El Gobierno baraja retocar el 'solo sí es sí' a través de la 'ley de bienestar animal'

Dos frentes y dos rectificaciones: la reforma del delito de malversación y la ley del solo sí es sí. Tras semanas de terremoto político y desmentidos gubernamentales, el Gobierno cambiaba el paso este martes en relación a las dos cuestiones que han abierto sendos boquetes en el Gobierno formado por PSOE y Podemos. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitía que sí se abre a reformar los delitos de malversación en el Código Penal, tal y como exigía ERC para beneficiar a los condenados del 1-O, siempre y cuando no afecten a casos relacionados «con la corrupción política». Una autocorrección que no se circunscribe solo a los delitos de malversación, objeto de una enmienda de ERC a la reforma para derogar la sedición, sino también a la otra modificación del Código Penal para los delitos sexuales, que ha abierto una brecha en el seno de la coalición a cuenta de la rebaja de penas a agresores sexuales.

Según confirmó el presidente Sánchez, el Gobierno hará finalmente un «ajuste técnico» a la ley del solo sí es sí para evitar casos futuros de rebaja de pena a los condenados por agresiones sexuales a mujeres. Una rectificación sobre el proyecto de ley de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al que se niegan de plano en el sector morado y que podría abrir un nuevo cisma en las dos facciones de Podemos, los partidarios de Yolanda Díaz y los de la ministra Montero. Sin embargo, la decisión está tomada y la única duda es cómo y cuándo se hace.

La cuestión temporal no depende de los tiempos del Ejecutivo sino de los del Tribunal Supremo, que debe aún pronunciarse sobre las rebajas de penas en la aplicación de la Ley de Libertad Sexual. En un primer momento, el Gobierno confió en que el alto tribunal sentara jurisprudencia en contra de las rebajas de las penas, pero la esperanza inicial se ha desvanecido, abocando al Ejecutivo a actuar realizando un «ajuste técnico» que en Podemos interpretan como un ataque a la libertad de las mujeres y, también, a la autonomía de la titular de Igualdad. Un ajuste que ya estaría preparado por si el Supremo hiciera pública la decisión de aquí al próximo viernes. Un escenario que permitiría al Ejecutivo presentar esta modificación legislativa a través de una enmienda a la reforma del Código Penal para derogar la sedición, cuyo plazo de enmiendas concluye el próximo viernes 9 de diciembre.

Sin embargo, fuentes de Presidencia ven «poco probable» que el Supremo se pronuncie de aquí al viernes, con lo cual el ajuste tendrá que presentarse vía enmienda a «cualquier otra ley orgánica que se esté tramitando ahora» en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado. Y añaden que «una de las opciones sería hacerlo a través de la Ley de Bienestar Animal», cuya tramitación en paralelo a la modificación de penas por maltrato animal despertó la polémica por la advertencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la circunstancia de que pudiera haber mas castigo penal por el maltrato a un animal que a una mujer.

Posible terremoto en Igualdad 

Un escenario polémico que, no obstante, no sería la única opción que manejan en La Moncloa. Desde el Ministerio de Justicia señalan otras normas en tramitación como la Ley de Eficiencia Digital del servicio público de Justicia, cuyo plazo de presentación de enmiendas expira una semana después de la reforma de la sedición, el miércoles 14 de diciembre, lo cual permitiría encauzar este frente político antes de final de año. El cómo y el cuándo quedan, por tanto, a la espera de que el Supremo unifique o no doctrina. 

Sin embargo, desde el Ministerio de Igualdad dejan claro que no permitirán que esto avance sin oponer resistencia. El entorno de Irene Montero recuerda que fue el propio presidente Sánchez quien descartó los cambios en la ley y salió en defensa de la ministra en su comparecencia de prensa desde el G-20 en Bali el pasado mes de noviembre, y fue allí cuando abogó porque el TS sentara jurisprudencia antes de hacer cambio alguno. Este es el punto inicial de coincidencia entre las dos facciones de la coalición. A partir de ahí, Igualdad apela a la responsabilidad conjunta de un órgano colegiado como el Consejo de Ministros para defender que el proyecto de ley en vigor es intocable.

Y utilizan ahí la baza de que el mayor obstáculo de la ley debería ser su mayor aval: las correcciones impuestas en su día por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuya solvencia jurídica y legislativa viene de sobra acreditada por su nombramiento por parte del Gobierno como candidato al Tribunal Constitucional. Fue precisamente Campo el mayor objeto de los ataques de la órbita morada de la coalición. El exvicepresidente del Gobeirno, Pablo Iglesias, llegó a referirse a él como un «machista frustrado» por tumbar los borradores iniciales de la Ley de Libertad Sexual. Tras pulir las primeras redacciones del anteproyecto e incorporar las observaciones de Justicia y de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el texto vio finalmente la luz. Algo que para Podemos es la demostración de un proyecto garantista del que no debe surgir ahora ninguna marcha atrás por parte del Consejo de Ministros.