¿Adiós a ser funcionario para siempre? Los sindicatos, en contra de la reforma del Gobierno
Una nueva ley establece que obtener de forma continuada resultados negativos en las pruebas de desempeño podrá tener como consecuencia la privación del cargo
Una funcionaria trabajando. | Europa Press
El anteproyecto de Ley de Función Pública, aprobado en el Consejo de Ministros este martes, ya está dando mucho que hablar porque podría ser el fin de que el puesto de funcionario sea sinónimo de trabajar para siempre sin miedo al despido. Y es que el Gobierno quiere que la evaluación del desempeño sea «obligatoria para todo el personal» y tenga «efectos directos en la progresión en la carrera profesional, en los criterios para la provisión de puestos de trabajo, en la continuidad en el puesto de trabajo, en la percepción del complemento de desempeño y en la valoración de las necesidades formativas».
Es más, según ha adelantado El País, el texto establece que obtener de forma continuada resultados negativos en estas pruebas de desempeño podrá tener como consecuencia la privación del cargo del funcionario. Es decir, que si un empleado público suspende de forma reiterada las nuevas evaluaciones, podrá ser puesto de patitas en la calle.
Eso sí, el texto no desarrolla por ahora ningún modelo de evaluación, aunque establece «unos principios y criterios orientadores», entre los que cita «la mejora continua y la revisión y seguimiento periódico de los objetivos de este modelo a través de un órgano colegiado creado al efecto que es la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño».
A pesar de esta falta de concreción, se trata de un proyecto contra el que ya claman los sindicatos mayoritarios, que consideran «gravísimo» que los funcionarios puedan ser apartados de sus puestos de trabajo si no superan estas nuevas evaluaciones por desempeño. Para CCOO y UGT , la simple posibilidad de «remover de su puesto de trabajo» a aquellos que lo han obtenido por concurso es «bastante grave», ya que «puede ser bastante subjetiva». Además, denuncian que la medida no se haya negociado con los sindicatos, algo que en su opinión es «simplemente inaceptable».
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este miércoles que presentará alegaciones al anteproyecto de ley de Función Pública, aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, al considerar que «carece de concreción y de las debidas garantías». El sindicato considera que el texto debería ser más preciso en algunas aspectos como la movilidad, el teletrabajo o la evaluación del desempeño y cree que «es muy mejorable desde el punto de vista técnico», según ha informado en un comunicado.
Exigencia europea
La reforma de la Administración es uno de los compromisos asumidos con la Comisión Europa para poder acceder a los fondos del Plan de Recuperación, además de estar incluida en el acuerdo marco para una Administración del siglo XXI, firmado entre el Gobierno y los sindicatos mayoritarios. De hecho, desde CSIF creen que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto «en el último minuto» por exigencia de la Unión Europea, para poder acceder precisamente a esos fondos de recuperación.
Además, entre otras deficiencias, el sindicato critica los límites a la movilidad y las generalidades del teletrabajo. El anteproyecto tampoco recoge la reivindicación de CSIF para promover el acceso al grupo B a personal del C1 que ya realiza estas funciones y cumple los requisitos, agrega el comunicado.
CSIF señala en que «el Gobierno ha fallado en tiempo y forma», ya que esta ley está pendiente desde 2007, cuando entró en vigor el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
