Batet impidió que los letrados del Congreso pusieran por escrito su rechazo al asalto al TC
El letrado mayor de las Cortes, Carlos Gutierrez, se remitió el martes a la solicitud de la Junta de Portavoces donde PP y Vox están en minoría
Meritxell Batet este miércoles en el pleno del Congreso en el Hemiciclo
La batalla jurídica no ha terminado y la política, tampoco. A la espera de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional el próximo lunes sobre el recurso de amparo del PP por las enmiendas sobre los nombramientos del Poder Judicial a la reforma del Código Penal, el Gobierno promete desplegar una ofensiva contra el principal partido de la oposición por lo que consideran un intento grave de injerencia en la soberanía popular. No obstante, más allá de las estrategias en la superficie, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la vulneración del Reglamento y la doctrina del TC en beneficio político del Gobierno. Una tesis en la que el PP encontró esta semana el apoyo de los servicios jurídicos del Congreso, pese a los esfuerzos de su presidenta, Meritxell Batet, por lograr que no existieran un informe de los letrados, según relatan fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE.
Una petición que solicitaron PP y Vox en la reunión de la Mesa por considerar la existencia de «un fraude de ley» por parte del Gobierno; la posterior Junta de Portavoces reprodujo el mismo debate pero sumándose el apoyo de Ciudadanos, sin éxito. Según relatan fuentes parlamentarias, los representantes del PP y Vox en el órgano rector, Ana Pastor e Ignacio Gil Lázaro, volvieron a exigir lo mismo que una semana atrás: el pronunciamiento de los servicios jurídicos de la cámara, que pretendía poner por escrito lo expresado de viva voz por los letrados del Congreso el pasado lunes, en la reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia.
Según adelantaron estas fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE, la letrada Isabel Revuelta alertó el lunes de que las enmiendas 61 y 62 a la citada reforma, relativas al cambio en los nombramientos al Poder Judicial (Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial) eran «inconexas por su heterogeneidad y, por tanto, no tenían cabida», es decir, que no guardaban relación alguna con el cuerpo normativo de la reforma sobre la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.
Así respondía al escrito que los populares presentaron al día siguiente a la mesa de la Comisión de Justicia y a la Mesa general del Congreso. Dos reuniones que desestimaron las reclamaciones del PP. En el caso de la comisión de Justicia, el presidente socialista Felipe Sicilia desestimó la cuestión ese mismo lunes alegando que había «una linea muy fina entre los argumentos del PP y los del Gobierno». Al día siguiente, hubo un segundo intento en la ‘Mesa grande’, el órgano rector de la cámara baja.
El letrado mayor se remitió a Batet
Según fuentes parlamentarias presenciales, el PP presentó nuevamente su escrito pero la cuestión no llegó a votarse. A la petición del PP y Vox de un pronunciamiento de los letrados, el letrado mayor de las Cortes, Carlos Gutiérrez, se remitió a la decisión formal «bien de la Mesa, de la Junta de Portavoces o la presidenta», pero Batet no contestó siquiera a la cuestión rehuyendo emitir un dictamen al respecto. Unas formas habituales en un órgano donde el PP está en minoría de seis a dos, habida cuenta de que aún no se ha cubierto la vacante de Adolfo Suárez Illana, quien recientemente ha entregado su acta de diputado y miembro de la mesa como secretario cuarto de la Mesa de Presidencia del Congreso.
Según fuentes parlamentarias, «ni siquiera se votó porque no se sometió a votación por parte de la presidencia» de Meritxell Batet, a diferencia de lo que ocurrió en la posterior Junta de Portavoces donde se rechazó la solicitud por mayoría. Las fuentes consultadas atribuyen además al criterio del letrado mayor, Carlos Gutiérrez, que las advertencias de ilegalidad realizadas por la letrada Isabel Revuelta en la ponencia de la Comisión de Justicia se pusieran negro sobre blanco en un informe escrito que evidenciara que el fondo de la cuestión se corresponde con lo expresado por el PP en sus escritos de consideración a la Mesa de Justicia y a la Mesa general del Congreso.
Las enmiendas deben ser «homogéneas»
En este contexto, los populares vuelven a insistir en exigir que medie el criterio de los letrados por una cuestión que consideran «profundamente inconstitucional», según se recoge en la propia doctrina del TC que en su sentencia 119/2011, de 5 de julio, estableció que «toda enmienda debe tener una correlación material o lógica con la iniciativa legislativa que pretende enmienda». Para el TC «no se trata de un problema de técnica legislativa sino que puede generarse una lesión de un derecho o puede existir un vicio de procedimiento legislativo».
Fuentes populares aseguran que es «imprescindible y urgente parar los pies a la arbitrariedad del Gobierno» porque «lo que no puede seguir haciendo el Gobierno es esta forma de legislar retorciendo el reglamento, pisoteando los derechos de los parlamentarios e intentando instrumentalizad la Justicia en beneficio propio… Esto no había ocurrido nunca, es típico de regímenes autoritarios», concluyen en el PP.
