Félix Bolaños, «tocado» pero no hundido tras el varapalo del TC al Gobierno
Fuentes del Gobierno hablan de «errores» del ministro de Presidencia, no sólo en el formato tumbado por el Constitucional sino por no rebajar el tono contra los jueces
Félix Bolaños.
Es el gran perjudicado del varapalo judicial del Tribunal Constitucional al Gobierno. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue el artífice del armazón jurídico para la renovación del Tribunal Constitucional y quien eligió introducir los cambios vía enmiendas a la reforma del Código Penal. Un atajo de excesivo riesgo en el marco de una proposición de ley de reforma del Código Penal que ya optaba por el camino más corto posible para su tramitación parlamentaria. Más aún a sabiendas de que la doctrina del Tribunal Constitucional, y los letrados del Congreso, ya alertaban de un «uso fraudulento del Reglamento» por enmendar una ley que nada tenía que ver con el contenido de dichas enmiendas. El hombre propone y Dios dispone. O, dicho de otro modo, Sánchez ordena y Bolaños ejecuta un plan al que se le presupone solvencia jurídica, dada su experiencia como letrado, antaño jefe de división de la asesoría jurídica del Banco de España, y al que hoy varios miembros del Gobierno ven «tocado» pero no hundido.
Sin embargo, el plan jurídico de Bolaños ha hecho aguas para sorpresa de algunos, que no entienden cómo el ministro de Presidencia ha podido obviar las sentencias del Tribunal Constitucional de 2003 y 2011, pese a contar con un ejército de asesores y a la Abogacía del Estado a disposición de La Moncloa. Desde el lunes 19, noche de marras en que se produjo la decisión del TC de admitir el recurso del PP y suspender la tramitación en el Senado, los «errores del ministro» estaban en boca de muchos, que interpretaron su comparecencia ante los medios al filo de la media noche, con rictus serio y denunciando la «gravedad máxima» de la decisión con el que «el TC ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español», como un intento de «respirar por la herida» de la desautorización a la estrategia jurídica elaborada por él mismo.
Cierto es que el Gobierno desliza en privado la acusación de prevaricación de la «mayoría progresista del Constitucional» pero pocos se atreven a verbalizarlo expresamente y es Bolaños quien más lejos ha llegado en su insinuación. En frente hay otros ministerios, como el de Justicia, cuya titular, Pilar Llop, dedicó sus palabras más gruesas sobre el PP, a quien acusa de «secuestrar al CGPJ», pero evitó entrar en el fondo de la cuestión que sí abordan en privado con muchas cautelas: «Los dos magistrados del TC cuyo mandato está caducado deberían de haber sido recusados» en base al artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 154 de la ley Orgánica del Poder Judicial que establece que «no podrán estar presentes en las discusiones y votaciones los que tuvieren interés directo o indirecto en el asunto de que se trate».
El Gobierno renuncia al recurso y corrige el paso
Sin embargo, y pese a que el Gobierno es consciente de que hay materia para que fuera el propio poder ejecutivo el que presentara un recurso ante el tribunal de garantías, el Ejecutivo renuncia a hacerlo y se parapeta en los recursos presentados por las cámaras alta y baja, y el PSOE. Tras el conflicto institucional y la escalada verbal contra el TC que fue duramente respondido por los magistrados conservadores en un comunicado, algunos miembros en el Ejecutivo comenzaron a abogar por la prudencia: «En los asuntos que afectan a la constitucionalidad y a los fundamentos del Estado, hay que dudar». Un llamamiento a la no precipitación, a rebajar las críticas y la beligerancia contra los jueces -otra cosa es contra el PP-, que trufó las intervenciones posteriores de los miembros del Gobierno y el PSOE, desde Felipe Sicilia comparando el golpe de Tejero el 23-F con el de «los jueces togados» del TC hasta el presidente Pedro Sánchez al día siguiente en Bruselas hablando de un «complot de la derecha judicial y política» contra la soberanía.
No pasaron ni 24 horas hasta que La Moncloa dio la orden de bajar el diapasón, de cambiar el mensaje incendiario por la serenidad y la prudencia a la que puso voz el propio presidente Sánchez en una declaración institucional en La Moncloa. Sánchez corregía el tono a Bolaños, quien, a entender de la cúpula del Gobierno, siguió instalado en la beligerancia discursiva demostrando que «está tocado». Y todo en el mismo día en que la Comisión Europea transmitía su apoyo a la decisión del TC porque las reformas judiciales «deben consultarse». Una valoración que negaba el ministro de Presidencia, mientras se daban a conocer las conversaciones entre bambalinas entre los representantes de la Comisión con el Gobierno y el PP simultáneamente, según desveló el comisario de Justicia, Didier Reynders, en la red social Twitter.
Con el rabillo del ojo mirando a Bruselas, el Gobierno iba corrigiendo el paso mientras crecían las voces de ministros y otros cargos del Ejecutivo que consideraban el papel de Bolaños en entredicho. «Si la orden es bajar el tono, ¿por qué sigue en alto contra los jueces?», se preguntaban algunos. Otros relativizaban su papel: «Félix es un buen ministro de presidencia pero su altura política respecto a algunos temas es distinta que otros, no es la ministra de Defensa, Margarita Robles, ni lo que en otro tiempo fueron Borrell y Calvo».
Una «falta de experiencia política» que atribuyen a su reciente trayectoria: el fracaso en la negociación de la reforma laboral, la fallida moción de censura en Murcia, los tres infructuosos proceso de diálogo con el PP para renovar los órganos judiciales… y muñidor del único acuerdo con el PP en cuanto a la renovación de los cuatro puestos del TC que correspondían al Parlamento, entre los cuales se introdujo en noviembre del 2021 al magistrado afín al PP, Enrique Arnaldo, hacedor de la estrategia del TC a favor del recurso del PP y contra el Gobierno.
Según fuentes gubernamentales y socialistas, Bolaños acumula demasiados fracasos pero «el presidente no ha perdido la confianza en él. El problema es que se le dio mucha literatura a Félix, como en su día se hizo con Iván (Redondo) y ahora se está viendo que no era real». Unas costuras al aire que se evidencian en que el ministro de Presidencia «nunca ha tenido estatus de vicepresidente», y las cuatro vicepresidentas gozan de una mayor autoridad en el esquema jerárquico de Moncloa.
