Según especifica el auto consultado por este medio, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, puede interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación durante los tres días siguientes a la notificación de la querella, o bien un recurso de apelación directo en el plazo de los cinco días posteriores.

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