El PSOE también acepta despenalizar agresiones como la del diputado Rodríguez
En la negociación de la llamada ‘ley mordaza’, el PSOE acepta despenalizar hechos como el que acabó con Rodríguez fuera del Parlamento por agredir a un policía
Alberto Rodríguez. | EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hará el próximo martes balance del cumplimiento de su programa de Gobierno en Moncloa, presumiendo de cumplir el 70% de sus compromisos cuando se ha llegado al 75% del calendario de la legislatura. Sin embargo, lo que no recogen esas cifras es que, pese a haber superado obstáculos como los de la ley trans o la Ley de Bienestar Animal, que enfrentaban duramente a PSOE y Podemos, quedan en la nevera parlamentaria otros importantes proyectos de ley, que se llevan negociando desde finales de la anterior legislatura sin éxito, y que podrían descarrilar también en el presente mandato.
Fuentes parlamentarias inmersas en la negociación explican a THE OBJECTIVE que ven «complicada» la aprobación de dos emblemas del Gobierno de coalición progresista: la Ley de Seguridad Ciudadana o ley mordaza y la Ley de Vivienda. Este pesimismo, todo un baño de realidad, está motivado por el hecho de que los avances conseguidos no son suficientes para desencallar un acuerdo entre los socios de coalición en asuntos fundamentales, y ello impide que ambas iniciativas vean la luz en la fecha tope para sellar un acuerdo, el mes de febrero.
Según explican desde PSOE y Podemos, lo que es complicado en febrero será «imposible en marzo», cuando se despliegue toda la maquinaria para la precampaña electoral para las municipales de mayo, y cuando está prevista inicialmente la crisis de gobierno para dar salida a las dos candidatas que se presentarán como cabeza de cartel por Madrid, Reyes Maroto, y Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Los dos socios de la coalición han intensificado las negociaciones en los últimos meses para acelerar la agenda legislativa, siendo conscientes de que en febrero la legislatura entra en dique seco y las capacidad legislativa quedará reducida a los decretos ley que apruebe el Consejo de Ministros.
Un frenazo legislativo al que precede el acelerador de diciembre y que, pese a las prisas, no ha logrado registrar apenas «algunos avances» en la ley mordaza o un «enquistamiento» de la Ley de Vivienda. En el primero de los casos, la negociación depende de Podemos; y en el segundo, de ERC. Fuentes parlamentarias de las tres formaciones, PSOE, Podemos y ERC, aseguran que ha habido acercamientos en las dos leyes, pero no lo suficiente como para ser optimistas de cara a su aprobación.
Despenalizar las agresiones policiales ‘sin pruebas’
Los mayores avances se han registrado en la ley mordaza, donde quedan «las cosas más complicadas», como lo relativo a las pelotas de goma, los insultos a la autoridad y los desórdenes públicos. Sin embargo, Podemos se apunta un nuevo tanto en relación a un cuestión crucial para ellos: las agresiones policiales en las que no conste material probatorio. Este es un asunto de gran relevancia por tratarse de la causa que motivó la retirada del escaño al diputado canario Alberto Rodríguez, cuya vacante no se ha querido cubrir por parte de Podemos tras la salida forzada de Rodríguez en octubre de 2021, tras un conflicto institucional entre la sala segunda de Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Fuentes parlamentarias aseguran que el PSOE ha cedido a la hora de despenalizar estos hechos para que el testimonio del agente no tenga presunción de veracidad ante el juez y que se deba demostrar documentalmente la agresión. De salir adelante la ley mordaza, los socialistas estarían así beneficiando penalmente a otro de sus socios parlamentarios, después de que esta semana se aprobara la reforma del Código Penal para los delitos de sedición y malversación que beneficiará a sus aliados independentistas de ERC. Sin embargo, pese a esta cesión en la negociación, las fuentes consultadas ven difícil que pueda llegar a termino la reforma legislativa en materia de seguridad por los otros escollos citados en la negociación. No obstante, también atribuyen a Moncloa la voluntad de sacar adelante esta norma, «aunque se ceda en cosas porque no podemos ir a las elecciones municipales otra vez prometiendo derogar la ley mordaza».
Ley de Vivienda «en punto muerto»
La otra batalla política de difícil salida para el Gobierno es la relativa a la Ley de Vivienda, bloqueada por ERC y Bildu, dos formaciones fundamentales en relación a la reforma legislativa, y cuyo principal caballo de batalla es la fijación del tope de los alquileres en las grandes ciudades, denominadas zonas tensionadas. Este es un asunto que genera enormes discrepancias y que bloquean los republicanos porque se cruza una línea roja: «No aceptaremos nada que esté por debajo de la ley catalana». Esta última legislación, en octubre de 2020, dio luz verde a una normativa que permite fijar precios en 60 municipios tensionados de más de 20.000 habitantes. Deben cumplir tres condiciones: precios con subidas superiores a la media de Cataluña, donde hayan subido mas de cinco veces el IPC catalán, y en función del nivel de renta, que los inquilinos no destinen más de un 30% al alquiler de la vivienda.
Desde ERC califican de «totalmente absurdo» asumir nada que esté por debajo de la regulación catalana que utilizan como estándar de referencia para la legislación nacional. No obstante, y pese a que los contactos para desatascar esta ley no han cesado y se reactivaron con la negociación presupuestaria, admiten los republicanos que «es complicado» que la Ley de Vivienda vea la luz y es altamente probable que descarrile las conversaciones y forcejeos parlamentarios del Gobierno de coalición con sus socios.
